El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido un dictamen no vinculante sobre la ley de vivienda recientemente aprobada en el Congreso, concluyendo que algunos de sus artículos resultan inconstitucionales y contrarios al Estatut. Las conclusiones, que en algunos puntos ha contado con el voto particular contrario a dos miembros del CGE, remarcan que la norma estatal vulnera competencias de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo o el principio de autonomía financiera. Este dictamen había sido solicitado para que el pleno del Parlamento pueda votar el próximo día 1 de septiembre si presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, solicitud que ha llegado a la cámara a petición de Junts per Catalunya.
Las conclusiones del informe del CGE, firmado el pasado 3 de agosto y hecho público este viernes, aseguran que al menos 8 artículos, completos o en alguno de sus puntos, así como dos disposiciones transitorias de la ley “vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda, recogida en el artículo 137.1 del Estatuto, y no encuentran amparo en el artículo 149.1.1 ni .13 de la Constitución”.
El CGE también considera que “la disposición final séptima, apartado 1, de la Ley 12/2023 es contraria al Estatuto y la Constitución en la medida y alcance que lo son los preceptos que se amparan en los títulos habilitantes que se contienen y que hemos considerado contrarios al Estatuto ya la Constitución en las conclusiones precedentes”.
Por el contrario, en un voto particular, la vicepresidenta del CGE, Maria Jesús Larios Paterna, y el consejero Eduard Roig Molés consideran que “los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Ley se amparan en el mismo título competencial de los apartados 2 y 3 de este artículo y su adopción por parte del Estado no vulnera las competencias de la Generalitat y es conforme con la Constitución y el Estatut”. “En conclusión, discrepamos de la declaración de inconstitucionalidad adoptada en las conclusiones primera y segunda del Dictamen”, concluyen en su voto particular.
Emitido este dictamen, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ya ha convocado el pleno de la cámara catalana para el día 1 de septiembre, donde se debatirá y se votará la posibilidad, apuntada por Junts, de que se lleve la ley de vivienda española en el TC a través de un recurso de inconstitucionalidad.