El pasado julio el Parlament de Catalunya aprobaba la ILP de medidas para dar respuesta a la emergencia habitacional y la pobreza energética, que pretende acabar con el drama de los desahucios estableciendo la obligación para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer un alquiler social. Sin embargo, siguen existiendo desahucios en Catalunya. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró la gran victoria que representó la aprobación de la ley, pero sabía que no sería fácil, y explica que en algunos casos se aplica con criterios distintos según el juez.
Este jueves le ha tocado a Lourdes, que vive en el barrio de la Sagrera de Barcelona con su marido y sus tres hijos. Activistas de la PAH y de la asociación 500x20 se han congregado desde primera hora en el portal de su casa ante la previsión de que pudieran venir los Mossos a hacer efectivo el desahucio. Lourdes tenía su hipoteca con CatalunyaCaixa, que subastó su piso después de que ella no pudiera hacer frente a los pagos. Se lo quedó una empresa bielorrusa por 93.000 euros, según explican desde la PAH.
La plataforma reclama que las administraciones locales velen por la aplicación de la nueva legislación. En el caso de Barcelona, después de recibir las críticas de la PAH, el ayuntamiento ha presentado esta semana una serie de medidas con el objetivo de aprovechar los recursos que aporta esta ley para garantizar el derecho a la vivienda. Este jueves en el caso de Lourdes, sin embargo, no se han podido ver todavía efectos.
“La primera vez que nos enteramos fue con muy poco tiempo y lo pospusimos 10 días y trabajamos con la familia a través de servicios sociales”, explica la teniente de alcaldía Laia Ortiz. El Ayuntamiento se entera de los desahucios a través de un protocolo con los juzgados, pero no da suficiente previsión para dar respuestas.“Hemos mejorado el protocolo con el servicio de comunicación de los juzgados, pero debemos procurar incorporar la ley en el día a día para conocer la situación previa a la ejecución”, apunta.
El consistorio no pudo contactar con la empresa propietaria hasta la tarde del miércoles, y rechazaron la mediación y la posibilidad de posponer el desalojo, explica Ortiz. “Nosotros dijimos que lo intentaríamos detener porque necesitamos ese tiempo para aportar soluciones”, apunta. Finalmente, el desahucio se ha suspendido hasta nueva fecha gracias a la concentración ante el domicilio, según han informado a Lourdes.
La PAH reclama al ayuntamiento que aplique las sanciones correspondientes a los propietarios que no ofrecen alternativa. Las multas anunciadas por el consistorio pueden alcanzar los 90.000 euros, que en el caso del piso de Lourdes haría que a los bielorrusos les saliera más a cuenta ofrecerle una vivienda social. “Nosotros intentaremos aplicar las sanciones, pero necesitamos tener claro que se pueda aplicar y en este caso no está meridianamente claro”, dice Ortiz, dado que la subasta del piso se realizó antes de la aprobación de la ley.