El acuerdo marco de Gobierno y Generalitat: desjudicialización y respeto a los “derechos fundamentales”

Un 'reset' para poner los cimientos de una nueva relación entre Ejecutivos. Así interpreta la Generalitat la reunión que este viernes han mantenido los titulares de Presidencia, el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà, de la que ha salido un documento que enmarca el diálogo retomado entre Gobiernos tras la crisis de Pegasus. El acuerdo, que consta de ocho puntos, se puede consultar al final de esta información.

Sin mencionar explícitamente el espionaje, ambas partes sí dan por zanjada la crisis al acordar que la actuación de las instituciones “garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya”. El documento rechaza los “actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial”.

Aunque con acentos distintos, los escuderos políticos de los dos presidentes han valorado de forma positiva la reunión y el documento. Bolaños ha celebrado que se retome “la senda del diálogo y el acuerdo”, mientras Vilagrà ha definido el documento como “un primer paso”, si bien ha reclamado al Gobierno “resultados concretos”.

En suma, el acuerdo de este viernes permite poner música a la negociación entre Generalitat y Gobierno que había chirriado por el caso Pegasus. Los próximos meses serán clave para que a la música se le sume la letra pequeña de un pacto que ponga fin a una década de conflicto político. Un objetivo con el que Pere Aragonès y Pedro Sánchez quieren mostrar que existe alternativa política a la vía unilateral que propugna Junts y a la judicial que enarbolan PP y Vox.

Todo ello cuando la legislatura encara su recta final y el Gobierno de Sánchez quiere recoser la mayoría de izquierdas que le llevó a la Moncloa, al tiempo que Aragonès necesita resultados concretos de su apuesta por el diálogo ante la tentación de sectores de Junts de romper el Govern y de volver a la vía unilateral debido al espionaje.

Dos reuniones de la mesa

La voluntad de ambos Gobiernos que recoge el documento es “celebrar un mínimo de dos reuniones públicas” de la mesa de diálogo en lo que queda de año, “con acuerdos en cada una de dichas reuniones”. “Las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considera necesario celebrar”, apostilla el acuerdo, que evita fijar más plazos.

Sin concretar si será la Fiscalía quien no formulará acusación a las decenas de dirigentes soberanistas y funcionarios que esperan juicio o si su situación penal se resolverá mediante un indulto tras la condena, el acuerdo de este viernes también contempla “superar la judicialización” y “garantizar la seguridad jurídica”, esto último el eufemismo con el que el Govern se compromete a no volver a la vía unilateral.

“Ambos gobiernos se comprometen a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones”, reza el documento. Cabe recordar que dos pesos pesados de ERC, como son los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, esperan juicio por su papel en la logística del referéndum del año 2017. La Fiscalía prevé formalizar después del verano su acusación contra ellos, que podía elevarse a varios años de cárcel. Después de Jové y Salvadó vendrá el juicio a las decenas de altos cargos y funcionarios procesados por organizar el 1-O.

El acuerdo reconoce “la plena legitimidad política de las diferentes ideologías y de los proyectos políticos democráticos que derivan de ellas, sea cual sea su visión sobre el futuro político de Catalunya y de su relación con el Estado”, y rechaza “la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas”.

Si por algo destaca el documento es por la reiteración del objetivo de llegar a acuerdos. “Las partes se comprometen a apostar por la vía política y la búsqueda de soluciones pactadas para la resolución del conflicto”, incide el texto, en el que ambos Ejecutivos muestran “su firme compromiso con los trabajos de la mesa de diálogo y negociación, y a su integración en sus respectivas agendas”.

El Gobierno y la Generalitat reafirman su voluntad de “trabajar y aprobar medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones y que, a su vez, aumenten el grado de confianza mutua necesaria para seguir avanzando”.

Los acuerdos a los que llegue la mesa de diálogo, abunda el documento, “deben partir del reconocimiento de las distintas visiones políticas y sociales y contribuir a superar las diferencias”, además de “ser representativos de una mayoría social amplia y transversal, contribuir a la solución del conflicto político, al refuerzo de los principios democráticos y a la cooperación y la lealtad institucional”.

Tanto Bolaños como Vilagrà han querido dejar claro, tras la última polémica con Junts, que en la mesa solo pueden sentarse miembros de los Gobiernos, cerrando así la puerta a la participación de exconsellers indultados como el secretario general de Junts, Jordi Turull. Junts plantó la última reunión de la mesa celebrada en Barcelona ante el desacuerdo a que en ella participaran condenados por el procés.

“Los dos gobiernos reconocen la necesidad de desarrollar un clima de respeto absoluto a las posiciones y propuestas planteadas por cada parte, a partir de posiciones políticas alejadas, y, sobre la base de medidas concretas, restaurar y garantizar la confianza y la seguridad suficientes para la buena marcha de los trabajos de la mesa”, agrega el documento.