El regidor de la CUP acusado de presunta coacción a un médico irá a juicio el 1 de diciembre
El concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Garganté, tendrá que hacer frente a un juicio por una falta leve –acusado de supuesto delito de coacciones a un profesional médico– el próximo 1 de diciembre. La fecha fijada en un principio, el 22 de noviembre, se ha cambiado tras la petición del abogado que defiende al concejal. Un médico acusó el pasado mes de abril a Garganté de una supuesta coacción que se habría producido el 23 de marzo de 2016 en un Centro de Atención Primaria (CAP) de Barcelona.
El regidor ya esquivó un juicio por este mismo motivo el pasado 22 de abril, después que el juez paralizara el proceso a la espera de resolver los recursos de la Fiscalía y la defensa. La Audiencia acabaría desestimando dicho recurso de la Fiscalía. El magistrado también desestimó la personación en la causa como acusación popular del sindicato de la policía, SAPOL.
Garganté enfrenta un juicio el día 22 de noviembre después que, según un médico de un CAP de las Drassanes, el regidor y un grupo de personas —no identificadas según la interlocutoria del momento— hubieran presionado al profesional sanitario para hacerle cambiar un informe médico de una de las personas que participó en una concentración de manteros en Barcelona disuadida por la Guardia Urbana: Garganté y un acompañante querían hacer constar en el informe que las lesiones no eran fruto de una “caída” sino consecuencia de una agresión de la policía. A la polémica por la supuesta coacción se sumó, días después, una grabación de un Guardia Urbano a escondidas de la conversación entre el concejal y el médico desde un box anexo a la discusión.
Posteriormente, la CUP de Barcelona emitió un comunicado negando que Garganté hubiese coaccionado al profesional médico. Según su versión, Garganté “se limitó a solicitar una nueva asistencia médica al vendedor ambulante sin la presencia de la Guardia Urbana”.
Los anticapitalistas enmarcaron la denuncia contra el Garganté “en la campaña represiva contra la venta ambulante y contra los colectivos que la apoyan”. De hecho, uno de esos colectivos, Tras la Manta, destacó que detrás de la denuncia por parte de un médico a Josep Garganté se escondía un intento por parte de los poderes fácticos de Barcelona de “criminalizar la lucha de los trabajadores excluidos por la Ley de Extranjería”.
El juicio político a Garganté se produjo unos días después del incidente, cuando el consejal esquivó la reprobación en un tenso pleno del Ayuntamiento de Barcelona. El concejal de la CUP evitaría por un solo voto la reprobación en Comisión de Presidencia; BComú, ERC y CUP votaron en contra de la reprobación, el PSC se abstuvo.
