Mientras dure la pandemia no hay desahucios ni desalojos de viviendas en España. Nadie ha de quedarse sin casa en plena crisis sanitaria. Esta es la teoría. Luego están las vidas como la de Melanie J., obligada a abandonar la habitación en la que se alojaba con su marido y sus dos hijas porque no la podía pagar. La mujer que les subarrendaba les dio cierto margen en marzo, pero no en abril.
La familia de Melanie no sido desahuciada ni desalojada, pero se ha quedado sin su techo de realquiler en pleno estado de alarma, una situación en la que se encuentran cada vez más familias y que empiezan a preocupar a las entidades sociales. Mujeres y hombres, a veces sin hijos, a veces con ellos, casi siempre migrantes sin papeles, que se han quedado de golpe sin ingresos, primero, y casa, después. Trabajan en negro y no ha habido ERTE para ellos, arrendan pequeñas estancias sin contrato y no han tenido moratorias a las que acogerse.
“Los que estamos de realquiler no tenemos derecho a nada. Solamente se preocupan de los que tienen contratos”, se lamenta Maleanie, que a mediados de abril se vio obligada a ocupar un piso en el barrio de Les Corts de Barcelona para que los suyos no se quedaran en la calle. Hasta entonces, vivían en la Florida, en L'Hospitalet, en una habitación a la que habían llegado en enero, después de tener que abandonar en noviembre el piso que compartían con una familiar. Su nuevo alojamiento, una estancia con una sola cama, ropero y cómoda, debía ser para un mes, según quedaron con la que les arrendaba, pero lo alargaron. “Pagué febrero, pero llegó marzo y ya no teníamos para los 450 euros”, relata. Con la cuarentena, su marido dejó de trabajar ayudando a un autónomo en reformas de pisos y, por lo tanto, la unidad familiar pasó de ingresar 40 euros al día a cero.
El alcance de este goteo constante de personas que han tenido que abandonar su piso o habitación subarrendada durante el estado de alarma es una incógnita, pero empieza a haber algunos datos. El Ayuntamiento de Barcelona informó esta semana que más de 300 de las 1.025 personas que habían acudido a sus dispositivos para sinhogar, alrededor del 30%, no estaban previamente en la calle, sino que eran de realquileres, de pisos de familiares, hostales o inmuebles ocupados. Muchos de ellos –un 30% sobre el conjunto de los atendidos en estos centros– de otras ciudades con menos servicios de emergencia.
Se trata sin embargo de recursos individuales, no para familias con hijos, que para el caso de Barcelona se redirigen al circuito habitual de servicios sociales. Melanie, que está empadronada en la ciudad, explica que estuvo llamando durante los días en que se veía con un pie afuera. “Me respondieron que en estado de alarma no te pueden echar, que llamase a los Mossos d'Esquadra, pero no lo hice, porque pensé que iba a ser peor para la relación con la mujer que nos alquilaba”, argumenta.
Al final decidieron ocupar a través de un contacto. Ahora viven en un piso vaciado recientemente por el fallecimiento de su propietaria. Tuvieron un encontronazo con una persona que acudió al piso identificándose como intermediaria, pero al estar los procedimientos judiciales parados en este caso no les pueden desalojar. Desde entonces, esta familia peruana, que llegó a España en 2018, espera la llamada del empleador del marido para que vuelvan a entrar ingresos en el hogar. “Nos ha dicho que quizás en fase 2”, confía esta mujer, que colabora semanalmente como voluntaria en la red vecinal de reparto de alimentos de Sants, a la que llegó en busca de comida para su familia desde al red homóloga de L'Hospitalet.
Precisamente en este barrio, el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) trató de evitar el pasado 19 de mayo el desalojo exprés de una pareja, con la mujer embarazada, que había accedido horas antes a unos bajos tras ser expulsadas de una habitación de realquiler. Pagaron 1.500 euros a un hombre por las llaves del local y, poco después, un dispositivo de los Mossoss d'Esquadra les devolvió a la calle.
Los que se quedan acumulan deuda
Andrea y Llum, activistas miembros del GHAS, recuerda que el problema de los realquileres existe desde hace años en una ciudad donde alcanzar el estatus de inquilino no solo requiere documentación en regla, nóminas y avales, sino la capacidad de pagar 1.000 euros al mes según el precio medio actual. “No tener un contrato de alquiler es como no tener uno laboral. No te llegan los subsidios ni te puedes permitir hacer huelga. No existes”, denuncian, y reconoce que incluso a entidades como la suya llegan estos casos cuando ya están en la calle.
Lo peor, de hecho, está por llegar. Càritas Diocesana, que tienen un equipo de mediación en materia de vivienda, señala que la mayoría de las 160 llamadas que han recibido estos meses en la zona de Barcelona han sido por realquileres. Sonia Lacalle, abogada de la entidad, explica que en muchos casos han conseguido convencer al subarrendador de que no los eche en medio de una pandemia. Pero la deuda sí la acumulan. “Cuando se reclamen estas deudas de dos meses y la gente siga sin trabajo es cuando vendrá el problema grave”, advierte.
La entidad elaboró un informe en 2017 en el que estimaba que en su diócesis –que incluye Barcelona y 25 municipios– hay unas 4.500 personas viviendo de realquiler, pagando entre 300 y 700 euros por habitaciones. Lacalle añade que otras situaciones con las que se han encontrado es la de familias que han optado por salir por su propio pie para no acumular deuda o situaciones de tensión y violencia derivadas del confinamiento. “Una mujer que alquilaba una habitación fue agredida porque pensaban que estaba contagiada con el virus. Se fue a los Mossos, y estos la acompañaron de vuelta a su casa porque no tenía adonde ir”, denuncia la abogada.
“No había nadie por la calle. Mis hijos lloraban”
Marta y sus tres hijos encajan en uno de estos perfiles. Vivían también en L'Hospitalet, en casa de una conocida que les cobraba 300 euros al mes por una habitación mientras su marido trabajaba en Madrid de peón de obra. “No pagué marzo y me dijo que me iba a acumular abril. Así que me fui. Me metí en un piso de ocupa que me ofreció un conocido”, relata. Fue la primera semana de abril, que llovió casi cada día, cuando hicieron el traslado. “Fue terrible. No había nadie por la calle. Mis hijos lloraban, íbamos con nuestra ropa y algo de comida. Pasamos mucho miedo”, relata por teléfono esta mujer, que prefiere dar un nombre falso.
Asociaciones y sindicatos de vivienda de distintos barrios de Barcelona, desde el Raval hasta Ciutat Meridiana, y también del área metropolitana, aseguran haber tenido constancia de personas que han perdido su realquiler desde el pasado 13 de marzo. “Nos han llegado casos de bloques de pisos enteros que están subarrendados por unas sola persona”, aseguran desde el Sindicat d'Habitatge del Raval.
A este grupo se acercó Suleiman, vecino del barrio de origen pakistaní, cuando estuvo al borde de perder su habitación. De sus dos compañeros de piso, él y otro se quedaron sin trabajo y sin ahorros para pagar. “El que nos alquilaba nos presionaba para que pagásemos o nos fuésemos, porque él tenía que pagar luego la propietario y decía que no tenía margen”, recuerda este taxista, que trabaja de asalariado para otro taxista y que fue despedido durante los primeros días de la epidemia. Al final, logró negociar con su casero una rebaja y aplazar pagos hasta que cobrase por primera vez la prestación de desempleo, que fue hace días.
“El Ayuntamiento de Barcelona no tiene respuesta para toda esta gente. ¿Dónde están los pisos turísticos que se anunciaron para familias vulnerables?”, se preguntan desde el Sindicat de l'Habitatge de Barcelona.
La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, anunció la cesión de 200 apartamentos por parte de la patronal del sector que al final no se acabaron usando porque el acuerdo contemplaba un pago de más de 1.000 euros al mes por piso. Desde entonces, el consistorio está negociando con propietarios para poder usar sus viviendas no para la actual emergencia sanitaria, sino durante un período más largo. Pero de momento no hay acuerdo. “Nos encontramos con resistencias por su parte a destinar a familias con hijos unos pisos que están vacíos, en plena emergencia habitacional. Tendrían garantizado el pago con avales y gastos de comunidad, pero se ponen de perfil”, lamenta la concejal de Vivienda, Lucía Martín.
Esta semana el Ayuntamiento envió una carta al Gobierno de Pedro Sánchez pidiéndole que lidere un Pacto de Estado por la vivienda. Martín recuerda además que el consistorio ha multiplicado su inversión en servicios sociales para contener la demanda de ayudas sobre todo a la alimentación y la vivienda. De las 9.200 ayudas económicas gestionadas en los últimos dos meses, por un montante de 3,9 millones de euros, el 20% eran para problemas de vivienda y el resto para comida.