El fiscal solicita hasta 54 años de cárcel para quien fuera entrenador de fútbol base de Ávila, M.A.S.P.E., como supuesto autor de varios delitos continuados de abuso y agresión sexual, junto a otros de exhibicionismo y provocación sexual, contra dos menores de edad.
Los delitos, que serán juzgados durante este miércoles y jueves en la Audiencia de Ávila, fueron presuntamente cometidos entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, momento desde el que su supuesto autor se encuentra en prisión provisional tras ser detenido a raíz de la denuncia presentada por uno de los padres de los menores.
Ante los hechos juzgados, la acusación particular solicita 90 años y seis meses de prisión para M.A.S.P.E., que contactó con sus víctimas, que en aquel momento tenían 14 años, a través de perfiles en la red social Instagram.
Según la acusación particular, estos hechos han causado un “grave daño para la formación, salud y estado psicológico y emocional de los menores”, tal y como figura en los correspondientes informes psicológicos penales realizados. Igualmente, hace referencia al “evidente daño moral para ellos —los jóvenes— y sus familias”, lo que ha derivado en que las víctimas hayan tenido “problemas personales, familiares, de salud, psicológicos y académicos, derivados de estos hechos”.
Por ello, el fiscal solicita un total de 54 años de cárcel para el acusado por dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años —pena de 15 años cada uno—; a otros dos delitos continuados de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años —8 y 8—; a dos delitos continuados de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años —3 y 3—; y a dos delitos de exhibicionismo y provocación sexual —1 año en cada caso—.
Asimismo, el ministerio público pide que, en concepto de responsabilidad civil, M.A.S.P.E. indemnice con 50.000 euros a cada una de las víctimas, es decir, un total de 100.000 euros.
Por su parte, la acusación particular solicita para el presunto agresor sexual 90 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos, así como 70.000 euros para cada víctima en concepto de responsabilidad civil —140.000 euros—.