Una macroinvestigación secreta de más de dos años, con decenas de pinchazos telefónicos, balizas en coches y hasta con un sistema para acceder al móvil de los investigados sin su conocimiento. Así se puede definir la causa del ‘CNI catalán’, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y que indagó en la actividad del entorno de Carles Puigdemont en Bélgica y, en concreto, del Consejo por la República, un organismo privado creado por el expresident.
elDiario.es ha tenido acceso al sumario del caso, que arranca en diciembre de 2018, cuando hacía un año que el expresident se encontraba en Waterloo. Según fuentes jurídicas, no consta que a día de hoy el juez haya citado a declarar a los investigados y la causa se encuentra paralizada, si bien formalmente no se ha archivado. El juez define en uno de los autos la causa como una investigación sobre “la continuación de actividades sediciosas” tras el otoño soberanista de 2017.
El punto de partida es un informe de la Guardia Civil en el que los investigadores exponen que han tenido conocimiento de una reunión en noviembre de 2018 de 14 personas, entre ellas un mosso d’esquadra y dos policías locales, que conforman un grupo autodenominado ‘CNI catalán’. A partir de entonces empiezan los pinchazos telefónicos a los 14 asistentes a la reunión, que se van prorrogando durante meses. Los investigadores también realizan seguimientos a pie de calle y documentan reuniones de algunos de los miembros del grupo con la dirección de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
En los mensajes intervenidos un empresario que fue en las listas de Junts per Catalunya en las elecciones de 2017 asegura que ha intentado trasladar un plan al entonces president de la Generalitat, Quim Torra, para que, con la colaboración de los Mossos, haya un grupo que se sitúe entre manifestantes violentos y la policía para evitar disturbios. El plan no pudo materializarse “por poca anticipación”.
Gracias a dos pinchazos telefónicos las pesquisas se enfocan rápidamente hacia el entorno de Puigdemont en Bélgica. Una de las investigadas asegura que ha hablado con Lluís E., un mosso d'esquadra escolta de Puigdemont acusado en otra causa, y que éste le ha dicho que “moverá a mossos de su confianza” para el plan para evitar disturbios.
En otra conversación transcrita por los investigadores, uno de los integrantes del ‘CNI catalán’ habla con el exconseller de Cultura Lluís Puig, que también permanece en Bélgica junto al expresident y se ofrece a “cooperar con Waterloo en lo que sea necesario”. En la charla también hablan de Jaume C., un informático que estuvo vinculado a Puigdemont en sus primeros años en Bélgica.
La aproximación al entorno de Puigdemont en Bélgica se combina con apreciaciones de la Guardia Civil sobre la ideología de algunos de los miembros del supuesto ‘CNI catalán’, en especial aquellos que son policías locales o mossos d’esquadra. De un agente de la policía catalana se dice que es un “elemento potencialmente desestabilizador, de riesgo y gravemente subversivo para los intereses del Estado”, mientras que de un guardia urbano de Barcelona se reseña su “extremo grado de animadversión al Estado en general”.
Tras dos meses de intervenciones telefónicas, los investigadores centran las pesquisas en cuatro personas, dos empresarios y dos informáticos que, según la Guardia Civil, “están ultimando las plataformas digitales para poner en funcionamiento el Consejo por la República y la república catalana digital, ente ideado, instrumentalizado y articulado por parte de los políticos prófugos como requisito inicial para conseguir una desconexión con el Estado”. Las intervenciones de las comunicaciones sobre estos cuatro investigados se intensifican a partir de marzo de 2019.
Un ‘software’ para entrar en el móvil de los encausados
Los tomos del sumario constatan que, en la práctica, es la Guardia Civil quien guía las pesquisas. Son los informes del Instituto Armado los que proponen las intervenciones telefónicas y la instalación de un ‘software’ a cuatro de los encausados que permite “de forma remota y telemática, el examen a distancia del contenido del dispositivo móvil sin conocimiento del investigado”. Posteriormente la Fiscalía de la Audiencia Nacional informa a favor de las distintas intervenciones, y el juez García Castellón las autoriza empleando, en ocasiones literalmente, los mismos argumentos que el Instituto Armado y el Ministerio Público.
La Guardia Civil hace constar que la instalación del ‘software’ permite acceder a las llamadas, las cuentas de correo electrónico asociadas al teléfono, el historial de navegación web, las comunicaciones de aplicaciones como Whatsapp y todos los archivos del móvil, así como a su geolocalización. También precisa que el programa permite la “posibilidad” de activación del micrófono del móvil sin que su usuario lo sepa.
Desde marzo de 2019, el juez autorizó el uso de este “troyano” –así lo titula el instructor en uno de los autos– en el móvil primero de uno de los cuatro investigados y después de los otros tres. En uno de los investigados los agentes encuentran que el teléfono es “inaccesible” debido a “condicionantes técnicos y de seguridad” y no pueden ‘hackear’ el terminal a distancia.
En otros casos sí tienen más éxito y pueden acceder a multitud de archivos, conversaciones y mensajes. Así ocurrió con uno de los empresarios investigados, de quien se adjuntan conversaciones en 2018 y 2019 por la aplicación Signal con dirigentes de Junts per Catalunya como la diputada en el Congreso Miríam Nogueras, el entonces president Quim Torra o el actual diputado del Parlament Francesc de Dalmases. Las conversaciones versan sobre el juicio del procés que entonces se celebraba en el Tribunal Supremo. También se hallan billetes de avión y rastro de conversaciones sobre un viaje a Waterloo del empresario que, según los investigadores, sirvió para presentar al expresident “una propuesta de consenso para bloquear parlamentariamente el Estado y generar una situación de desgobierno”.
La interceptación total de los teléfonos se combina con otras pesquisas, como el mandamiento a una compañía aérea para saber quién pagó el viaje a Bélgica de dos de los informáticos investigados el 14 de febrero de 2019. Los investigadores descubren que el viaje lo pagó Jaume C., el informático del entorno de Puigdemont, que también pagó otro vuelo en mayo del mismo año al sargento que hacía labores de escolta del expresident y a otras cuatro personas.
Todo ello lleva a la Guardia Civil a concluir que los dos informáticos investigados mantienen una “directa implicación en la estructura de aparato digital impulsada por la dirigencia en rebeldía del procés, cuya finalidad se orienta a conformar una estructura virtual paralela al Estado, que de ser firmemente puesta en marcha podría alterar gravemente y perjudicialmente la estructura del Estado”. No hay rastro en el sumario de un eventual flujo de dinero público de la Generalitat hacia la estructura de Puigdemont en Bélgica.
Un grupo de informáticos, último objetivo
Las pesquisas continúan hasta septiembre de 2020, cuando la causa se enfoca hacia otro grupo de informáticos que, según la Guardia Civil, también cooperan con Puigdemont para “la consecución de la república digital”. Se trata de nuevo informáticos e ingenieros, entre ellos uno de los autores del posterior informe de Citizen Lab sobre el uso del programa espía Pegasus en decenas de independentistas.
El vínculo que la Guardia Civil realiza entre los informáticos y Waterloo es el viaje de dos de ellos a Bélgica en 2019. “Se infiere que el motivo del viaje fue el de presentar el proyecto Vocdoni a Carles Puigdemont y autorizar su difusión pública”. Vocdoni –votar en esperanto– es una aplicación que permite realizar consultas mediante sistemas de identidad digitales, lo que el Instituto Armado encuadra dentro del plan soberanista. Se puede descargar en la 'Store' de Google.
Tras un primer análisis de la empresa, los investigadores hallan distintas ramificaciones de la firma en Estonia así como un “entramado financiero de fondos de origen desconocido y contrarios a la lógica mercantil”. De esa premisa, sin más datos, los investigadores deducen que la aplicación “podría ser utilizada en un referéndum de autodeterminación ilegal”. Del análisis del teléfono de uno de los informáticos el Instituto Armado también reseña potenciales “socios” de la empresa de Vocdoni como la Open Society, Òmnium Cultural y la ANC.
A petición de la Guardia Civil, el juez García Castellón acordó en septiembre de 2020 requerir a la Seguridad Social los respectivos informes de vida laboral y enviar una petición de auxilio a Estonia para recabar los datos financieros de la empresa de Vocdoni. También solicitó a Google “cuántos datos obren en sus archivos” sobre Vocdoni, sin que conste respuesta del gigante informático estadounidense.