Denuncia por coacciones a agentes de Policía Nacional por captar infiltrados en movimientos sociales
Quim Gimeno, el activista que ha denunciado esta semana en La Directa que dos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado le habrían ofrecido trabajar como infiltrado en movimientos sociales de Barcelona, ha presentado una querella por coacciones. “Vi que se me ofrecía influencia y que si no aceptaba también se me podía girar en contra”, explica Gimeno en relación a la oferta de una de las personas que se presentaban como agentes de seguridad del Estado para interceder ante el Fiscal en cuanto a la acusación contra el activista por el caso Pandora.
Andrés García Berrio, miembro del centro de derechos humanos Iridia y, junto a Montserrat Fernández, abogado de Gimeno, considera que “está avalado por la legalidad que haya infiltrados en organizaciones que se consideren que pueden tener una actuación delictiva, pero lo que no está avalado es hacer un proceso de presión y coacciones contra una persona, que puede tener consecuencias positivas o negativas, para coartar su libertad y hacerla hacer cosas que no quisiera”.
Más allá del delito de coacciones, García Berrio asegura que la fiscalía estaría obligada a investigar otros delitos que se hayan podido producir, por ejemplo, si se presionó al Fiscal para que modificara la situación procesal del Gimeno en la causa que tiene abierta. “Queremos que se investigue no sólo a estos dos agentes sino quién está dando órdenes y todo este modus operandi, queremos que se averigüe todo, pero habrá que ver la colaboración o no de los jefes políticos o policiales”, añade.
Un caso que no es puntual
La querella presentada identifica al hombre que se presenta como un superior de los servicios de seguridad del Estado con un agente de la Policía Nacional, reconocido por testigos implicados en casos similares. El exdiputado y periodista de La Directa David Fernández asegura que han reconocido el agente, que ya fue portada del semanario hace ocho años, y que se hacía llamar Jordi, un inspector de la brigada provincial de información de la Policía Nacional, que investigó movimientos sociales en Barcelona y, según testimonios recogidos por el semanario, buscaba infiltrados hasta el despliegue de los Mossos d'Esquadra en la zona de Barcelona. “Hace 17 años que revienta la intimidad y la privacidad de la gente en movimientos sociales”, asegura.
García Berrio señala que, a través de las conversaciones grabadas y las descritas por Gimeno, “podemos concluir que no estamos ante una mala praxis puntual, esperamos que el juzgado de instrucción haga la investigación adecuada para identificar quiénes son estas dos personas que forman parte de los cuerpos de seguridades del Estado”.
Desde el ateneo La Base, objeto del interés de los agentes según una nueva grabación publicada este miércoles por La Directa, declaran que este caso lo que hace es corroborar hechos que ya conocían, como la existencia de ficheros policiales. “Se trata de un ataque despreciable a todas aquellas que nos organizamos por otras formas de vivir”, asegura una portavoz del colectivo. “Tenemos claro que no se trata de La Base, somos unas entre miles de personas que se organizan y cualquier persona podría llegar a verse afectada”, añaden.
