El empresario José Luis Ulibarri ratificará la autoría de cinco delitos durante el juicio Gürtel Boadilla

La primera jornada del juicio de la pieza Gürtel Boadilla ha deparado pocas sorpresas: 17 de los 24 acusados que reconocen los hechos que les imputa la Fiscalía se ratificarán en la confesión cuando llegue el momento de declarar, tal y como han adelantado sus letrados en la fase de cuestiones previas. Todos ellos renuncian además a la práctica de prueba y piden que su asistencia al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional se limite al momento de su declaración y al último día, cuando podrán ejercer su derecho a decir la última palabra. Entre ellos está el magnate de medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, que ha ocupado la tercera fila del banquillo de los acusados.

Ulibarri forma parte del grupo de empresarios que, según la Fiscalía, colaboró con la trama de adjudicaciones amañadas del Ayuntamiento y de la que se considera cabecillas a Francisco Correa, al ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y al el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como “el albondiguilla”. En la causa figura el PP como partícipe a título lucrativo.

La pieza ahonda en la actividad desarrollada por el grupo de Francisco Correa en la localidad madrileña entre 2001 y febrero de 2009 “de forma ininterrumpida”, según el auto de apertura de juicio oral. En esos años, las personas y sociedades que formaban el grupo delictivo se enriquecieron “de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad”.

En el caso de José Luis Ulibarri, la Fiscalía pide para él 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron. Sin embargo, el pasado mes de julio, Ulibarri reconoció los cinco delitos que le imputa el Ministerio Público y propuso una sentencia de conformidad que reduciría su pena de cárcel a 19 meses. Además, ha hecho efectiva la consignación en el juzgado de medio millón de euros para el Ayuntamiento de Boadilla en concepto de responsabilidad civil

Ulibarri llegó a mostrar su preocupación por este juicio durante la investigación de otra presunta trama corrupta, el caso Enredadera. En las escuchas autorizadas por el juez instructor el empresario pedía a su letrado, que entonces era el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien “de arriba” para que las fiscales de la pieza de Boadilla recibiesen “directrices”. De lo contrario, afirmaba el constructor, estarían “perdidos”.

Ulibarri, propietario de varios medios de comunicación en Castilla y León ahora en manos de sus hijos, entre otros el 50% de Televisión Castilla y León, aparece también como investigado en Púnica y en otra pieza de Gürtel, la referente a Francisco Correa. Además ha estado imputado en varias piezas de Enredadera.

La vista se reanudará mañana con la resolución de las cuestiones previas que han planteado tanto abogados de la defensa, como de las acusaciones y la Fiscalía.