Vox exige al PP cuota de afines en los Consejos Sociales de las universidades públicas de Castilla y León

Los Consejos Sociales de las universidades públicas de Castilla y León llevan más de dos años sin renovarse, excediendo el tiempo preceptivo fijado en la Ley de Universidades autonómica para la duración de su mandato. La justificación enarbolada por el anterior Gobierno de PP y Ciudadanos fue la pandemia y sus efectos en el sistema educativo superior pero ahora la renovación se encuentra con otro obstáculo adicional, la petición de Vox de una ‘cuota’ representativa en los mismos.

Estos Consejos Sociales están fijados en la Ley de Universidades de Castilla y León, y sus competencias son importantes. Tienen la competencia para aprobar, o denegar, los presupuestos, cuentas y liquidaciones de universidades y fundaciones vinculadas; la creación, modificación y supresión de centros y enseñanzas así como las normas sobre el progreso de curso y permanencia de los estudiantes, los convenios y acuerdos suscritos por cada universidad y las relaciones con el entorno social, económico y político, entre otras.

Cada uno de ellos está formados por 30 personas, entre las que se incluyen los rectores y gerentes de cada universidad y representantes de los estamentos universitarios. Una docena de miembros son nombrados entre los sindicatos y la patronal, seis cada uno, tres designados por las Cortes de Castilla y León, dos por la Consejería de Economía a través de sus entes y otros seis son “miembros de reconocido prestigio del mundo de la cultura a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura”. El nombre del presidente es un nombramiento directo del Consejo de Gobierno autonómico. Actualmente la consejería de Educación está en manos del PP, con Rocío Lucas al frente, y la de Cultura en manos de Vox, con el controvertido Gonzalo Santonja como consejero. Y Vox, según fuentes populares, ha exigido su ‘cuota’ entre los miembros para estos órganos de las universidades de León, Salamanca, Valladolid y Burgos, incluyendo un presidente de uno de los cuatro consejos sociales.

El PP ha tanteado a Vox para que acepte que los presidentes sean nombrados por Educación, a cambio de que en los vocales Vox tenga una capacidad de propuesta relevante, pero de momento, señalan fuentes populares, los de García-Gallardo se resisten a no decidir el nombre de ningún presidente de Consejo Social, ya que la formación de Santiago Abascal ha entendido que su presencia en la Junta de Castilla y León supone que hay que estar presentes en puestos como son las presidencias de los Consejos Sociales. Entre los nombramientos desde Educación figuran nombres de todo tipo, incluso alguno político como el caso del histórico socialista Juan José Laborda en la Universidad de Burgos o la exdiputada de Ciudadanos Soraya Mayo en la de Valladolid. Desde la consejería de Educación que dirige Rocío Lucas no se ha respondido en el momento de la publicación a una petición de respuesta de plazos y la 'cuota' Vox solicitada por este periódico.

En la actualidad los cuatro presidentes de los consejos sociales son Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en la Universidad de Salamanca; el presidente de los empresarios de León en la universidad del mismo nombre, Javier Cepedano; en la Universidad de Valladolid el cargo lo ejerce el periodista y ejecutivo de Vocento, Óscar Campillo; y en Burgos tiene las funciones Luis Abril, histórico exdirectivo de Telefónica y Banesto. Fuentes universitarias consultadas señalan que en todos los casos las universidades estarían conformes con la renovación de los actuales nombres, que pueden realizarse por mandatos sucesivos de 4 años de forma indefinida.

Desde las universidades se reconoce que la falta de renovación de los Consejos Sociales ha generado problemas a la hora de llevar a cabo sus funciones y que se ha trasladado en numerosas ocasiones a la consejería de Educación su necesidad de renovación, toda vez que el plazo legal está ampliamente superado. En alguna universidad detallan casos como miembros que llevan años sin aparecer por las reuniones presenciales o virtuales a personas que han cambiado de organización que las designó, además de otras que por diversas circunstancias han dejado de aparecer por las reuniones.

Ante la situación de arrastre de los Consejos Sociales la Universidad de Burgos solicitó un informa al Consejo Consultivo de Castilla y León pidiendo que analizara la situación y cómo puede afectar a la aprobación de las competencias de los Consejos Sociales. Según ha podido conocer elDiario.es la respuesta del órgano ha sido poco definitoria solicitando más información para poder expresar si esta falta de renovación afecta a la legitimidad de las decisiones del órgano. El PSOE ya reclamó en una carta en su momento a la consejería pidiendo que el asunto se solucionara aunque los meses han pasado y la situación sigue sin resolverse.

La reforma universitaria que se tramita en las Cortes Generales contempla un cambio en la composición de los Consejos Sociales, de manera que si se mantiene la redacción actual todos sus miembros pasen a ser elegidos por los parlamentos autonómicos que correspondan.