Durante la primera quincena de junio de 2017 se completará el despliegue de 300 militares españoles en Letonia. El contingente militar español irá acompañado de 80 vehículos, entre ellos seis carros de combate Leopard y 14 vehículos blindados de combate Pizarro. Es la primera vez que los carros de combate Leopard son utilizados por el ejército español en una operación militar en el exterior.
El contingente militar español formará parte de la operación Presencia Activa Reforzada (Enhanced Forward Presence) de la OTAN, que se desarrolla en el territorio de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con un total de 4.000 militares provenientes de 16 países. Esta operación, considerada como una medida de aseguramiento frente a Rusia, se acordó en la cumbre de Varsovia de la OTAN que tuvo lugar los días 8 y 9 de julio de 2016. Según el general español Francisco José Dacoba Cerviño, «se trata de una misión defensiva y, sobre todo, disuasoria».
La participación del ejército español no ha sido autorizada por el Congreso de los Diputados. La autorización del Congreso se requiere para poder llevar a cabo «operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional» según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (artículo 17).
Sería muy interesante conocer las razones por las que el Gobierno español no ha considerado oportuno solicitar la autorización del Congreso de los Diputados. Según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la autorización no es necesaria si la operación militar en el exterior sí está directamente relacionada con la defensa de España o del interés nacional. Pero no parece darse este caso. Por otra parte, conviene recordar que el Estado español no ha atribuido a la OTAN el ejercicio de competencias en materia de defensa. Es decir, si las decisiones que adopte la OTAN requieren la participación del Estado español, el Gobierno español tendrá que ponerlas en práctica cumpliendo las exigencias que le impone el ordenamiento jurídico español.
En mi opinión nos encontramos ante la creación intencionada de una zona gris por parte del Gobierno español, quien pretende no someter la participación en algunas de las operaciones militares de la OTAN a la autorización del Congreso de los Diputados. Tampoco se ha autorizado por el Congreso la participación española en la operación Sea Guardian de la OTAN en el Mediterráneo, que se activó en noviembre de 2016.
En el fondo, esto supone una des-democratización de la política de defensa. En otras palabras, se dejan sin aplicar las reglas de nuestra democracia representativa, lo que supone tanto una ilegalidad como la pérdida de calidad de nuestro sistema democrático. Esta des-democratización no es nueva: también se hizo en la adopción del Concepto Estratégico de la OTAN, en la Cumbre de Lisboa de 2010.
Una vez más se pone de manifiesto que la integración de España en la OTAN, la OTAN “hacia adentro” de la que hablaba Manuel Sacristán, ha significado un debilitamiento de nuestra democracia en las cuestiones relativas a la defensa.
Durante la primera quincena de junio de 2017 se completará el despliegue de 300 militares españoles en Letonia. El contingente militar español irá acompañado de 80 vehículos, entre ellos seis carros de combate Leopard y 14 vehículos blindados de combate Pizarro. Es la primera vez que los carros de combate Leopard son utilizados por el ejército español en una operación militar en el exterior.
El contingente militar español formará parte de la operación Presencia Activa Reforzada (Enhanced Forward Presence) de la OTAN, que se desarrolla en el territorio de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con un total de 4.000 militares provenientes de 16 países. Esta operación, considerada como una medida de aseguramiento frente a Rusia, se acordó en la cumbre de Varsovia de la OTAN que tuvo lugar los días 8 y 9 de julio de 2016. Según el general español Francisco José Dacoba Cerviño, «se trata de una misión defensiva y, sobre todo, disuasoria».