El apoderado de la empresa que compró el bloque del barrio del Poble-sec de Barcelona ha admitido que la firma suscribió “un convenio” con la firma de desokupaciones ilegales Stop Okupas Low Cost, denunciada por los ocupantes de la finca por acoso inmobiliario.
Ante el juzgado de instrucción 12 de Barcelona han declarado este jueves como investigados dos apoderados de la empresa propietaria del inmueble, adquirido por la firma en 2023 en una subasta pública tras morir el anterior dueño sin descendencia. La administradora de la empresa también tenía que comparecer este jueves, pero se encontraba en Londres.
La empresa, vinculada a inversores de origen ruso, compró el bloque a sabiendas de que había un inquilino con contrato en vigor así como otros pisos de la finca ocupados por personas con vulnerabilidad reconocida. La situación es de las más inusuales dentro de las dificultades de la vivienda en Barcelona: empleados de la empresa Stop Okupas permanecen en el primer piso de la finca, mientras que en el resto de viviendas están los ocupantes.
Según fuentes jurídicas, uno de los apoderados ha relatado que el propietario real de la empresa es otro ciudadano de origen ruso, y ha limitado su papel al de “asesor jurídico” de la propiedad. La sociedad también permanece investigada como persona jurídica en un caso que investiga las coacciones, amenazas y sabotajes de los suministros básicos por parte de la empresa de desalojos ilegales a los moradores de la finca.
El asesor de la propiedad investigado no ha concretado el contenido del “convenio” suscrito entre la empresa dueña del inmueble y Stop Okupas. La acusación particular de los ocupantes de la finca, que ejerce el abogado Simón Cava, prevé solicitar que ese documento se incorpore a la causa.
En los pisos de la calle Magalhaes vivían, desde hacía años, un inquilino con contrato de arrendamiento en vigor y otros vecinos que ocupaban las viviendas en precario, y que disponen de informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales.
Según las denuncias de los vecinos, los nuevos dueños optaron por ir más allá de la ley. Sin esperar a que se ejecuten los desahucios que ya ha acordado la Justicia sobre los ocupantes, desde el pasado mes de enero se han sucedido varios actos de acoso inmobiliario a cargo de la empresa Stop Okupas Low Cost. El único arrendatario con contrato en vigor se fue cuando empezaron las acciones de Stop Okupas Low Cost, y es el piso donde ahora permanecen los empleados de la empresa de desokupaciones ilegales.
En conjunto, los Mossos d'Esquadra han abierto en menos de un año siete diligencias por las actuaciones de la empresa de desokupaciones ilegales en la finca. Ante el juzgado, los ocupantes han aportado decenas de vídeos y fotografías de los “actos de sabotaje” en la finca de los que acusan a los empleados de Stop Okupas Low Cost. Los atascos de la bajante general de la finca (a la que solo se puede acceder desde el piso en que ahora permanecen los empleados de Stop Okupas Low Cost) se han sucedido desde que el anterior vecino se fue. La salida de aguas fecales al patio de la finca provocó malos olores durante días.
En los próximos días, el juez del caso decidirá si ordena, como medida cautelar, a la propiedad reestablecer el servicio de aguas, saboteado presuntamente por las acciones de la empresa de desokupaciones. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si ordena a la propiedad restablecer el servicio de agua en la finca, tal y como reclaman los ocupantes.