Spanair, el proyecto fracasado de aerolínea catalana, todavía debe 7,19 millones a Hacienda
Uno de los proyectos más controvertidos de la economía catalana de los últimos años aparece en la lista de morosos que la Agencia Tributaria ha publicado este miércoles. Se trata de la aerolínea Spanair, que todavía debe 7,19 millones al fisco. El proyecto frustrado del gobierno tripartito de izquierdas y del primer ejecutivo de Artur Mas para crear una aerolínea catalana suma así otro capítulo en su historial de fracasos.
Y es que la inyección de dinero público a la aerolínea fue constante desde 2009 a 2012. Un informe de la Sindicatura de Cuentas cifró la aportación pública a Spanair entre 211 y 252 millones de euros. El órgano fiscalizador catalán no aportó la suma total de capital debido a la diversidad de sociedades de la administración pública (tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat) que participaron en Spanair y a la combinación de participaciones públicas y privadas. La comisión de investigación que se celebró la pasada legislatura en el Parlament tampoco sirvió para dilucidar la cantidad concreta de dinero público. De hecho, pese a las evidencias, CiU, ERC y el PSC rechazaron que las administraciones públicas tuvieran responsabilidad política en la quiebra de la aerolínea Spanair.
La participación de la administración catalana durante cuatro años en Spanair fue el último intento para salvar a la compañía y, de paso, intentar situar al aeropuerto de El Prat como referencia internacional. Las sucesivas aportaciones a Spanair coincidieron con los primeros recortes de gasto social realizados por el último gobierno tripartito y el primer ejecutivo liderado por Artur Mas.
Los intentos no evitaron el fracaso: Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero de aquel año presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros. El cierre de la aerolínea se precipitó tras la negativa de Qatar Arways a entrar en el accionariado de la empresa, motivada por la denuncia de una asociación de aerolíneas ante la UE para determinar si los recursos públicos inyectados en Spanair podían considerarse ayudas de Estado, vulnerando así las normas de competencia.
Fuentes jurídicas consultadas por Catalunya Plural han explicado que todavía es pronto para deducir quien tiene que pagar la deuda de Spanair con Hacienda, ya que su liquidación todavía se encuentra en los tribunales tras el recurso de los administradores de la aerolínea a la sentencia emitida por el juzgado mercantil 10 de Barcelona el mes de septiembre de 2014.
Los tribunales consideraron culpable el concurso de Spanair y condenaron a la cúpula de la compañía, entre ellos al ex presidente de la compañía Ferran Soriano, ahora director general del Manchester City, y a Avançsa, dependiente de la Generalitat, a pagar solidariamente 10,8 millones de euros. La sentencia también inhabilitó para la gestión de patrimonios ajenos durante 2 años a casi todos los consejeros, entre ellos al propio Soriano, a la empresa de la Generalitat Avançsa, como administrador de hecho de la empresa, a la sociedad Fira de Barcelona y a Inversions Turístiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona.
