Ada Colau empieza a cerrar su frente judicial tras el alud de querellas contra el Ayuntamiento
Peticiones de dimisión de PP y Ciudadanos o el aviso de Junts de que vigilaría todas y cada una de las subvenciones municipales. Estas fueron las reacciones de la derecha a la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las ayudas que el consistorio otorgó a entidades sociales. Casi siete meses después, el juez ha archivado la causa sin apreciar “irregularidad alguna”. El frente en los tribunales del equipo de gobierno de Barcelona en Comú se aligera a menos de un año de las municipales.
La de la opaca Asociación por la Transparencia no era la primera batalla en los tribunales que recibían la alcaldesa o miembros del consistorio. Hasta diez denuncias de grandes empresas, fondos buitre, hoteleros o rivales políticos ante la Fiscalía o tribunales han sido archivadas. A día de hoy, quedan cuatro causas abiertas contra concejales de los comuns, pero ninguna de ellas ha llegado a juicio.
El grueso de las acciones judiciales no han ido por la vía penal, sino que se concentran en los juzgados contenciosos, contra resoluciones municipales que los litigantes buscan anular y que no comportan penas de prisión ni inhabilitación. Según fuentes municipales, en la vía contenciosa se han abierto 1.800 procesos, el doble de los que predecesores de Colau en la alcaldía tuvieron que afrontar.
Los recursos contra las sanciones del Ayuntamiento por incumplir la normativa de pisos turísticos han comportado 400 procesos contenciosos, el reglamento de participación ciudadana fue objeto de impugnación en 40 juzgados y el plan de alojamientos turísticos generó 150. A ellos se suman las demandas presentadas contra la supermanzana, el dentista municipal o la zona de bajas emisiones (ZBE), que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La alcaldesa y su núcleo político siempre han mantenido que la denuncia por las subvenciones respondía a intereses espurios. Para ello se basaban en el historial de la entidad denunciante: una asociación sin miembros ni actividad conocida en Barcelona, más allá de haber recurrido en 2018 la consulta por la municipalización del agua. Además, la querella ante el juez la firmaba el mismo despacho de abogados de Granada que había interpuesto meses antes una denuncia ante la Fiscalía por las mismas subvenciones que el Ministerio Público había archivado al no ver delito alguno.
La defensa de la alcaldesa, ejercida por Olga Tubau y Àlex Solà, vio desde el principio que, más pronto que tarde, el caso terminaría en archivo por un hecho esencial: la nula intervención de la alcaldesa en la tramitación de las subvenciones, gestionadas desde el área de servicios sociales del consistorio. Esta premisa se reafirmó tras analizar en profundidad la querella de la Asociación por la Transparencia: decenas de folios que adolecían de una “absoluta falta de rigor”, destacaron los letrados, y en los que se replicaba una denuncia ante la Fiscalía ya archivada.
El juez ha acogido los argumentos de la defensa (y de la Fiscalía, que también pedía el archivo del caso) y ha dado carpetazo al asunto de las subvenciones al concluir que Colau no tuvo participación en la concesión de las ayudas porque transfirió las competencias a la gerencia de derechos sociales, a la que tampoco dio “indicaciones” sobre las subvenciones. “En ninguno de los expedientes se detecta irregularidad alguna”, concluye el instructor.
Los tiempos judiciales, sin embargo, son más lentos que los políticos: la alcaldesa quiso evitar la fotografía de su entrada en el juzgado para declarar como investigada, pero no lo logró. Colau ha pasado casi siete meses imputada, aunque termina con el respaldo judicial a que la actuación del consistorio con las subvenciones a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc o Enginyers Sense Fronteres (ESF) no fue delictiva.
“Estoy contenta no solo por mí sino por el buen nombre del Ayuntamiento”, ha celebrado la alcaldesa tras el archivo del caso, al tiempo que ha considerado “evidente” que las querellas buscan “intimidar” a los miembros del consistorio. “Pero las denuncias están logrando lo contrario y cada vez estamos más motivados para seguir haciendo nuestro trabajo”, ha apostillado. El archivo de la causa supone un alivio y una buena noticia para los comuns (y un argumento menos de los aspirantes a desbancar a Colau de la alcaldía) a menos de un año de las elecciones municipales.
Alivio en los comuns
La interposición de querellas y denuncias ha venido repitiéndose en los últimos años en casi todas las carpetas sensibles –básicamente, hoteles y urbanismo– en las que el consistorio ha priorizado los intereses públicos al beneficio privado. Sin embargo, la de la Asociación de la Transparencia era la primera que conseguía la imputación de la alcaldesa. La asociación opaca vinculaba las ayudas con el pasado activista de Colau en la PAH, entidad que ya recibió fondos en el mandato del convergente Xavier Trias.
En sus dos mandatos, varios miembros del equipo de gobierno de Colau han recibido una decena de querellas y denuncias judiciales a cargo de grandes empresas y fondos buitre descontentos con las decisiones del consistorio. El conflicto sobre la gestión municipal ha derivado en los tribunales, que por el momento no han enviado a juicio ninguna de las acciones legales presentadas.
Así, han terminado en archivo las dos querellas de Agbar contra el concejal Eloi Badia por el intento de municipalización del agua o la denuncia de la inmobiliaria MK Premium contra la exconcejala Gala Pin por acusar a la empresa en televisión de querer echar de sus casas a vecinos del Raval. Archivadas también quedaron las denuncias de Ciudadanos ante el Tribunal de Cuentas por las mismas subvenciones, así como la que interpuso ante Fiscalía el abogado Daniel Vosseler por los bloques de hormigón que el consistorio puso en varías vías de la ciudad tras el confinamiento.
También quedó en nada la querella de la cadena Praktik contra la concejala de urbanismo, Janet Sanz, por denegar la licencia de un hotel de lujo en un solar de Drassanes. Y el mismo camino del archivo siguió la querella que la patronal de las VTC, Unauto, interpuso contra Colau a raíz el reglamento sobre las licencias a este tipo de vehículos con los que prestaban servicios empresas como Uber o Cabify.
Las causas abiertas que quedan
El cierre de la causa de las subvenciones es un alivio para el equipo de Colau, pero no completo. A la alcaldesa y a miembros de su consistorio le quedan cuatro causas abiertas, aunque desde sus defensas confían en que acaben igualmente en archivo. En ninguna de ellas el juez instructor ha enviado a juicio a los responsables municipales.
En una de estas causas la alcaldesa figura como querellada, aunque no está ni mucho menos claro que tenga que volver a comparecer como investigada. Es el caso que la jueza archivó de plano, pero que la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir por la querella de un fondo buitre en la que acusaba a Colau, a los concejales Marc Serra y Lucía Martín y a una funcionaria de “confabulación con okupas”.
Fuentes jurídicas indican a elDiario.es que la instructora ya ha recabado los expedientes de las obras que, según la versión del fondo, fueron paralizadas por el consistorio, pero que si en ellos no aparece la firma de Colau no se plantea citar a declarar a la alcaldesa.
Por otro lado, la concejal Janet Sanz ha pedido el archivo de la querella de London Private Company y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires.
En cambio, están en un estado inicial de la instrucción las dos recientes querellas que no interpusieron grandes empresas, sino la Fiscalía de Medio Ambiente, por un lado, y una comunidad de vecinos del barrio de Gràcia, contra el concejal de Medio Ambiente y responsable del distrito de Gràcia, Eloi Badia, por la contaminación excesiva de la planta de residuos Tersa y por el ruido de un local antiguamente okupado y cuyos colectivos acordaron su regularización con el consistorio.
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