Cargos del PP dicen al juez que investiga la presunta financiación ilegal en Salamanca que el partido no tuvo nada que ver: “Fue algo altruista, entre amigos”

No saben ni quién propuso aportar dinero para pagar cuotas de afiliados morosos, ni a cuánto ascendía la deuda, ni cuánto se recaudó en mano, en sobres y sin recibos de por medio. Sólo saben lo que ellos hicieron, pagar a escote, una decisión “entre amigos”. El juez que instruye el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca ha tomado nuevas declaraciones este martes a cargos públicos y de confianza del partido como el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro y el senador Gonzalo Robles, para que diesen explicaciones sobre el proceso de recaudación de dinero en marzo de 2017, unos 60.000 euros, con los que se pagaron deudas de militantes para que pudiesen votar en las primarias a favor del actual presidente autonómico y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de partidos políticos, ha querido desvincular al Partido Popular de la decisión de reunir el dinero con esas supuestas donaciones de cargos públicos y ha asegurado, en contra de lo declarado por el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, que aunque hubo una reunión de la ejecutiva cuando se conoció que se llevarían a cabo las primeras primarias para la presidencia autonómica del partido, no fue allí donde se decidió recaudar dinero. “Esto fue una cosa al margen del partido, fue una cosa entre amigos que se decidió en una conversación de pasillo, algo altruista”, ha subrayado. Así, ha confirmado que tal y como señala en la declaración jurada que se aportó al juzgado en su día, donó 1.000 euros. El dinero, ha dicho, no lo sacó expresamente del banco sino que era una cantidad que tenía “en casa” y que entregó directamente a “una persona del grupo de Diputación”, institución que preside Iglesias, “directamente, sin meterla en un sobre” y sin que se le entregase un recibo que dejase constancia de esa donación.

Además ha dejado claro que el dinero “no era para el partido” y por eso no se ingresó en la cuenta de donaciones. “Se puso en metálico porque no era para el partido, era para los afiliados, para pagar sus cuotas”, ha dicho. Sí que ha precisado que se tomaba nota de esas cantidades.

Pero ese empeño de Bermúdez de Castro de dejar al PP al margen de esas recaudaciones no cuadra con la forma en la que se procedió. Tal y como ha relatado otra testigo, la exalcaldesa de Cantalapiedra, Juana González Mulas, el grupo de la Diputación Provincial se encargó de hacer llamadas a los afiliados para conocer si estaban dispuestos a pagar las cuotas atrasadas o no, una información que se iba apuntando, al igual que las entregas de dinero y que actualmente no existe porque esas notas se destruyeron, “como se hace siempre con las notas tras las campañas electorales”. El listado de afiliados sobre el que se trabajó lo facilitó la propia dirección provincial del partido, según González Mulas. Respecto al dinero que se les donaba, se hacía llegar a su vez a una administrativa, también del partido, Emma Figueiredo, hoy cargo de confianza de la institución provincial, que lo ingresaba en el banco.

El senador Gonzalo Robles, que también ha declarado este martes, ha justificado que lo hizo “por los afiliados” por “la gente que había trabajado mucho sin cobrar nada, como los apoderados en los procesos electorales” y que había que pagar sus cuotas para garantizar su participación en el proceso de primarias. Ni Bermúdez de Castro ni Robles han podido precisar a cuánto ascendía la deuda de los morosos.

El secretario del partido aportó 500 euros y pidió que se pagase la cuota de una afiliada en concreto: su mujer

Otro de los que ha declarado este martes es el exsecretario del PP de Salamanca y actual procurador en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, que ha explicado que en ese momento, su puesto de secretario le convertía en el “número dos” del PP de Salamanca y que su función consistía en “estar en contacto con los afiliados”. A pesar de esa situación de responsabilidad orgánica, Cruz tampoco sabía cómo de grande era el agujero de afiliados morosos. Es más, ha afirmado que no tuvo nada que ver en todo el proceso de recaudación, y lo ha justificado en una salida de la secretaría que veía próxima. “Yo era secretario de derecho, pero de hecho no, porque no hacia nada en esos momentos, porque como iba a haber congreso y yo iba a cesar, no hacía nada”, ha relatado.

Cruz, que aportó 500 euros, sólo hizo una indicación cuando entregó el dinero: que parte del mismo fuese destinado a pagar la deuda de una afiliada concreta, su mujer. El procurador no ha explicado por qué no optó por el camino más simple, dar el dinero a su esposa para que ella misma se pusiese al corriente del pago.

También ha pasado por el juzgado el que en ese momento era el jefe de gabinete de Fernández Mañueco, hoy presidente de la Junta y entonces alcalde de Salamanca. Xavier Domínguez, que ahora es director general de Análisis y Planificación del Gobierno autonómico, entregó 500 euros al que en ese momento era teniente alcalde, Fernando Rodríguez.