La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario de la construcción por contratar y explotar a siete personas extranjeras en situación irregular como mano de obra, que trabajan en condiciones que rozaban la semiesclavitud, han informado este martes fuentes policiales.
Los agentes iniciaron una investigación denominada “Operación Odin”, al detectar y localizar a una cuadrilla de trabajadores de la construcción que resultaron ser víctimas de explotación laboral.
El pasado mayo los policías tuvieron conocimiento de la existencia de un hombre que era titular de una Sociedad Limitada dedicada a la actividad de construcción y reformas, que tenía en plantilla a tan solo cuatro trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, aunque para poder realizar todas las obras que contrataba se nutría de ciudadanos extranjeros.
A raíz de la colaboración entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, se realizaron inspecciones conjuntas y simultáneas en las obras contratadas por el empresario, donde corroboraron las versiones vertidas por las víctimas.
En una de las inspecciones resultó identificado el propio empresario junto a dos trabajadores sin autorización para trabajar en España, mientras que en la otra inspección se localizó e identificó a otro trabajador en situación irregular.
Tras las gestiones de investigación, los agentes constataron que el hombre había contratado, al menos, a siete personas extranjeras en situación administrativa irregular como mano de obra, que se encontraban en situación de vulnerabilidad con cargas familiares y que, movidos por la necesidad de subsistir, se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario.
Estas condiciones laborales “abusivas y desproporcionadas que rozaban la semiesclavitud” consistían en trabajar a destajo hasta doce horas diarias de lunes a viernes e incluso los fines de semana que el empresario consideraba necesario, sin derecho a vacaciones ni descansos o días libres.
Carecían de contrato laboral y alta en Seguridad Social.
El salario medio prometido era de unos cincuenta euros diarios, sin embargo ninguno de ellos llegó a percibir las cantidades pactadas, recibiendo únicamente pequeñas cuantías económicas para subsistir, acumulando el empresario una deuda con los siete trabajadores objeto de explotación laboral de más de 16.000 euros.
Esta “contratación” de trabajadores irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidos resultaba muy rentable para el empresario, ya que el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente.
La operación policial culminó con el arresto del investigado como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.