El caso Vidal evidencia la dependencia fiscal de la Generalitat con la Hacienda estatal
Fabulación o indiscreción, las palabras del exjuez y ahora exsenador Santiago Vidal han mostrado uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Govern en su apuesta independentista: la recaudación de impuestos. Y es que a día de hoy es la Agencia Tributaria estatal la encargada de recaudar, gestionar y velar para que los contribuyentes paguen la triada de impuestos más importantes –IRPF, IVA y sociedades.
Sólo los anticipos de IRPF y IVA suponen el 60% de los ingresos previstos por la Generalitat en 2017. Por contra, los tributos cedidos y los creados por la Generalitat –Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, medioambientales, centros comerciales, pisos vacíos, pernoctaciones turísticas, ADSL y bebidas azucaradas– suponen un 16% de los ingresos al tener menos contribuyentes.
El fiscalista Josep Guiu recuerda que el tipo de impuestos en manos de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) no proporcionan “datos fiscales de forma masiva”, a diferencia del IRPF, en relación a las personas físicas, o el impuesto de sociedades, en relación a las jurídicas –ambos gestionados por la hacienda estatal. Por ejemplo, la información fiscal más usual que se consigue a través del impuesto de Sucesiones se limita a los datos del piso o la cuenta bancaria heredada, mientras que con el IRPF la administración tiene acceso a un número importante de datos personales y familiares, como el número de hijos.
Guiu añade que la Generalitat podría disponer de más datos fiscales si se cambiara la ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el sistema de cesión de tributos a éstas. Y es que a día de hoy las competencias en la gestión, la recaudación y la inspección del IRPF y el IVA siguen en manos de la Agencia Tributaria estatal.
Por otro lado, tener la competencia en un impuesto no implica siempre gestionarlo: hasta que ERC entró en la conselleria de Economía, la Generalitat tenía externalizada en favor de los registradores de la propiedad la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones. Además, dejaba en manos de la Agencia Tributaria el cobro obligado de los impuestos cedidos a los contribuyentes una vez finalizaba el plazo de pago voluntario, la llamada “recaudación por vía ejecutiva”.
Oriol Junqueras dio la vuelta a esta situación y la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá ambas funciones. El propio Junqueras admitió el año pasado que “la Hacienda murciana está mucho más desarrollada que la catalana”. El objetivo gubernamental es que la ATC gestione todos los impuestos propios y cedidos, es decir, agotar el autonómico antes de dar el salto a la gestión de impuestos como estado independiente.
En este marco hay que situar el anuncio de la Generalitat de este miércoles. En declaraciones a RAC-1, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo programa informático E-Spriu para gestionar los impuestos de los catalanes. El programa empezará a funcionar el 1 de julio con el impuesto de bebidas azucaradas, y le seguirán la tasa turística, el impuesto a los bienes de lujo y el de los vehículos más contaminantes. Todo impuestos sobre las que la Generalitat tiene plenas competencias.
Salvadó no ha escondido el objetivo independentista del nuevo programa “Es un sistema informático diseñado para cualquier tipo de impuesto”, ha asegurado. Los planes del Govern pasan por obtener la información fiscal a partir de los datos de las empresas, como por ejemplo las retenciones que aplican en las nóminas de sus trabajadores. “Las empresas son las que en definitiva proceden al pago de los grandes impuestos que en este momento recauda el Estado. No necesitaremos una base de datos específica”, ha sostenido Salvadó.
Sin embargo, Salvadó no ha indicado cómo obligará a las empresas a proporcionar a la Hacienda catalana la información que ahora dispone la Agencia Tributaria. Este mutismo del Govern sobre un cambio tan fundamental en el día a día de empresas y ciudadanos ha motivado las críticas de la oposición, que ha exigido a Junqueras que comparezca ante el Parlament. “Esperamos que se explique y diga a quién engañan: si a las personas que trasladan esta propaganda o a nosotros cuando dicen que lo que hacen está dentro de la normativa vigente”, ha afirmado Eva Granados, del PSC.
