El PP de Salamanca subraya que la imputación del partido y la citación como investigados de su presidente, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez González, en el presunto caso de financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco “no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”. Así lo ha resuelto el Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca, una decisión adelantada por elDiario.es Castilla y León.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Partido Popular de Salamanca ha tenido conocimiento quiere manifestar “su disposición total y absoluta” a colaborar con la justicia “para facilitar su labor”.
El Partido Popular también ha recordado que el origen de este procedimiento es una denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular. “Por lo tanto, el carácter de este proceso tiene un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas”, ha defendido el Partido Popular.
El PP también subraya que el juez está investigando “cuestiones internas de un partido político” que nada “tienen que ver” con la administración pública, sino que se refiere a un “proceso de participación interno de un partido”. Lo que está investigando el juez son las decenas de ingresos de cuotas atrasadas de afiliados dos días antes de las primarias en las que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, resultó vencedor. Durante la instrucción, algunos altos cargos del PP declararon que pagaron cuotas de otros afiliados para hacer ganar a Mañueco. La deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.
El Partido Popular de Salamanca sostiene que la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente y muestra “plena confianza” en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, el caso sea “archivado”. El PP insiste que los miembros del Partido Popular de Salamanca llevaron a cabo “un proceso totalmente legal”, que consistió en “pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago” y que así pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. “El pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”, sostienen. El caso se tuvo que reabrir por considerar la Audiencia Provincial que en los pagos había opacidad.
“Exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros”, sostiene el PP. Se pretendía hacer “más democrático y abierto” el proceso de primarias “y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre”. “El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin”, apuntan.
“Nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado”, concluye el comunicado.