Los estira y afloja sobre el roaming en Bruselas son sólo un éxito relativo para los consumidores europeos o para nuestros representante y, al mismo tiempo, una muestra perfecta de cómo el poder de las grandes corporaciones, y de sus lobbies de presión, influye sobre decisiones que deberían ser únicamente políticas.
Nos remontamos a los inicios. Hace más de 10 años que la Unión Europea, en beneficio de los consumidores y de la lógica de un mercado común y sin fronteras, se enfrenta al poderoso lobby de las operadoras de telefonía por su voluntad de acabar con el roaming.
En octubre de 2009 el Tribunal de Justicia de la UE señaló que Bruselas podía imponer límites a los precios de las llamadas en itinerancia en contra de la impugnación que habían hecho las cuatro grandes operadores de telefonía: Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile y Orange a la norma que la UE había aprobado en junio de 2007, y que marcaba una rebaja de precios de hasta el 70% en el roaming entre países europeos que debía aplicarse paulatinamente hasta 2009.
Antes las operadoras obtenían beneficios de más del 200% en llamadas emitidas y hasta el 300 i 400% en las recibidas. El Tribunal consideró los precios abusivos y una auténtica penalización a la actividad económica transfronteriza. Por ello, actuó en defensa de los consumidores y como medida de protección del mercado interior, para garantizar la libre circulación de mercancías, bienes y capitales y su unificación. Con la nueva legislación, el precio de las llamadas en itinerancia fue bajando paulatinamente desde 2006 hasta 2009 cada 1 de julio, pero no desapareció.
Ahora hace tres años, en septiembre de 2013, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, presentó un nuevo proyecto de regulación del mercado que quería acabar definitivamente con el roaming en la UE. Proponía julio de 2014 como fecha máxima para acabar con el sobrecoste al recibir llamadas y 2016 para ir poniendo fin gradualmente al coste añadido para el resto de opciones (datos y hacer llamadas). El proyecto de la Comisión debía debatirse en el PE y pactarse con el Consejo; todos eran conscientes de que el sector haría todo lo posible para rebajar la regulación. Kroes les pidió tenerla a punto en mayo de 2014, antes de las europeas. El objetivo era complicado por la burocracia comunitaria y porqué afectaba a un sector tan poderoso como el de las telecomunicaciones.
En marzo de 2014 la Comisión de Industria aprobó el paquete legislativo que debía prohibir el roaming como máximo en diciembre de 2015. Las grandes operadoras se quejaron argumentando que la bajada de ingresos les impediría poder hacer las Inversiones necesarias para las nuevas redes de fibra óptica. En abril la eurocámara aprobó por amplísima mayoría la desaparición de los cargos por itinerancia desde otros países de la Unión que debería haber desaparecido del todo en diciembre de 2015.
Pero el Consejo europeo (la representación de los estados miembros), bajo la presión de las operadoras, consiguió dar marcha atrás revocando la decisión de la eurocámara, demorando el fin de la itinerancia hasta como mínimo mediados de 2018. Además, el lobby de las compañías consiguió que, en lugar de poner fin al recargo, las operadoras ofrezcan a algunos clientes un ‘paquete básico de roaming’ que incluye el servicio desde el extranjero por un tiempo limitado. Es lo que ahora las compañías están publicitando como ‘ofertas sin roaming? (sic). El nuevo acuerdo acaba diciendo que la Comisión evaluará a mediados de 2018 si es necesario, o no, acabar con el roaming.
¿Cuáles han sido los argumentos de las operadoras para presionar hasta conseguir llegar a este punto? Amenazas de subida de tarifas, menos inversión en infraestructuras de banda ancha, menos oferta de puestos de trabajo...
Por otro lado, las compañías se guardaron un as en la manga. Habían acordado que podrían aplicar el recargo cuando su abonado pasara más de 30 días seguidos fuera del país donde se había contratado la línea, o bien un total de 90 días en todo el año. Esgrimían que se trataba de una medida para evitar la competencia entre países para atraer clientes. También se puede leer como una traba a la unificación del mercado de las comunicaciones, clave hoy para la Unión Europea si pretende de verdad seguir adelante con su proceso y sobrevivir en la economía globalizada.
Una vez más, el poder de las corporaciones parecía que se había impuesto a la lógica de los derechos de los consumidores y de un proyecto político, el de la federalización de Europa, o al menos el de su núcleo ‘duro’. Pero el fuerte rechazo de la opinión pública y de parte de la izquierda en el PE ha obligado a la Comisión a dar marcha atrás; Juncker, su presidente, se ha esforzado en afirmar que la idea era sólo una posibilidad y que la desaparición de los cargos por itinerancia es prioritaria en su agenda.
Una agenda, la de Juncker y la de la propia Unión Europea, que después de muchos descalabros que han menguado su reputación necesita de golpes de efecto que la hagan atractiva a los ojos de los ciudadanos. Para intentar que crean, de nuevo, que la UE no es una plataforma de defensa de los intereses de corporaciones y poderosos, sino la mejor y mayor idea surgida hasta ahora en el mundo contemporáneo para defender los derechos de sus ciudadanos. De todos.
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