El Consejo de Garantías avala la ley del catalán pactada por PSC, ERC, Junts y comuns

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado la ley del catalán pactada por PSC, ERC, Junts y comuns en el Parlament al concluir que la norma no vulnera ni la Constitución ni el Estatut al reconocer el castellano como lengua de uso escolar –sin explicitar que sea vehicular– y al no establecer porcentajes de catalán y castellano en la escuela.

Vox, Ciudadanos y el PP registraron una solicitud para que el CGE se pronunciara sobre la ley, en un intento de retrasar su aprobación a la espera del dictamen. Una vez avalada, la ley se votará este miércoles en el pleno. Según se desprende del dictamen del CGE, la ley propuesta no vulnera los artículos 3 y 27 de la Constitución ni los artículos 6 y 35 del Estatut, tal y como habían planteado los partidos de derecha y ultraderecha.

El aval del CGE a la normativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la censurara y considerara que no servía para dar cumplimiento a la sentencia por la que ordenó al Govern implantar el 25% de castellano en todos los colegios catalanes. El TSJC valoró que el plan de modificación de la ley de Política Lingüística pactado por PSC, ERC, Junts y comuns que el Govern adujo para dar por cumplida la sentencia ya que no incluía porcentaje alguno.

Después el Govern varió su posición y el pasado martes comunicó directamente al TSJC que ya no podía cumplir de ninguna manera con la sentencia, un alegato que todavía está pendiente de recibir respuesta de los magistrados. En paralelo ya han empezado a registrarse las primeras querellas y denuncias contra los responsables educativos de la Generalitat.

Las nuevas normativas marcan los objetivos y condiciones con los que todas las escuelas catalanas públicas y concertadas deberán elaborar sus proyectos lingüísticos y en el que se rechaza de forma directa aplicar porcentajes fijos de castellano. Entre los criterios que el nuevo decreto del Govern marca aparecen la necesidad de que los alumnos adquieran dominio pleno tanto en catalán como castellano, también la consideración del catalán como lengua vehicular y de uso normal, o la necesidad de hacer un análisis socio-lingüístico del entorno de cada escuela para elaborar determinar el proyecto lingüístico del centro.

Pero, además, en el apartado cuatro el documento señala “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”, un punto que choca con la sentencia del TSJC y los diversos requerimientos del tribunal para que se introduzca ya el mínimo de castellano.