La Junta de Castilla y León llama “frentista” al Gobierno por llevar la Ley de Concordia ante la ONU y Europa

La Junta de Castilla y León ha respondido al anuncio del Gobierno de llevar las iniciativas autonómicas sobre Memoria Democrática ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, además de ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha asegurado que no van a aceptar ejemplo o crítica alguna de quienes han hecho “una ley de memoria democrática inspirada por Bildu” y ha acusado al Gobierno de “frentista” .

Fernández Carriedo ha defendido que la Ley de Concordia que salga de las Cortes de Castilla y León “será plenamente respetuosa las leyes nacionales que son objeto de referencia” y con la Constitución. El también consejero de Economía y Hacienda ha cargado contra la Ley de Memoria Democrática asegurando que se haya incluido “un amplio periodo de la democracia española como consecuencia y como petición de Bildu”, cuyos “principios y valores” se encuentran reflejados en la normativa.

El portavoz ha indicado, como ya hiciera la semana pasada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes “se centra en las víctimas, en ampliar su número y en llegar con más apoyos y ayudas”.

La normativa de Castilla y León aspira a incluir el ámbito de actuación desde la Segunda República además de suprimir la palabra 'dictadura' para hablar del franquismo, entre otras cuestiones, para dar un “ensalce” a los apoyos que perciben, “bien sean de violencia ideológica, religiosa o social”. Con esta ley se pondría fin al actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP) con el consenso de todas las Cortes.

Carriedo evita acusar al Gobierno de “inicio de dictadura” como García-Gallardo pero culpa al PSOE de “ocupar instituciones”

Este martes, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), evitaba decir que el franquismo es una dictadura. El socio de gobierno del PP prefería condenar “todas las dictaduras, empezando por la que estamos empezando a vivir en España”. Preguntado por tal afirmación, Carriedo ha esquivado hablar en los mismos términos para asegurar que “se podría hacer más por mejorar la democracia”.

Para Carriedo “cada persona y partido político tiene sus opiniones” a pesar de que García-Gallardo pronunciase esas palabras en un acto de la Junta. El consejero de Economía y Hacienda, lejos de desmentir al vicepresidente, ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico se condenan “todas las dictaduras, la franquista, el terrorismo de ETA y la de aquellos que la protegen o defienden”.

Carriedo ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a quien ha acusado de hacer que se pierdan “algunas libertades” y “ocupar las instituciones por parte de un partido como nunca antes en la historia”. El portavoz ha afirmado que “el Gobierno actúa en sentido contrario porque disminuye la calidad de algunos trámites participativos que reducen la democracia y ocupan las instituciones”, como el CIS.

El consejero portavoz ha indicado que en España todavía “hay mucho que hacer por preservar la separación de poderes y la independencia de instituciones” y ha llamado al Gobierno a abandonar “el frentismo” y “levantar muros entre españoles en vez de fomentar y tender puentes que comuniquen a los españoles”.