La Justicia anula la licencia de obra que permitió una macrogranja de pollos en San Miguel del Arroyo (Valladolid). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid ha estimado parcialmente la petición de la asociación San Miguel en Vivo de anular la licencia urbanística del Ayuntamiento que permitía construir la macrogranja de 51.779 pollos.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el juez anula el decreto 15/2020 -que concedía la licencia urbanística- “por no ser ajustado a derecho” porque el proyecto superaba la edificabilidad máxima prevista en las normativa municipal. La licencia se otorgó antes de que el órgano competente del consistorio decidiera la autorización de la explotación ganadera, que tenía una extensión de 2.913 metros cuadrados. El máximo permitido era de 2.000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento debe establecer en base al informe del arquitecto, si el proyecto “justifica la necesidad” de una ocupación mayor de 2.000 metros cuadrados antes de conceder la licencia urbanística de obras. El juez reconoce que se ha emitido un informe favorable del arquitecto asesor municipal, aunque no existe una autorización firmada “por el organismo competente”, que es lo que exigen las Normas Urbanísticas Municipales (NUM).
Este “órgano competente” no es la Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, “no solo porque no se menciona expresamente, sino también porque la competencia de ese órgano se proyecta sobre en los municipios sin Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”. No es el caso de San Miguel del Arroyo.
La asociación San Miguel en Vivo convocará una concentración de vecinos frente a la macrogranja para exigir su cierre “inmediato” y el desmantelamiento de las instalaciones. Además, ha empezado a estudiar las actuaciones para conseguirlo.
Desde la asociación destacan que no sirve el acto de comunicación ambiental y no tiene ya “ninguna autorización para seguir contaminando”, por lo que debe cerrarse cautelarmente “de forma automática” para seguir evitando la contaminación.
La asociación también pide al alcalde y a los concejales que le apoyaron que “den la cara” y convoquen al pueblo a otra mesa redonda, “pero de las de verdad , no manipulada, imparcial, con igualdad de oportunidades” y les expliquen las ilegalidades que han cometido en la concesión de la licencia y su interés en que la nave se construyera rápidamente perjudicando al pueblo y sin contestar a los vecinos.