Los ayuntamientos catalanes se comprometen a multar a los bancos que acumulan pisos vacíos
Tres semanas después de el acuerdo de Generalitat, ayuntamientos, partidos y entidades sociales para una nueva ley catalana de vivienda que sustituya la ley 24/2015 impugnada por Rajoy, los impulsores de aquella ley –la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC– recuerdan que hay una emergencia social que no puede esperar. Es por ello que este miércoles se han reunido con los 12 ayuntamientos con más población de Catalunya y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), que entre las dos representan a todos los ayuntamientos catalanes, para acordar acciones para seguir garantizando el derecho a la vivienda. La primera: aplicar la ley vigente para multar los pisos vacíos.
Los municipios han denunciado un hecho que preveían, y es que los bancos vuelven a ordenar desahucios de familias vulnerables. “Los estábamos parando, pero entre los desahucios de los que tiene constancia el ayuntamiento esta semana ya nos hemos encontrado que los bancos vuelven a desahuciar”, declaró Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma. “Los ayuntamientos nos han dicho que desde la suspensión de la ley la banca ha cambiado de actitud, ya no negocia alquileres sociales y ha parado los acuerdos para ceder pisos vacíos que estaban negociando”, explicó Carlos Macías, portavoz de la PAH.
Ante esta situación, han querido remarcar la necesidad de actuar con urgencia para dar respuestas a las familias que podían evitar quedarse en la calle gracias a la ley ahora impugnada. Es por ello que los ayuntamientos se han comprometido a abrir mensualmente expedientes sancionadores a las entidades que acumulan pisos vacíos. Esto es posible gracias a la ley catalana por el derecho a la vivienda de 2007, que prevé multas para las viviendas que no cumplen su función social y que algunos ayuntamientos comenzaron a aplicar a partir de las demandas de la PAH. “Para eso debemos identificar las viviendas vacías y demostrar que llevan dos años vacíos, que no siempre es fácil”, apunta Parlon. Los municipios también trabajarán conjuntamente en un registro de viviendas vacías.
Tras esta primera reunión, los promotores de la ILP que dio lugar a la ley 24/2015 harán seguimiento del trabajo con los ayuntamientos y se emplazan a una nueva reunión el 1 de julio. Mientras tanto, entidades y ayuntamientos presentan demandas a la Generalitat. Una de ellas es hacer un reglamento que desarrolle la ley de 2007, que nueve años después sigue sin existir, y facilite a los ayuntamientos el trabajo de multar a los pisos vacíos. Otra es abrir una convocatoria permanente de ayudas al alquiler, no limitada a unos meses como actualmente. “Una familia no decide cuando se queda en el paro”, remarca Macías.
“Los ayuntamientos han visto que lo único que funciona ante los bancos son los palos”, concluye el portavoz de la PAH, que es crítico también con los consistorios que matizaron la aplicación de la ley. “Muchos apostaron por negociar convenios con las entidades bancarias que ahora quedan en suspenso, si en cambio hubieran optado por aplicar la cesión obligatoria en estos nueve meses que ha estado vigente la ley se podrían haber conseguido muchos pisos para responder a la emergencia habitacional”, ha apuntado.
Deberes a la Generalitat en pobreza energética
Capítulo aparte merecen las medidas en materia de pobreza energética. La ley sigue totalmente vigente en este ámbito, y tanto sus impulsores como los ayuntamientos han reclamado a la Generalitat que la aplique. “Se ha constatado que las suministradoras no tienen intención de cumplir con la legislación”, ha concluido María Campuzano, portavoz de la APE, después de la reunión con los consistorios. Por ello han acordado instar a la Generalitat a que abra una inspección de oficio a las suministradoras de luz y gas en el plazo de un mes.También quieren convocar un encuentro entre Generalitat, ayuntamientos, suministradoras y los promotores de la ley para poner sobre la mesa un convenio en el que las entidades se hagan responsables de las facturas que no pueden pagar las familias vulnerables. “El espíritu de la ley 24/2015 no va en la línea de dedicar fondos públicos a pagar las facturas”, recuerda Campuzano.
