El Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto salvar la 'tasa Amazon', que fue pionera en España, y ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló la normativa el pasado julio. Así lo han avanzado fuentes municipales a elDiario.es.
En febrero de 2023, Barcelona se convirtió en pionera a la hora de gravar el uso del espacio público por parte de las grandes empresas de reparto a domicilio, pero la Justicia tumbó la medida a raíz de un recurso de la patronal del transporte UNO. El consistorio ya aseguró en su momento que, si bien respetaba las decisiones judiciales, estaba disconforme y estudiaría cómo defenderla.
En su sentencia, los magistrados reconocieron la “obsolescencia actual de las normas vigentes” frente a sistemas de comercio como el de Amazon, pero igualmente anulan la tasa barcelonesa al considerar “injusto” que grave únicamente la carga y descarga en la calle de los operadores de comercio electrónico y no del conjunto de transportistas.
Por su parte, el consistorio justificó que la tasa no debía recaer sobre repartidores autónomos y pequeñas empresas, sino sobre los operadores que trabajen con “cierta intensidad”.
“La economía y la sociedad avanzan hacia nuevos modelos económicos y las administraciones públicas necesitan tener herramientas legales para regular estos nuevos modelos y gestionar los usos privativos que hacen del espacio público”, aseguran desde el Ayuntamiento.
Por eso, el consistorio presentó un recurso el pasado octubre para defender “la necesidad de gestionar este tipo de actividades”. En su impugnación a la sentencia, los servicios jurídicos municipales quieren aprovechar que el fallo del TSJC no fue unánime y que una magistrada sí avaló la tasa, aunque quedó en minoría en el tribunal.
En su argumentación, la magistrada consideró que la tasa sí debía autorizarse al recordar que el uso del espacio público que realizan las furgonetas del comercio electrónico “es insostenible para el medio ambiente y colapsa el tráfico en la ciudad”. La actividad de reparto de empresas como Amazon, agregó el voto particular, se realiza “en perjuicio de los demás usuarios, comerciantes o no, que sí tributan para financiar servicios e infraestructuras”.
De manera paralela, el consistorio ya está trabajando en los cambios legislativos “necesarios” para asegurar “el poder tributario municipal en esta materia”, tal como han explicado fuentes del Ayuntamiento que, por otro lado, no han querido adelantar en qué podría cambiar la tasa.
2,6 millones anuales a las arcas públicas
La norma inicial gravaba el uso del espacio público que hacen las furgonetas de las empresas de transporte que facturan más de un millón de euros al año. En Barcelona hay 26 operadoras que entran en esta consideración; entre todas obtienen 200 millones de euros anuales, el 62% de los cuales corresponden a los cinco primeros, liderados por empresas como Amazon, DHL, SEUR o UPS.
Pero Amazon, paradójicamente, se salvó de pagar la tasa que lleva su nombre debido a que una sentencia de la Audiencia Nacional, que falló el octubre pasado que la empresa no es un operador postal, sino un e-commerce.
El Ayuntamiento calculó inicialmente que la tasa supondría añadir 2,6 millones de euros al erario público. El peso de este monto se repartía entre las compañías en función de su grueso de negocio y, aproximadamente, cada una de ellas debía acabar aportando el 1,25% de sus ingresos anuales.
La normativa fue diseñada como una medida compensatoria para el pequeño comercio y las tiendas físicas, que sí están sujetas a impuestos como el IBI que los e-commerce no abonan. “Era una manera de proteger al comercio de proximidad de la amenaza que suponen las grandes plataformas”, aseguran desde el Ayuntamiento.
Además, la tasa equiparaba las furgonetas de reparto a otros negocios que también hacen uso del espacio público como los servicios de bicicletas y motos compartidas. Según datos municipales, las zonas calificadas como carga y descarga tienen una ocupación diaria del 47%, hecho que congestiona una ciudad que “no estaba pensada” para este alto número de furgonetas, tal como apuntó el alcalde Jaume Collboni durante la sesión en la que se aprobó la norma.
Esta contó con el apoyo del PSC, ERC -partido que llevaba años impulsando el tributo-, Comuns y Junts. El PP y Vox votaron en contra.