Dentro del marco del neoliberalismo global que erosiona la competencia de los Estados sobre sus propios recursos territoriales, las fronteras del Estado-nación no son una excepción. El Estado ya no sólo delega los recursos y asuntos internos susceptibles de dotar de beneficios a la empresa privada, también privatiza la gestión de sus bordes, esa delgada y compleja línea de encuentro con el otro, ya sea otro Estado, persona u organización. La gestión de las fronteras no sólo se privatiza, se realiza desde una óptica cada vez más militarista. La frontera, sea urbana o estatal es una verdadera declaración de intenciones política hacia lo que podríamos definir como “el otro”, aquel que viene de más allá de la frontera y vive un encuentro con ésta.
Es en la frontera donde se muestra nuestra apertura física, social y política al mundo. Cuando la gestión se endurece, militariza y privatiza se acaba teniendo un impacto cognitivo en el seno de la sociedad, porque la militarización progresiva de este punto de encuentro que son las fronteras nos acaba enseñando que el otro, el que viene de fuera, es un extraño del que defenderse. Esto nos retrotrae al modelo de fortaleza medieval, dónde había que defenderse de los bárbaros, para lo cual se levantaba una muralla, y todo lo indeseado para el sistema interno quedaba fuera de ella. En este contexto hablar de Europa-Fortaleza no sólo es pertinente, sino también necesario y urgente.
La privatización de las fronteras europeas se está realizando de dos maneras; por un lado se delegan diferentes funciones relacionadas con la gestión a empresas militares y de seguridad privadas. Por otro, se llegan acuerdos con países fuera de la UE como es el caso de Turquía y Libia, para que sean ellos los que cierren sus fronteras, más cerca de los grandes flujos de refugiados. De esta manera hay un primer muro de contención para la Europa-Fortaleza que establece su frente en terceros países.
Libia supone uno de los principales puntos de salida para las personas que toman el mediterráneo como vía de escape, y su caso es especialmente denunciable. Es en 2002 cuando el Consejo Europeo decide dotar de recursos a Libia para transformarlo en el primer frente europeo para la gestión de la inmigración, para lo cual, dos años después, se levanta parcialmente el embargo de armas, vigente desde 1986, sobre el país y así poder enviar el equipo necesario. Lo que demuestra un uso de los embargos de armas por parte de la UE más acorde a sus intereses estratégicos que a un compromiso político respecto a la exportación de armas.
En 2007 la UE firmará un acuerdo con Libia en materia de gestión de fronteras, en el que se otorgará al país 60 millones de euros para la compra de equipos de gestión y vigilancia. En este año el presupuesto de la agencia europea para la gestión de fronteras, Frontex, es de 42 millones, lo que nos ayuda a darnos cuenta del apoyo económico que recibió Libia en este sentido. Además Italia, firmará por su cuenta un acuerdo con Libia en 2008 llamado “Pacto de la Amistad” por el cual Italia pagará a Libia 5 mil millones de dólares en los siguientes 20 años. Será una de las empresas militares de seguridad privada europeas más grandes, Finmeccanica, la principal beneficiaria de este acuerdo, y la responsable de desarrollar el sistema de vigilancia de la frontera Libia, entre otras tareas.
Esta relación entre empresas militares privadas y los Estados europeos para gestionar las fronteras es a día de hoy el mecanismo más común. Las empresas como Finmeccanica, G4S, Indra, Thales o Airbus, ofrecen todo tipo de servicios, desde la fabricación de armamento, sistemas integrales de vigilancia de fronteras, hasta la gestión de Centros de Internamiento, pasando por la seguridad de los vuelos de deportación, y son clientes habituales de la agenda europea de control y protección de fronteras, Frontex. Además, muchos Estados encargan a estas empresas análisis de seguridad, lo que produce una mercantilización de nuestra seguridad, ya que queda sujeta a intereses empresariales. El presupuesto de Frontex ha pasado de 6 millones de euros en 2005 a 238 millones en 2016, un campo de negocio en expansión para las empresas militares privadas. De esta manera se establece un modelo de gestión no sólo privatizado, sino también militarizado de nuestras fronteras.
Sin embargo, la Comisión Europea considera Frontex una agencia poco robusta en materia y competencias de gestión de fronteras, y en 2015 se crea una nueva institución la Agencia de la Guardia europea de fronteras y costas. El mandato y competencias de la nueva Agencia en algunos puntos fundamentales le otorga más independencia frente a los Estados y competencias amplias en su capacidad de uso de la fuerza, dónde se contempla el uso de munición durante el ejercicio de sus actividades. Uno de los puntos más polémicos es que se establece que la Agencia tiene capacidad de intervención en territorio de Estados miembros de la UE sin su previo consentimiento bajo mandato de la Comisión Europea. Lo que, no sólo permite la entrada de agentes armados, que en muchos casos serán de agencias militares privadas, en un Estado soberano sin su permiso, si no que supone una imposición política y de poder de unos Estados sobre otros, y la consiguiente imposición de políticas en materia de inmigración.
La privatización de las fronteras supone una contradicción para el Estado-nación propia de la mezcla entre neoliberalismo, flexibilidad de mercado, y militarismo, doctrina rígida de la seguridad. Es decir, la frontera se endurece físicamente en los bordes territoriales del Estado, pero es completamente porosa y plástica en lo económico, con el impulso del libre mercado, la supresión de aranceles y el fenómeno global de capitalismo financiero. Todo ello en un marco social mundial en que las redes e internet también hacen que las fronteras se diluyan, generando tensiones en el concepto de Estado-nación.
Todo esto constituye una irresponsabilidad por parte de los Estados de la UE ya que, por un lado, están delegando a empresas privadas militares una cuestión básicamente humanitaria, que es recibir y acoger a las personas que huyen de la guerra, de grandes desigualdades económicas o de persecución política, por tanto la apuesta política es militar ante una crisis humanitaria. Por otro lado, y ésta resulta bastante conveniente para los propios gobiernos de los Estados, la capacidad de rendición de cuentas desaparece, ya que la población civil lo tiene mucho más complicado para pedir cuentas a las empresas privadas por violaciones de derechos humanos u otras gestiones cuestionables.
Los Estados europeos han entrado en unas dinámicas de las que les resultara difícil salir, la apuesta política y económica es dotar de recursos a empresas para que gestionen nuestras fronteras, convirtiéndolas en un lobby más poderoso de lo que ya eran, dejando en sus manos cuestiones esenciales para nuestra seguridad, y haciendo de Europa una antigua fortaleza medieval, que vuelve a bipolarizar el mundo entre civilizados y bárbaros; aquellos que huyen de la persecución política, de la guerra y de la desigualdad económica.
