Los propietarios de Barcelona pagarán 633 euros más por tener pisos vacíos
El Ayuntamiento de Barcelona, tras la suspensión de la ley catalana antidesahucios, quiere poner las cosas difíciles a los propietarios que tengan pisos vacíos en la ciudad. Es por ello que este viernes ha presentado una nueva tasa que grava los costes de detección, inspección y control de pisos vacíos que hasta ahora sufragaba el consistorio: los propietarios de Barcelona pasarán a pagar 633 euros —importe que puede sumarse a las sanciones que contempla la Ley de la Vivienda de Catalunya y que van hasta los 90.000 euros— para tener pisos vacíos de forma injustificada durante dos años en la ciudad.
La tasa se enmarca en la aplicación de la Ley de la Vivienda de Catalunya, que determina que la desocupación permanente de una vivienda sin causa justificada por un periodo superior a dos años es “anómala” y habilita a la administración a devolver la vivienda en el mercado. El Ayuntamiento ha elaborado unos sesenta expedientes de este tipo desde que está controlado por el nuevo gobierno municipal. Ahora, BComú pretende que el coste deje de ser asumido por el Ayuntamiento y pase a ser pagado por los propietarios. La mayoría de este tipo de pisos pertenecen a entidades financieras.
Por cada expediente abierto por la declaración de situación “anómala” de una vivienda, el propietario pasará a pagar 633 euros. Y por cada expediente abierto por causa del incumplimiento de un requerimiento anterior, se sumarán 286 euros. Este tipo de actuación es compatible con el impuesto sobre viviendas vacías previsto por la Generalitat —suspendido por el Tribunal Constitucional en este momento— y que se aplica en otros municipios como Terrassa.
El segundo teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, ha enmarcado esta medida, que será llevada a la Comisión de Economía y Hacienda de la próxima semana, como una política “imaginativa” ante el límite de competencias del Ayuntamiento. “Se trata de una medida de carácter disuasorio, una política más para frenar la emergencia habitacional en la ciudad: queremos que todos los pisos estén disponibles”, ha destacado Pisarello.
Para implementar la nueva tasa, el Ayuntamiento de Barcelona deberá modificar las actuales Ordenanzas Fiscales. El consistorio barcelonés también pretende introducir la reducción del importe de la tarifa de mudanzas (de 86,31 euros a 38,36) y la bonificación de los planes de autoprotección, así como la exención de 698,82 euros por los informes de protección civil que pidan las entidades sin ánimo de lucro.
