Tudanca defiende a empleados públicos y culpa a la Junta de “boicotearlos” para aumentar la “administración paralela”

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca ha defendido y respaldado las demandas de los empleados públicos y ha respaldado a la Junta de “boicotearlos” para aumentar la “administración paralela” con el objetivo de “deteriorar los servicios públicos” para facilitar “el negocio privado”.

Así se ha manifestado Tudanca tras mantener un encuentro con los representantes de Función Pública de los sindicatos UGT, CC.OO y Csif, Tomás Pérez, Jesús García Fernández e Isabel Madruga, una reunión tras la que el líder socialista ha garantizado que llevará al Debate del Estado de la Comunidad que se celebrará la próxima semana las reivindicaciones de los empleados públicos a través de una propuesta de resolución.

En concreto, Tudanca ha insistido en que sin servicios públicos de calidad no se podrá luchar contra la principal “lacra” de la Comunidad, la despoblación y ha insistido en su “compromiso” con los empleados públicos. “El PSOE cree en la función pública y en los empleados públicos porque sin ellos es imposible defender unos servicios públicos de calidad, en todo el territorio y accesibles para toda la ciudadanía”, ha relatado.

A juicio de Tudanca la Junta debe cambiar “las formas” y apostar por el diálogo y el acuerdo con los representantes de los empleados públicos y también el fondo, atendiendo a sus reivindicaciones.

En todo caso, el líder del PSOE se ha comprometido a trasladar, en las propuestas de resolución en el Debate, la necesidad de que se aplique correctamente el compromiso de la recuperación de las 35 horas con los medios personales suficientes que, ha calculado, se cifrarían entre 4.000 y 5.000 profesionales para que esta reducción de jornada no provoque una reducción de la calidad de los servicios públicos.

También, ha incidido en la necesidad de impulsar la Ley de Función Pública, que se encuentra “paralizada sin razón, ni motivo” y que se tiene que hacer de forma negociada para mejorar las condiciones y las retribuciones de los empleados públicos que, en algunos sectores, se encuentran entre los peor pagados del país, como es el caso de docentes o enfermeras.