De desahuciados en una noche de pandemia a volver a casa entre aplausos: el día que los Condori consiguieron un alquiler

Ruth Rebeca Condori y sus tres hijos de seis meses y seis y 11 años fueron este jueves víctimas de un desahucio. El lanzamiento se practicó a última hora de una tarde de pandemia, a pocas horas del comienzo del toque de queda obligatorio, y dejó unas fotografías tan duras que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Las muestras de apoyo dieron fuerza al sindicato de vivienda de Nou Barris y a la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana, que han luchado codo con codo con la familia y que desde el jueves por la noche no pararon hasta conseguir que el BBVA, banco propietario del inmueble, se sentase a negociar.

La historia de Ruth acaba bien. Este viernes por la tarde el BBVA ha aceptado que vuelva al piso con un alquiler social y ha reconocido que nunca debió practicarse el desalojo, puesto que se trata de una familia vulnerable. Ruth Rebeca ha pasado en pocas horas de ser la cara de la crueldad de los desahucios a un nuevo símbolo del 'sí se puede' de la pandemia. Pero en realidad, la historia continuará para otros y será para mal. En el barrio de Ciutat Meridiana esperan, solo para la próxima semana, cuatro desahucios, de los que probablemente no haya fotos que consigan ablandar el corazón de la opinión pública, los bancos y las instituciones.

La familia Condori, compuesta por la pareja y los tres menores, llegó en 2018 al barrio que aparece siempre entre las zonas que tienen rentas familiares más bajas de Barcelona. Antes vivía en Badalona, pero el alquiler les había subido a 900 euros y solos no podían afrontarla. Tenían un familiar que vivía en el número 93 de la calle Rasos de Peguera, donde sabían que había otro piso vacío. Así que ocuparon un humilde inmueble, propiedad de un banco y que llevaba años sin inquilino.

En aquel momento la pareja tenía dos hijos, aún no había nacido el tercero, así que los mayores comenzaron a ir a una escuela cercana. “Teníamos planes, queríamos irnos de aquí y buscar un alquiler en otro piso. Lo intentamos pero nada, nos pedían un contrato indefinido y nómina de 1.500 euros. Era imposible”, explica Ruth Rebeca en declaraciones a elDiario.es. Al poco tiempo de estar ocupando, la propiedad de la finca acudió a los tribunales y el procedimiento para desalojar a la familia comenzó en diciembre de 2018. Fue en ese momento cuando Ruth Rebeca entró en contracto con el potente movimiento vecinal y por el derecho a la vivienda de la zona.

“No sabía la fecha del desahucio. Tenía una sentencia diciendo que tenía que salir, pero como la tiene la mayoría de la gente por aquí”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo. “Tenemos unos 250 o 300 pisos ocupados por familias. Es normal, porque hay muchos pisos vacíos y muchas familias sin casa”, apunta el activista. La asamblea del barrio reúne semanalmente a más de un centenar de vecinos, que tratan sobre todo tipo de problemas que afectan a la comunidad.

En estas reuniones, Ruth es una más desde 2018. “Nos ayudamos entre todos, yo les ayudo a ellos y ellos hoy me han ayudado a mi”, explica con evidente emoción la mujer con su hijo en el regazo. Tanto la primera tarde, para intentar parar el desalojo, como el viernes para celebrar su vuelta al piso, delante del portal de Ruth había decenas de personas.

Ciutat Meridiana, un barrio construido para albergar a las oleadas migratorias de los años 60, fue uno de los más castigados por la crisis entre 2007 y 2014. Tanto que la zona fue bautizada con el gráfico sobrenombre de 'Villa Desahucio'. Aunque el final de la crisis aminoró el problema, los desahucios nunca se han ido del todo. Y, recientemente, han vuelto a ser una realidad casi diaria. “La semana pasada tuvimos cinco desahucios, y esta hemos tenido cuatro… algunos los paramos y otros no”, explica Bravo.

Ruth Rebeca sabía que su desalojo podía llegar en cualquier momento, pero nada le hacía suponer que fuese este jueves. No había recibido ninguna notificación de su abogada de oficio. Salió de su casa por la mañana, dejó a los críos en el colegio y la guardería y, se marchó a cumplir con la que es su principal actividad laboral. Aunque tanto ella como su pareja se dedican habitualmente a las atracciones de feria, la crisis de la COVID-19 ha paralizado el sector, por lo que ambos han pasado meses sin ingresos. Pero tras el fin del confinamiento ella se puso a cuidar de un hombre enfermo, un trabajo por horas y sin contrato. De esta faena volvía a su casa, después de recoger al pequeño, cuando observó que alguien había entrado y cambiado la cerradura.

La cabeza de la familia optó por acceder a su casa. Antes que eso, llamó a sus compañeros de la Asociación de Vecinos, que comenzaron a acudir a la inmediaciones. Ruth Rebeca también fue a recoger a los otros dos niños. Los tres juntos subieron al piso y cerraron la puerta, pero los representantes de la propiedad que habían estado por la mañana junto a la comitiva judicial habían dejado una alarma silenciosa, que fue la que alertó a los Mossos. Según informaba este viernes por la mañana el comisario jefe Eduard Sallent, el aviso llegó a la central de la policía catalana a las 17:30 horas, por lo que enviaron varias patrullas.

Lo que sucedió a continuación es lo que en 'Villa Desahucio' ven un día sí y otro también. Fuerte dispositivo de los Mossos, forcejeo con los activistas que tratan de evitar que entren, violencia para dispersarlos. Varios vecinos se mostraban este viernes indignados por la fuerza con la que habían actuado los policías, cuando a su juicio no hacía falta. “Cuando es para echar a la gente de las casas, van como bestias”, explicaba una mujer que había visto la escena desde su ventana, unos pisos más allá. “Han echado a la calle a una familia con tres criaturas, la más pequeña de seis meses, en pleno toque de queda por una pandemia. Es un crimen”, resume el presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana.

Pero sí hubo un factor diferencial, algo que hizo que el desahucio de la calle Rasos de Peguera destacara. Las fotografías del desalojo, tomadas por la fotoperiodista Lorena Sopêna, eran durísimas y generaron un terremoto en las redes sociales. Ahí aparece Ruth Rebeca, entre policías y con una mascarilla en la boca, cogiendo a su hija pequeña en brazos. A su lado caminan los otros dos, la mediana y el mayor, que aún llevan a la espalda las mochilas del colegio. En otra instantánea, la pareja de Rut, que había estado fuera todo el día pues trabaja por horas haciendo mudanzas, echa la mano sobre la espalda del chaval mayor.

Todos los mecanismos de protección habían fallado en el caso de los Condori. El juzgado y los servicios sociales no se comunicaron, por lo que no había constancia de que se tratase de una familia vulnerable, la abogada no había informado a la familia que sí le había llegado una notificación anunciando su lanzamiento, los Mossos habían actuado por la tarde contra una familia que slo entraba a su casa como si fueran delincuentes. Para la mañana del viernes, la indignación había saltado los muros de Twitter y ya se colaba en algunas informaciones matinales, tertulias y, sobre todo, en la entrevista que el comisario jefe Eduard Sallent daba en la Cadena Ser, donde informa por primera vez de que el desalojo de la tarde se había realizado sin orden judicial.

Finalmente la presión mediática fue tan fuerte que los servicios sociales consiguieron mover este viernes a la entidad, que aceptó la vuelta de la familia al piso esa misma tarde. Fuentes del BBVA explican que esa situación podría haberse evitado si se hubiese aportado un informe municipal certificando la situación económica de la familia. De hecho, desde la propiedad alegan que siempre aceptan la mediación en casos como el de los Condori pero que en esta ocasión simplemente no tenían constancia, ni a través del juzgado ni por parte de las instituciones.

En cambio desde el Ayuntamiento de Barcelona afirman que el banco conocía desde marzo que se trataba de una familia en riesgo de exclusión, pues se le había trasladado esta situación desde los servicios sociales cuando se reclamó un alquiler social. La concejal de vivienda de Barcelona, Lucía Martín, asegura además que ni la familia ni los servicios sociales habían recibido ninguna notificación sobre el desahucio, una práctica del poder judicial que se ha repetido en diferentes casos.

“La familia está en la mesa de emergencia, ha cumplido con todo lo que le han dicho, ha pedido siempre un alquiler social. No se entiende por qué se ha llegado a esto”, asegura Bravo, que considera que el shock para los menores, la violencia sufrida en el barrio y el mal trago de creer que se quedaban sin casa ya es irreparable.

El acuerdo ha precipitado los hechos. En medio de la rueda de prensa que estaba ofreciendo la Asociación de Vecinos, ha aparecido un cerrajero con unas llaves. Tras hablar con Ruth Rebeca un momento para asegurarse de quién era, se las ha entregado y ha subido a desactivar la alarma. La familia Condori volverá a dormir esta noche en el 93 de la calle Rasos de Peguera.

“Estoy bastante contenta, nadie consigue que le devuelvan un piso en 24 horas”, asegura Ruth Rebeca. Ella está convencida de que estar en un régimen de alquiler cambiará su vida. “No se vive bien con todo esto, no sabiendo qué va a pasar”, agrega. Sin embargo, en medio de la alegría, también sabe que su caso puede ser una excepción en Villa Desahucios. “Por eso me gustaría que se entendiera que como yo hay muchos y que hay que encontrar una solución”, apostilla la mujer que acaba de torcer el brazo de un banco.