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Varios colectivos del movimiento por la vivienda ocupan el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona

Ocupación Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.

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Varios colectivos barceloneses como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Barrio del Poble Sec han ocupado esta tarde el edificio que el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona tiene en la calle Valencia para exigir que se de marcha atrás con el nuevo protocolo de Alojamientos Temporales de Urgencia.

Decenas de personas han irrumpido en el edificio municipal poco antes de las 18h con pancartas y tambores, y han colocado una mesa informativa en el exterior para explicar su protesta y bajo una gran pancarta que reza “Hostal Collboni”.

Denuncian la “sistemática y generalizada” expulsión de los vecinos de la ciudad, a la que acusan directamente al Ayuntamiento de Barcelona “aplaudido por rentistas inversores, el sector turístico y los especuladores” a quienes, según afirman, el alcalde Jaume Collboni coloca una “alfombra roja”.

Precisamente la semana pasada, Collboni anunció que eliminará los 10.000 pisos turísticos de Barcelona en cuatro años a la vez que confirmaba la modificación del conocido como ‘reserva del 30%’, que es la obligación aprobada en 2018 de que todas las nuevas promociones privadas incorporen ese porcentaje de pisos sociales en el inmueble.

El protocolo cuestionado por varios colectivos sociales de la ciudad de Barcelona, entre los que se incluyen sindicatos de vivienda, inquilinos, colectivos de migrantes o de trabajadores del hogar y de hostelería, modifica el realojamiento de los vecinos desahuciados de sus viviendas en habitaciones de hostales y pensiones, algo que estos vecinos ya consideran inaceptable, y limita estas estancias temporales a periodos de entre 15 días y seis meses.

Los colectivos que han ocupado el edificio municipal critican también las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento en los últimos tiempos, como el Plan Endreça o los macroeventos, además del protocolo ya mencionado, pero también el “desmantelamiento” del 30% de reserva para vivienda protegida en las nuevas construcciones.

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