Barcelona convoca una cumbre para recabar apoyos con el objetivo de precintar el CIE
El Ayuntamiento de Barcelona necesita mover ficha en su pugna con Interior para cerrar el CIE de la Zona Franca. Después de que la Policía Nacional haya impedido por dos veces esta semana que los técnicos del consistorio pudieran entrar al centro de internamiento para supervisar su actividad, el Ayuntamiento ha decidido convocar una cumbre con Generalitat, partidos políticos y entidades sociales para sumar fuerzas con el objetivo último de precintar el centro.
El consistorio quiere demostrar de este modo que la voluntad de cierre del CIE es compartida por amplias capas de la sociedad catalana, y esquivar así un enfrentamiento en solitario con el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz, de quien depende su gestión. Hace justamente un año el Parlament de Catalunya instó al Estado a clausurar el centro de internamiento de extranjeros barcelonés, y la Generalitat ya declaró este martes estar a favor de las decisiones tomadas por Colau.
A la cumbre, que se celebrará este lunes a las 10 h en el Ayuntamiento, acudirán el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; los grupos municipales barceloneses que ya suscribieron la declaración consistorial contra el CIE -todos excepto PP y C's-, y entidades como SOS Racismo o Migrastudium. Por parte del consistorio estarán la alcaldesa Ada Colau y el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens.
Del cierre a la reapertura
Todo empezó el pasado 6 de julio, cuando el Ayuntamiento anunció el cierre del CIE alegando que no contaba con una licencia adecuada para el internamiento de personas. Por entonces el centro llevaba ocho meses clausurado por reformas.
Interior, sin embargo, recurrió la decisión, y horas después volvió a abrirlo. Desde entonces, el Ayuntamiento ha tratado de averiguar si hay de nuevo internos viviendo en el centro, pero la Policía Nacional ha impedido el acceso a los técnicos municipales. La presencia de extranjeros internos en el centro sería motivo suficiente para precintarlo, afirman fuentes municipales.
Este es, de hecho, el próximo paso que contemplan desde el Ayuntamiento. No solo por la falta de licencia, sino porque consideran que el CIE es un espacio en el que se han vulnerado durante años los derechos humanos. El gesto del Ayuntamiento de Barcelona ha animado a su vez a los colectivos que se oponen a los CIE que hay en otras ciudades de España. Las entidades se han dirigido sobre todo a los consistorios de Valencia y Madrid, dos de las llamadas 'ciudades del cambio', para que sigan la senda de Barcelona.
