Una botella de dos litros de refresco costará hasta 24 céntimos más con el impuesto al azúcar de Catalunya
Quien compre una bebida con azúcar en Catalunya tendrá que pagar un impuesto. La Generalitat de Catalunya ha gravado, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adquisición de bebidas azucaradas envasadas, desde la Coca-Cola hasta las bebidas energéticas. El Ejecutivo ha incluido el impuesto en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017 que presentará en el Parlament en las próximas semanas. Según se detalla en el texto, la razón para crear este tributo son los efectos del azúcar en la salud de la población.
En concreto, el tipo de gravamen del impuesto se ha situado en ocho céntimos por litro para las bebidas con un contenido de azúcar de entre cinco y ocho gramos por cada 100 mililitros. A partir los ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros, el consumidor pagará doce céntimos por litro.
Por otro lado, los encargados de facilitar la recaudación del impuesto a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) serán las empresas distribuidoras de las bebidas. La Generalitat prevé ingresar 41,3 millones de euros cada año con la medida, que serán 31 en 2017 porque el impuesto no pondrá entrar en vigor el próximo 1 de enero debido a la tramitación parlamentaria de las cuentas.
Azucaradas y envasadas
¿Qué es una bebida azucarada para el Govern? Además de productos tradicionales, como la Pepsi o la Fanta, el nuevo gravamen afecta a los refrescos o sodas, es decir, las bebidas con gas o sin gas preparadas para venderse. Eso sí, siempre que vayan envasadas en botellas o latas. Pero también quedarán incluidos en el impuesto las bebidas de frutas azucaradas, las que se comercializan para tomar después de hacer deporte, las bebidas energéticas, las leches “endulzadas o alternativas a la leche” y el té y el café “con edulcorantes calóricos añadidos”.
El proyecto de ley indica que las empresas tendrán que repercutir el impuesto al consumidor final de la bebida, por lo que la versión light o sin azúcar de algunas bebidas, como la Coca-Cola, sería más barata que la normal. Tanto la zero como la botella de Coca-Cola de dos litros costaban 1,41 euros este miércoles en un supermercado del centro de Barcelona. Si se implanta el impuesto, la zero mantendría el mismo precio, pero la botella normal de dos litros pasaría a costar 1,65 euros, un incremento del 17%.
Este porcentaje se sitúa cerca del mínimo del 20% con el que la OMS recomendó aumentar el precio de venta de refrescos y zumos. El objetivo de la organización es que disminuya el consumo de azúcares libres, el principal factor que influye en el aumento de la población con obesidad y diabetes. México ya aplica un impuesto extra a las bebidas no alcohólicas con azúcares añadidos y Hungría grava los productos con altos en niveles de azúcar, sal o cafeína. Otros como Reino Unido, Sudáfrica o Filipinas han anunciado que lo harán próximamente. Portugal también ha proyectado una tasa similar ante la que Coca-Cola ha sugerido que podría suspender la inversión en una nueva planta.
El impuesto a las bebidas azucaradas era una de las medidas para traer más ingresos a las arcas de la Generalitat y fomentar hábitos de vida saludables que se barajaban desde hace años. No obstante, los gobiernos de Mas no lo implantaron por las suspicacias que levantaba entre la industria del sector.
Los pisos turísticos, como los hoteles 5 estrellas
Otro de los cambios incluidos en la ley de acompañamiento es el incremento de la tasa turística que pagarán los pisos turísticos de Barcelona. Pasarán a tributar como los hoteles de cinco estrellas de la capital catalana, es decir, a 2,25 euros por noche. Las pernoctaciones en los hoteles de cuatro estrellas tendrán una tarifa de 1,10 euros por noche. La Generalitat prevé ingresar siete millones más con los cambios en la tasa, que una vez se apruebe la ley también pagarán los cruceristas que pasan menos de 12 horas en Barcelona.
Además, el proyecto de ley también crea la figura del “asistente de recaudación” para que las plataformas tecnológicas que anuncian pisos turísticos, como Airbnb, colaboren con la Generalitat para recaudar la tasa turística. Este modelo ya se aplica en ciudades como París o Amsterdam.
