Marcharse de la ciudad o pagar el doble cada mes: las facturas de la subida del alquiler en Barcelona

Vivir de alquiler en Barcelona es cada vez más sobrevivir. En tres años, los precios han aumentado un 27%, con algunos zonas de barrios como Poblenou, l'Eixample o les Corts escalando por encima de los 1.000 euros al mes de media. Esto ha provocado que los inquilinos aguarden la finalización de sus contratos con auténtico temor. En algunos casos, les plantean subidas que no pueden asumir, y cada vez se dan más casos de compras de bloques enteros con el objetivo de vaciarlos de sus inquilinos para revalorizarlos.

La burbuja inmobiliaria ha atravesado de esta forma la vida de muchos barceloneses en los últimos años. Los hay que se han resignado a abandonar la ciudad, otros han accedido a pagar hasta el doble para quedarse en su casa. Los hay también que han optado por plantar batalla ante las inmobiliarias para negociar subidas racionales, e incluso algunos, todavía pocos, lo han conseguido. En una área metropolitana en la que el 43% de los hogares dedica más de un 40% de sus ingresos al alquiler, los vecinos piden que la Administración frene la escalada de precios.

Este ha sido el clamor con el que cientos de personas han salido a la calle este sábado, convocadas por múltiples entidades sociales como la PAH, el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, la federación de asociaciones de vecinos FAVB, la Oficina de Vivienda Popular de Gracia o el Sindicato de Barrio del Poble-sec. Una manifestación contra la subida de los alquileres ha recorrido el Passeig de Gracia para reivindicar que “Barcelona no está en venta”. Los manifestantes han pedido derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar contratos de alquiler estables, que no se permitan los desahucios sin alternativas y que se expropien los pisos de bancos que estén vacíos.

Nati se marcha a 50 kilómetros de su hijo

Hasta ahora no había vivido Nati en otro barrio que no fuera su Poblenou, donde nació ella y enterraron a sus padres. Pero a sus 54 años, ha tenido que mudarse a El Vendrell, a 50 kilómetros de Barcelona. “Es lo peor por lo que he pasado en mi vida, no recuerdo nada igual”, explica esta mujer.

En mayo de 2017 le llegó una carta a casa en la que los propietarios de la finca la avisaban que no le iban a renovar el contrato. Decía adiós a un alquiler de 600 euros y se ponía a buscar otro con un sueldo de 877 euros en un barrio en el que el precio medio se sitúa a día de hoy entre los 900 y los 1300 euros de media. No lo encontró, ni en Poblenou ni en ningún otro barrio ni en el área metropolitana.

Su traslado le ha supuesto también el mal trago de dejar de vivir con su hijo, de 18 años, que no quiso marcharse de la ciudad y se quedó viviendo con su hermana. “Lo veo solo una vez a la semana”, explica. Por su piso actual, Nati paga 450 euros, a los que tiene que sumar 150 mensuales de tren para ir a trabajar a Barcelona. En total, son los 600 que destinaba al alquiler antes de que la echaran, pero ahora a una hora y media de trayecto de su ciudad y de su hijo.

Conxita pagará el doble por quedarse en casa

Conxita recibe a eldiario.es en su piso de 180 metros del Eixample con un documento: el índice de precios de referencia de la Generalitat. En él consta que por su piso debería pagar unos 1.200 euros al mes, pero si hasta ahora destinaba 950 euros, lo que le pasó a pedir la inmobiliaria fueron 2.000, más del doble. Al final, consiguieron negociar, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, 1.500 euros los dos primeros años y 1.800 los dos siguientes.

La familia de Conxita -viven cinco en el piso- sabe que su situación no es límite, ni su casa precaria, bien al contrario, pero no por ello dejan de considerarse víctimas de la burbuja. “Tendremos que apretarnos mucho el cinturón, y es posible que no podamos pagar los 1.800 euros dentro de unos años”, expone. El suyo es uno de tantos hogares en los que se destina más del 40% de los ingresos al alquiler.

Pese a haber alcanzado un pacto con la inmobiliaria, Conxita decidió participar esta semana en una protesta del Sindicat de Llogaters contra la propiedad, UISA-SAPI, que tiene unos 400 piso en Barcelona. Con esa acción trataban de forzar a la inmobiliaria a realizar una negociación colectiva para racionalizar las subidas de precios. El Sindicat ha

Juan resiste a la presión con su renta antigua

El futuro se le aparece “muy incierto” a Juan. Ya jubilado, es el único que tiene un contrato de renta antigua -350 euros al mes- en un bloque en el que los inquilinos van a tener que irse cuando les venza el contrato. La inmobiliaria que compró el edificio entero, l'Abeille, ha dejado claro que quiere vaciar los pisos para reformarlos, y Juan se teme lo peor: quedarse solo en la finca con obras permanentes y presión de la propiedad para que él también se marche.

El suyo, Entença 151, es uno de los bloques que están en pie de guerra ante la práctica de inmobiliarias y fondos de inversión de comprar fincas enteras para echar a sus inquilinos y revalorizarlas. Lo están organizados en el sindicato de inquilinos y en la Red de Viviendas de la Izquierda del Eixample. “Actualmente quedan ocho pisos ocupados de los once que había, pero cuatro ya tienen orden de desahucio”, se lamenta Juan.

Este vecino del Eixample desde hace 36 años está convencido de que será víctima de acoso inmobiliario. Los vecinos ya denunciaron en verano la presencia intimidatoria de un empleado de la propiedad que acudía a la finca y se encaraba a los inquilinos, pero el caso fue archivado. En este punto Juan se considera muy crítico con el Ayuntamiento de Barcelona, a quienes acusa de haberse quedado de brazos cruzados ante una actitud de la propiedad que califican de abusiva.

Aurora dice adiós a su videoclub histórico

Video Instan, ubicado en la calle Enric Granados de Barcelona, es a sus 38 años uno de los videoclubs más antiguos de la ciudad y de toda España. Pese al auge de las plataformas de películas por internet, lo que más ha hecho peligrar el futuro de este establecimiento es la burbuja del alquiler, según cuenta su dueña, Aurora Depares. No podía hacer frente a una subida del 266% de la mensualidad.

La empresa inversora que adquirió la finca el año pasado decidió incrementar el alquiler de este local de 340 metros cuadrados de 3.000 a 8.000 euros al mes. “Me hizo replantear todo, ¿qué podía hacer? ¿Llevarme las películas a un local más pequeño y apilarlas? ¿Cerrar el negocio y a otra cosa?”, se pregunta.

Al final, y tras pasar por un mal trago, Depares ha optado por reinventar el videoclub. Ha buscado otro local, en la calle Viladomat. “Me llevaré las películas y el archivo y haremos cosas nuevas, como un pequeño cine y una cafetería; eso sí, fuera del barrio en el que estábamos”, se lamenta.

Eva ocupa un piso por no poder pagar alquiler

El 477 de la calle Aragó, propiedad de la inversora Norvet, es una de las fincas ocupadas por la PAH para dar un techo a familias vulnerables como la de Eva, que sin trabajo y con una hijo a cargo tiene imposible poder pagar un alquiler en Barcelona. “Ahora mismo no me puedo pagar ni una habitación”, se lamenta esta mujer, que asegura que está pendiente de adjudicación de un piso de alquiler social por parte del Ayuntamiento, pero sigue a la espera de noticias.

Con trabajos siempre precarios, asegura que a lo largo de su vida ha tenido que hacer “esfuerzos monumentales” para poder pagarse un piso de alquiler en el que vivir con su hijo. “Cobrando 900 euros y pagando 650 al mes por una casa se puede vivir? Difícil, si a eso le añades la luz, el agua, la escuela, los libros, la ropa, la alimentación, los medicamentos...”, enumera Eva.

Estando embarazada de su segundo hijo -que perdió-, esta mujer tuvo que enfrentarse a una orden de desahucio en octubre de 2016 por no poder hacer frente a las mensualidades del alquiler. Hasta junio de 2017 consiguió resistir en el piso gracias a la ayuda de la PAH, pero al final tuvo que ceder. “Me dejaron tirada con mi hijo, solo me quedó ocupar”, resume Eva.

Óscar consigue la primera victoria colectiva

La familia de Óscar es una de las más de 100 que ha conseguido una negociación colectiva con una propiedad para pactar una subida de precios racional. Sucedió en el número 113 de la Avenida Diagonal en el municipio de Sant Joan Despí, en el área metropolitana de Barcelona. Si la inmobiliaria quería subirles entre un 40% y un 90% el alquiler a los cerca de 140 vecinos, al final la subida será para todos de un 20% progresivo en tres años.

Óscar atribuye la capacidad de negociación de sus vecinos a la movilización permanente, así como al apoyo del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y al de las fuerzas municipales de Sant Joan Despí. Llegaron a recibir la visita de Pablo Iglesias al erigirse como uno de los símbolos de la lucha contra la burbuja de los alquileres en Barcelona.