El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado la sanción de 500.000 euros que la Generalitat le impuso a Gas Natural por el corte de suministro eléctrico a Rosa, la anciana de 81 años de Reus que falleció en 2016 tras incendiarse su casa. Según ha adelantado el Diari Mes, el tribunal ha estimado el recurso de la firma al considerar que en ese momento faltaba por desarrollar el reglamento que hace referencia a la comunicación de casos de pobreza energética entre los Servicios Sociales de los ayuntamientos y las empresas.
Tras conocerse la muerte de esta mujer, en noviembre de 2016, la Agencia Catalana de Consumo decidió imponer una sanción de medio millón de euros al entender que había incumplido la ley catalana de pobreza energética, vigente desde julio de 2015, que establece que las empresas deben solicitar un informe a los Servicios Sociales antes de llevar a cabo un corte de suministro. Ese paso nunca se dio y Rosa estuvo viviendo sin luz durante varias semanas, iluminando su casa con velas hasta que una de ellas prendió el colchón donde dormía.
Pese a que da la razón a Gas Natural, la sentencia no es firme y el Departamento de Empresa de la Generalitat ha interpuesto un recurso de casación ante el mismo TSJC. En el escrito, argumentan que el artículo 6.4 de la ley establece una obligación “clara y concisa” de que las empresas deben solicitar ese informe de vulnerabilidad social, y que ello no requiere de ningún “desarrollo reglamentario”.
Para los movimientos sociales en contra de la pobreza energética, el caso de Rosa fue un “punto de inflexión”, según recordaba la Alianza contra la Pobreza Energética este martes. A raíz de este caso, la Administración endureció su política de sanciones y las principales suministradoras eléctricas, Endesa y Gas Natural, comenzaron a pedir esos informes de vulnerabilidad antes de cortar la luz. Ese caso dio pie también a un frente común encabezado por Carles Puigdemont y Ada Colau para que las eléctricas asumiesen al menos la mitad de la deuda generada por las personas que no podían pagar las facturas. En el caso de Rosa, debía unos 240 euros.
Para acabar con esa deuda, Endesa y la Generalitat alcanzaron el mes pasado un acuerdo histórico en el que acordaban repartise ese montante desde 2015 hasta hoy. También firmaron un convenio por el cual la compañía eléctrica se comprometía a asumir el 50% del coste de la pobreza energética en 2021.