PP y Vox acuerdan una nueva subvención de más de 20 millones de euros a Televisión Castilla y León
La oposición carga contra la Junta de Castilla y León por la gestión de la televisión privada (propiedad del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo y de la familia de José Luis Ulibarri, que fue condenado en Gürtel) TVCyL, que año tras año recibe subvenciones millonarias de dinero público y que en los últimos meses ha despedido a varios trabajadores de los servicios informativos y de otra programación.
La reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, que sirve para fijar la subvención anual para Televisión Castilla y León, se ha saldado sin consenso. PP y Vox han decidido financiar la televisión privada con una nueva subvención de 20,23 millones de euros —la cantidad del año pasado más el IPC—.
La Audiencia Nacional calificó este tipo de subvenciones en 2018 (en sentencia firme) como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.
El PSOE se abstiene ante la propuesta de incrementar la subvención “en un contexto de crisis social y económica muy difícil para la gente”, según ha informado a través de una nota de prensa. Los socialistas justifican su abstención por “garantizar el sueldo a los trabajadores”.
También se han abstenido el Grupo Mixto, y el grupo UPL-Sora ¡YA!. Ciudadanos ha justificado su voto para “desenquistar el problema de los trabajadores que desde hace meses ven peligrar su sueldo”.
El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes, Ángel Hernández, ha acusado a Mañueco de romper “el acuerdo de Comunidad” sobre Televisión Castilla y León. “Ha sido Mañueco quien ha roto, también aquí, el acuerdo de Comunidad sobre RTVCYL”, ha aseverado el representante socialista. Hernández ha recordado que había un compromiso “por consenso” para dedicar dinero extra a mejorar las condiciones laborales. “No solo no se ha cumplido, sino que además se ha despedido a trabajadores”, ha reprochado Hernández.
El PSOE ha solicitado datos de las condiciones laborales de los trabajadores, los salarios y contratos de los directivos; mientras que Ciudadanos ha reclamado criterios independientes para la elección del director del medio de comunicación y el jefe de informativos. Los representantes de ambas formaciones han solicitado explicaciones sobre el cese del anterior jefe de informativos de la cadena, Raúl Briongos, que se ha justificado como una decisión personal.
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha propuesto modificar el sistema de financiación. “Su renovación cada 6 meses se ha revelado como una eficaz fuente de presión para la dirección y los profesionales”, ha manifestado. Por ello, ha planteado que la financiación se desligue del ciclo electoral y se establezcan criterios objetivos y plazos largos “para evitar presiones”. “Solo votaremos a favor en próximas reuniones si se asegura el inicio de un camino hacia la conversión de este modelo”, ha defendido.
“El deterioro del modelo y la ruptura de los consensos desde la llegada de Mañueco hace inviable el proyecto cuyo contrato está a punto de expirar,” ha advertido el socialista.
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