El plante de una firma fantasma israelí entierra la última venta de patrimonio de la Generalitat
La emblemática Torre Muñoz del Passeig de Gràcia y la sede de Empleo de la calle Sepúlveda de Barcelona quedarán, de momento, en manos de la Generalitat. El último revés a la política de venda de patrimonio público del Govern se ha confirmado este miércoles, la fecha límite que la Generalitat tenía para vender ambos edificios a otro comprador tras el plante de la firma fantasma israelí Nadlan, que no abonó a tiempo el 75% de los 63,5 millones por los que se quedó con los inmuebles. Será el próximo ejecutivo catalán -el actual está en funciones- el que tome la decisión definitiva sobre ambos edificios y la Bolsa de Barcelona, el otro inmueble que se ha quedado sin vender tras tres años de cuestionadas desinversiones patrimoniales de la Generalitat.
Vender sus casas e ir de alquiler: esa fue la decisión de la Generalitat para obtener liquidez y aliviar el déficit de sus cuentas públicas. Desde 2012, el Govern ha obtenido 551,42 millones de euros por la venta de 35 edificios. Pero en muchos casos el ejecutivo tuvo que rebajar el precio de los inmuebles para encontrar comprador. Es el caso del lote de 13 edificios que la Generalitat vendió en 2013 a AXA por 172 millones, cuyo precio de venta inicial era un 21% superior.
Además, hay casos flagrantes de mal negocio: la sede de la conselleria de Territori o la emblemática Casa Burés fueron vendidas por 52 y 18,78 millones, respectivamente, cuando el gobierno tripartito las había adquirido por 60 y 26 millones cada una.
La venta de la Torre Muñoz, ahora anulada, levantó suspicacias entre los sindicatos y la oposición: pese a estar en una de las zonas más cotizadas de Barcelona (el cruce de la avenida Diagonal con Passeig de Gràcia), el Govern la vendió por 41,5 millones, mientras que la operación de venda del inmueble de enfrente, el edifico Deutsche Bank, se había cerrado por 90 millones nueve meses antes.
Además, el comprador, la sociedad Nadlan BCN, controlada por el israelí Morri Benisthy Moshese, se creó ad hoc para la operación. CCOO denunció que la empresa empezó su actividad el 3 de marzo, antes de su constitución legal, que fue el 19 de mayo, una vez ya había empezado el proceso de venta.
El acuerdo incluía que las dependencias de la conselleria de Empresa y Empleo se mantuvieran en los inmuebles, con un alquiler de 122.000 mensuales más impuestos en la Torre Muñoz y de 111.527 euros al mes en la sede de Sepúlveda. El acuerdo del departamento de Economía que anuló la venta abría la puerta a “exigir” el resarcimiento de daños y perjuicios a la firma y a que se prohibieran contratos de Nadlan BCN con la administración catalana en futuras ocasiones, pero también será el próximo ejecutivo el que tome la decisión definitiva sobre esta cuestión.
Ingresa 15,9 millones de los 168 previstos para este año
Ingresa 15,9 millones de los 168 previstos para este añoEn total, la Generalitat preveía ingresar inicialmente 168 millones este año por la venta del edifico de la Bolsa, la Torre Muñoz y la sede de Empleo. Sin embargo, tras el fiasco de Nadlan y que nadie haya querido comprar el inmueble de la Bolsa pese a la rebaja en su precio, solo logrará 15,9 millones, la garantía que había depositado la sociedad israelí.
No es la primera previsión gubernamental excesivamente optimista que no se cumple. En 2014, el director general de Patrimonio hasta este septiembre (dejó el Govern para ir una filial del fondo buitre Blackstone), Salvador Estapé, declaró que preveía ingresar 400 millones millones con la venta de inmuebles. No llegaron a los 300 -en concreto, 285,39.
Otro de los reproches que ha vertido la oposición sobre el Govern es que la política de venta de inmuebles no ha sido transparente, ya que si bien sí se han hecho públicos los precios de venta, Economía no ha especificado el destino concreto de los fondos ingresados. Tampoco consideran del todo transparente el paso posterior a la venta de edificios: el traslado a la denominada 'Ciudad de los Funcionarios' de la Zona Franca, cuya construcción se ha encargado a Zumarán Inversiones, filial de AXA, grupo que compró un lote de edificios de la Generalitat.
De hecho, el Govern vendió como un ahorro el traslado de sus dependencias a un único recinto, ya que comportaría un descenso en los costes directos de alquiler de un mínimo de 40 millones a lo largo de los 20 años que durará el contrato de arrendamiento. No obstante, la oposición censuró que no se incluyeran el impacto que hubiese tenido si el patrimonio público no se hubiese vendido. El plan de racionalización de inmuebles incluía también la venta de la sede de la Hacienda catalana y su traslado a la Zona Franca, una operación que ha acabado en los juzgados.
Por otro lado, al igual que en la desinversión ahora frustrada, la Generalitat incluyó en el contrato de muchas ventas quedarse en los inmuebles a cambio de un alquiler. De cumplirse por completo los contratos de arrendamiento suscritos tras la venta de los inmuebles, el precio de alquiler que pagaría la Generalitat rondaría los 600 millones. “Los edificios se han vendido todos mal. Las ventas no han servido para paliar el déficit y son inmuebles situados en zonas emblemáticas. Los costes de alquiler y recompra serán enormes y sólo se habrá beneficiado al sector privado”, recordaba hace unas semanas el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió.
Pese al fiasco de su última venta, todavía se puede encontrar en la web de la Generalitat el catálogo de edificios que han quedado por vender. “La dirección general de patrimonio de la Generalitat vende los inmuebles directamente, sin intermediarios”, reza el web gubernamental, como si de un anuncio de una inmobiliaria privada se tratara.
