Juicio Perla Negra: Pablo Trillo rebaja el tono y matiza el aviso que dio al presidente de la Junta de Castilla y León

La del actual procurador en las Cortes de Castilla y León y secretario de la Consejería de Economía y vicepresidente de la Agencia de Desarrollo (ADE), en el momento que se desarrolló la trama de Perla Negra, Pablo Trillo, era una de las testificales más esperadas y se ha producido en la segunda sesión del juicio que de desarrolla en la Audiencia Provincial de Valladolid. Trillo, que llegó a estar imputado en la causa, había declarado durante la instrucción que avisó al entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP) de que el precio de alquiler y compra que se había fijado para el edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) era “disparatado”, “excesivo”, y que este le había dicho que se informaría. Pero este martes, en su declaración ante el tribunal que juzga a exaltos cargos de la Consejería y a empresarios con los que supuestamente urdieron la trama, ha rebajado el tono.

“Sí plantee dudas al margen del consejo de Gesturcal -la empresa pública que se encargaba de la compra de suelo industrial y de cuyo consejo formaba parte- más que las dudas era el hecho de que me llegaba información de que el precio de arrendamiento era elevado, y el contrato, tal y como se había celebrado, no estaba bien hecho, no era ventajoso para la Comunidad y se tenía que arreglar de alguna manera a través de la compra. El precio que se nos dijo me pareció elevado”, ha comentado. La fiscal le ha apuntado que durante la instrucción de la causa, cuando declaró como imputado dijo que era “escandaloso” un precio de compra de 72 millones de euros.

Trillo ha añadido que habló del arrendamiento con las personas del Consejo, pero fuera de este, también con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y después con el presidente de la Junta. “El arrendamiento era por un contrato ya hecho y firmado y las condiciones, pues hay que ver las condiciones de mercado que cambiaron sustancialmente y no les parecía excesivo porque venía motivado el exceso porque estaban cogidos por el precio de arrendamiento, pero eso se corrigió y se bajó el precio de compra”, ha explicado. Además, ha precisado que aunque la compra del edificio la presentó la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, una de las principales acusadas, fue una operación autorizada por Villanueva. En este punto la fiscal le ha recordado que en su momento declaró que tenía sospechas sobre quién había convencido al consejero en la controvertida operación. “No lo recuerdo, no puedo recordarlo, él tenía mucho contacto con personas del mundo económico, y no sé quién podría, pero no recuerdo esa expresión”, ha respondido.

“Le conté al presidente que había cierta chanza con el edificio y que no me hacía mucha ilusión estar”

Poco después de abordar como se produjo la operación de compra terrenos para el Polígono de Portillo que dejó a la sociedad al borde de la insolvencia, Trillo, a preguntas de la defensa de Rafael Delgado, ha vuelto a incidir en esa conversación con Juan Vicente Herrera, que también está citado a declarar como testigo.

“De alguna manera, si sirve esto para aclarar, se ha tergiversado un poco lo que se dijo en esa conversación con el presidente de la Junta de Castilla y León. Tengo que aclarar que es una persona que conozco desde la infancia porque los dos coincidimos en el colegio en Burgos, iba a clase con un hermano mío mayor y tengo una relación de confianza estrechísima con él. Yo despachaba asuntos con él y me preguntó que qué tal estaba y tal y en algún momento salió lo que me estaba trasladando alguno de los trabajadores públicos de la Agencia de Desarrollo (ADE) de que le llamaban Perla Negra (al edificio que se estaba construyendo) de que había cierta chanza con el tema y que el precio era elevado y tal y se lo conté. Y además le comenté que a mí no me hacía mucha ilusión el hecho de estar en ese momento. Entonces él me dijo que estudiaría el tema y que le tuviera permanentemente informado. Como vio que estaba un poquito así, disgustado, valga la expresión pues me agradeció el hecho de que se lo hubiera contado”, ha relatado.

El consejo de Gesturcal no sabía nada de los terrenos que se compraron para un polígono hasta que se presentaron las cuentas del año

Pablo Trillo también ha aclarado durante su testifical que si bien la Consejería de Hacienda estaba al tanto de la operación de alquiler con derecho a compra del edificio Perla Negra puesto que dos de sus cargos formaban parte del consejo de administración de la empresa pública que capitaneaba la operación, no era así con la compra de terrenos para un futuro polígono en Portillo.  El asunto se conoció en el Consejo de Gesturcal el 31 de marzo de 2011, cuando se presentaban las cuentas de 2010 de la sociedad. Ese era el único momento, el de la presentación de cuentas, en el que los vocales del consejo tenían documentación sobre el tema a tratar. Y fue uno de los vocales de la Consejería de Hacienda, Armando Baeta el que se dio cuenta de que las cuentas estaban en una situación complicada. Según Trillo, la sociedad quedó en una situación “delicada” y la operación de compra de terrenos -empresarios relacionados con el Perla Negra compraron los solares y los revendió a la Junta por un precio nueve veces superior- “era inoportuna porque el precio era alto”. Sin embargo se le dio una explicación política: la Junta había construido la autovía Segovia-Valladolid, había hecho un desembolso importante y tenía que tener “algo alrededor”, que debía “obtener beneficio”. “Si eso me pareció razonable o no, pues, hay mucho suelo industrial en Castilla y León que no se está utilizando”, ha argumentado. “Se defendió la operación en término de oportunidad”, ha añadido.

El resto de testigos que ha desfilado esta mañana ante el tribunal han declarado en términos similares a Trillo: los que formaban parte del Consejo de Gesturcal supieron de la compra de terrenos en Portillo cuando ya se había hecho.

La sesión arrancó con el que fue director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico, Benedicto González, que a su llegada al puesto se encontró con el procedimiento para alquilar el edificio Perla Negra. “Estaba en marcha y lo gerencié”, ha dicho. A pesar de las dificultades para acreditar el precio, se apostó por adjudicarlo con una condición suspensiva. Su paso por la ADE apenas fue de un año, pero ha asegurado que nunca recibió presiones y que nunca hubiese permitido que nadie le diese instrucciones ya que es funcionario desde hace 35 años.

“A Esgueva lo tenía visto porque iba a visitar con frecuencia a Delgado”

También ha declarado el que era coordinador de Servicios en la Consejería de Economía, Tomás Machota, que elaboró un informe de necesidad sobre el alquiler y la división interna del Perla Negra -que se dio a dedo a Unifica por 4,4 millones de euros- por orden de uno de los principales acusados, el exviceconsejero Rafael Delgado. En el informe de alquiler con opción a compra recomendó la compra, ya que el edificio costaba 52 millones y el alquiler 100. Respecto a la división interna que se dio al estudio de arquitectos que reformó en negro la sede del PP en Génova 13, visitó varias veces Madrid con otras dos personas para ver las mamparas y la señalética que se iban a usar.

Machota ha explicado que se alquiló la mitad del edificio pero que después el consejero de Economía decidió que se alquilasen las dos torres que conformaban la edificación, por lo que se tuvo que construir una pasarela para unirlas. Quien aprobó la modificación fue Rafael Delgado a quien según Machota, visitaba con frecuencia otro de los acusados, el empresario Alberto Esgueva. “A Esgueva lo tenia visto porque iba a visitar con frecuencia a Delgado”, ha dicho. A pesar de esta información que ha dado de pasada, ni Fiscalía ni el resto de acusaciones han ahondado en ello.

El exdirector de proyectos de Gesturcal, Ándrés Álvarez ha contado que acudió a un Consejo de Administración de Gesturcal el 7 de julio de 2006, a petición del consejero delegado y también acusado, Juan Carlos Sacristán, para que informara desde el punto de vista técnico sobre el proyecto del edificio de 'La Perla Negra'. Ninguno de los asistentes hizo una sola pregunta. Ha remarcado que la del Perla Negra fue una operación “única” para Gesturcal.

El exsecretario del Consejo de Administración de Gesturcal, José Rodríguez Sanz, ha explicado que el contrato de alquiler del Perla Negra se trató por primera vez en el consejo del 7 de julio de 2006 y que el entonces director de Presupuestos, Armando Baeta, “salvó su voto”, es decir que se opuso, porque dudaba que esa operación estuviese encuadrada en el objeto social de Gesturcal. En cualquier caso, el asunto habría salido adelante porque en esa reunión sólo había tres personas y el presidente del consejo, Rafael Delgado tenía delegados otros tres votos y además el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, acusado en el juicio, también votó a favor.

Una deuda de 360 millones por los terrenos de Portillo

En su testifical, Armando Baeta ha confirmado ese voto en contra y ha dado más explicaciones. No le convencía el precio, 25 euros por metro cuadrado de oficina. “Recuerdo que en mitad de la reunión Delgado me aportó una valoración de Sivasa, que decía que el precio adecuado era de 25 euros, pero es que ese informe tiene como precios de referencia oficinas en Valladolid capital y el más caro era 16 metros metro cuadrado en la calle Cánovas del Castillo (en pleno centro de la ciudad). El testigo eran oficinas de Valladolid capital y yo no sé si ese precio que nos daban era caro o barato, pero necesito saber cómo se fundamenta y en el testigo que se nos aporta el máximo era de 16 euros. No lo veía fundamentado, no se conocían las calidades, el edificio se estaba construyendo y no podía considerar el precio adecuado”, ha argumentado.

De la compra de terrenos en Portillo tuvo conocimiento cuando se presentaron las cuentas de 2010 y se detectó un incremento de terrenos porque el que varios consejeros empezaron a preguntar. “En 2010 ya había problemas de liquidez y hay que hacer dos ampliaciones de capital, era una contradicción que se hubiera metido a comprar terreno que no podía desarrollarse porque el dinero era para otros terrenos que ya se tenían”. La deuda, ha dicho, alcanzaba los 360 millones de euros.

Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.