Las tensiones por el Caso Garganté no han sido el único factor que ha crispado la relación entre la CUP Barcelona y el gobierno de Colau en los últimos días; tampoco han sido del gusto de la formación anticapitalista las respuestas de Barcelona en Común a las diez alegaciones que la CUP Barcelona había presentado para votar a favor —el lunes próximo, día 25— de la modificación presupuestaria de 275 millones de euros del gobierno de Colau. El desencuentro lo ha escenificado este lunes en comparecencia la concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, Maria Rovira, que ha pedido “seriedad” al gobierno municipal.
El sí, o al menos la abstención, de los cupaires es fundamental para tirar adelante la modificación de crédito. Al parecer, además, BComú lo tiene hecho con las otras dos formaciones progresistas del consistorio: el PSC ha destacado la “coherencia” —en palabras de Collboni este lunes— de los números presentados por Colau. ERC, por su parte, hace días que mostró el apoyo a la modificación tras el acuerdo para hacer llegar el metro a la Zona Franca y por el tráfico de presos de la Modelo. Con los republicanos todavía habría algún fleco por cerrar, como dejar por escrito los acuerdos.
Maria Rovira ha lamentado este lunes las largas de BComú para poner en marcha algunas de las medidas sociales en las —en principio— serían afines, pero que el gobierno prefiere “estudiar”, en algunos casos, y aparcar en otros; para la CUP no basta con la buena sintonía en ciertos aspectos. Es por eso que los anticapitalistas se sienten “engañados”.
Además, en la Asamblea General de la CUP del pasado sábado, ninguna voz de la asamblea se mostró receptiva a votar a favor de la ampliación presupuestaria tras consultar las respuestas a las alegaciones que BComú había hecho llegar al partido, y a las que Catalunya Plural ha tenido acceso. Hubo unanimidad por el no.
Alegaciones aceptadas: más parque público de vivienda y comedores sociales
El pasado 22 de marzo, la CUP tildaba la modificación presupuestaria de Barcelona en Comú de “edulcorante del modelo marca Barcelona”, en palabras del concejal en el Ayuntamiento, Josep Garganté. Unos días después, el día 29 de marzo, la CUP presentaba en rueda de prensa las diez medidas para aprobar la modificación presupuestaria de Colau. Se abría un periodo de respuesta por parte del gobierno municipal a las alegaciones de los anticapitalistas. Y las consideraciones de BComú no han gustado en el feudo cupaire.
La CUP considera que seguimos viviendo una “situación de excepcionalidad” en la ciudad diez meses después de la victoria de Ada Colau y que la modificación de crédito del gobierno —lo que a la postre serán los presupuestos para 2016— no es realmente “transformadora”; así lo ha asegurado la portavoz de la formación, Rose Vime, en un comunicado. La CUP, por su parte, ha planteado un plan de choque que va desde la remunicipalización de servicios a la renta municipal para las mujeres de la ciudad.
Barcelona en Comú ha aceptado sólo tres de las diez alegaciones, entre ellas la “rehabilitación y recuperación de pisos vacíos (segunda alegación) para ampliar el parque público de vivienda” o la ya citada implementación de una renta municipal para las mujeres de la ciudad (décima alegación). Aunque, según la CUP, los 700.000€ para estudios y empleo de 130 personas para la realización de encuestas no son suficiente para garantizar la inclusión de las mujeres en situación vulnerable, ya que la medida se prepara de cara a 2017. Tampoco la “triplicación de la partida de comedores comunitarios” (sexta alegación) gusta; a pesar de la aceptación de las alegaciones por parte del gobierno según el escrito, la CUP pide “un cambio de modelo empoderador y garante del derecho a la alimentación”, quejándose de la simple “ampliación de partidas”.
Alegaciones aceptadas parcialmente: Carnet Ciutat y remunicipalización de servicios básicos
Algunas de las alegaciones de la formación anticapitalista que han sido aceptadas parcialmente por el gobierno municipal han sido: tarifas sociales para el transporte público (primera alegación), creación de una red de derechos sociales y reproductivos para jóvenes de entre 14 y 30 años (tercera alegación).
En materia de transporte, la CUP se queja de que ante su petición de aplicación de tarifas sociales, BComú proponga tan sólo “informes de gestión y revisiones de criterios de cara el 2017”.
En la cuestión de la puesta en marcha de un Carnet de Ciutat (cuarta alegación, también aceptada parcialmente) para garantizar los derechos básicos a las personas en situación vulnerable y “facilitar al máximo el acceso al padrón”, el gobierno de Colau ha “compartido el diagnóstico” con la CUP pero considera un coste “demasiado elevado” la aplicación de esta medida.
La remunicipalización de servicios (quinta alegación) como el agua, BTV o Parcs i Jardins también ha obtenido la aceptación parcial como respuesta. La misma suerte ha corrido la exigencia sobre la implantación de software libre (novena alegación) —programario de código abierto, gratuito— en la Administración. El Ayuntamiento ha prometido 30 millones de euros para trabajar en una “solución técnica basada en el código abierto”.
La CUP también ha encontrado una media satisfacción en la supresión de las donaciones a los eventos deportivos de élite (séptima alegación) como el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, entre otros. El gobierno municipal ha declinado romper el convenio con el Open Banco Sabadell por el alto coste que supondría, pero ha compensado con el acceso libre a la ciudadanía en la competición.
La incógnita: la USP
La CUP ha puesto sobre la mesa el desmantelamiento de la Unitat de Suport Policial (octava alegación) de la Guardia Urbana; el gobierno de Colau ha pedido esperar al segundo semestre del año para “estructurar” esta y otras unidades de la Guardia Urbana, y ha destacado en la respuesta a la alegación que ésta no es “una cuestión presupuestaria sino de organización interna de la policía”.