Interior no ha querido tramitar la licencia que le permitiría reabrir el CIE de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado la clausura del CIE de Barcelona por falta de licencia de actividad. Este jueves el teniente de alcaldía de derechos de la ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado que se abrió expediente cuando él era concejal del distrito de Sants-Montjuïc –donde se encuentra el CIE– y se dio un mes al Ministerio del Interior para que tramitara la licencia, un periodo superior a los 15 días habituales. “Para nuestra sorpresa no se tramitó, el Ministerio considera que no están obligados a pedir licencia y los servicios jurídicos de ayuntamiento y distrito consideran lo contrario y además hacen referencia a una sentencia del TSJC”, ha explicado Asens.
Las instalaciones del CIE tienen la función correspondiente a su fin original, la de una comisaria de Policía Nacional, y eso no incluye el internamiento. En 2006 se realizaron las obras de ampliación para convertir el espacio en un CIE que sustituyera el que había en el barrio de la Verneda, y no se cumplieron los requerimientos municipales. Los técnicos municipales han vuelto a entrar con motivo de las obras de remodelación que se han realizado recientemente y han podido volver a constatar estos incumplimientos.
“En función de la licencia tienes unos requerimientos de seguridad u otros, no es una cuestión de un incumplimiento administrativos”, ha explicado Asens, que ha añadido que la falta de la licencia correspondiente no permite garantizar la seguridad ni de los internos ni de los trabajadores del centro.
El Ministerio ahora puede recurrir la decisión o pedir una nueva licencia que se adecue a los usos. Si la piden y cumplen todos los requisitos administrativos, el Ayuntamiento debería conceder esta licencia. Asens ha asegurado que actualmente desconoce si disponen de más vías legales para garantizar el cierre del CIE.
El teniente de alcaldía ha añadido que el cierre, aunque se hace por vía administrativa, responde a “una cuestión de derechos humanos y también a nuestra soberanía como ciudad y como país”, en referencia a la oposición mostrada a la existencia de este centro tanto por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona como por el Parlament de Catalunya.
Alternativas al internamiento
En cuanto a la situación de las personas en situación irregular que antes eran internadas en el CIE, Asens ha asegurado que la ley de extranjería muestra otras vías para su expulsión. “Estos ocho meses en que ha estado cerrado nos han servido a todos para comprobar que no necesitamos un CIE”, ha dicho, y ha explicado que “la fiscalía ha estado actuando de forma diferente y no ha habido ningún problema con la política migratoria y las expulsiones han seguido haciendo”. El concejal ha asegurado que no se han dictado órdenes de internamiento desde Barcelona. En cambio sí se han trasladado personas retenidas desde la frontera que antes iban al CIE de la Zona Franca, pero Asens ha asegurado que esta función del centro incumplía la ley.
“La finalidad del CIE es que las personas que están allí sean expulsadas, pero están internadas muchas personas que ya se sabe desde el principio que no serán expulsadas, y esto es una anomalía grave y esto es una vulneración grave a su libertad” , ha explicado el concejal. “Ya es grave vulnerar el derecho a la libertad de estas personas para una expulsión, pero más aún si se les vulnera para nada”, ha lamentado.
Alerta a una desobediencia del Ministerio
La campaña Tancarem el CIE, impulsada por Tanquem els CIEs, SOS Racisme y Migrastudium, ha asegurado en un comunicado que celebran que “las administraciones públicas asuman su obligación de defender los Derechos Humanos como una prioridad y por tanto usen todos los medios que tengan a la alcance para impedir que se vulneren”. Han instado a otras administraciones que se han manifestado contra el CIE a tomar también medidas que vayan más allá de instar al gobierno del Estado al cierre y han anunciado que siguen en “alerta” para convocar nuevas manifestaciones si el Ministerio del Interior incumple la prohibición de reapertura.
