Después de muchas discusiones y algún retraso, el Ayuntamiento de Barcelona ha cumplido su compromiso de hacer público el patrimonio de los 41 concejales del consistorio. La revista La Veu del Carrer, editada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVVB), publica en su número de mayo, por primera vez, las declaraciones más destacadas.
Los resultados no son, sin embargo, demasiado convincentes. Aunque los concejales se comprometieron a adjuntar la última liquidación de IRPF, del impuesto de patrimonio y del de sociedades, no hay ningún organismo oficial que garantice que lo hayan hecho o que la información aportada sea cierta. Además, casi todos han modificado entre enero y febrero de este año las primeras declaraciones, presentadas a finales del 2012.
Bajo estos condicionantes, destaca el amplio patrimonio inmobiliario del alcalde, Xavier Trias, que también incluye un cuadro del pintor Pere Pruna valorado en 18.000 euros. Por el contrario, el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, sólo declara ser propietario del 50% de un piso hipotecado y el tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, admite haber invertido en preferentes. Joan Laporta, el único concejal que no vive ahora de la política, declara cobrar una retribución anual bruta de 150.000 euros anuales de su despacho de abogados y, entre otras propiedades lujosas, tiene una berlina valorada en más de 100.000 euros.
Seguir leyendo en La Veu del Carrer.
Después de muchas discusiones y algún retraso, el Ayuntamiento de Barcelona ha cumplido su compromiso de hacer público el patrimonio de los 41 concejales del consistorio. La revista La Veu del Carrer, editada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVVB), publica en su número de mayo, por primera vez, las declaraciones más destacadas.
Los resultados no son, sin embargo, demasiado convincentes. Aunque los concejales se comprometieron a adjuntar la última liquidación de IRPF, del impuesto de patrimonio y del de sociedades, no hay ningún organismo oficial que garantice que lo hayan hecho o que la información aportada sea cierta. Además, casi todos han modificado entre enero y febrero de este año las primeras declaraciones, presentadas a finales del 2012.