“Es una detención ilegal; Italia tiene ahora un preso político por culpa de España”. Así ha descrito el ex conseller de Sanidad y eurodiputado de Junts, Toni Comín, la situación de Carles Puigdemont en Cerdeña durante una rueda de prensa telemática con el abogado Gonzalo Boye. “Anoche hablamos mucho con él y se encuentra bien, detenido, a la espera de comparecer ante el juez, que deberá decidir sobre si la detención es correcta”, ha dicho su abogado, Gonzalo Boye. “A partir de ahí, la justicia italiana deberá decidir sobre la euroorden y, nosotros, de aquí a 72 horas, presentaremos unas cautelarísimas ante la Justicia europea”.
Las cautelarísimas que va a presentar Boye tienen que ver con el fallo del 30 de julio pasado del Tribunal General de la UE, en el que rechazaba las cautelares pedidas por Puigdemont contra el levantamiento de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo, en tanto que daba por suspendidas las euroórdenes por estar pendiente de resolución la prejudicial del Supremo sobre las competencias de la Justicia belga para rechazar la extradición del ex conseller Lluís Puig al considerar que el Supremo no es el órgano indicado para llevar el caso.
Así, el vicepresidente del Tribunal General entendía en julio que “mientras el Tribunal de Justicia [de la UE] no se pronuncie en el asunto prejudicial de Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas”.
Además, en tanto que el TGUE daba por hecho que no se podía detener a los líderes independentistas mientras se resuelve el caso de Puig, afirmaba ante la hipótesis de una situación como la que ocurrió el jueves por la noche:“Los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas”.
“Se ha hecho una detención en base a una euroorden que el propio estado emisor ha reconocido que no está activa”, ha afirmado este viernes Toni Comín, en referencia a las alegaciones de la abogacía del Estado, en nombre del Reino de España, ante el Tribunal con sede en Luxemburgo: “Es una detención ilegal hecha por las fuerzas de seguridad de un Estado miembro de la UE por la actuación contraria al derecho europeo del Estado español. Una vez más se salta el orden europeo para una detención. Hoy Italia tiene un preso político, ilegal, y para denunciar esta situación convocamos por el Consell per la República una gran manifestación el domingo a las 12.00 en Barcelona, donde denunciaremos la detención, exigiremos su liberación inmediata y repetiremos que no nos rendimos”.
En este sentido, Comín ha lanzado una pregunta que se cuela en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán: “¿Cómo se puede negociar con un estado que ignora de manera sistemática el derecho europeo. Hay elementos legales que nos permiten defender que es ilegal. La euroorden está suspendida y esperemos que la justicia italiana actúe de la manera que le corresponde y corrijan el error inducido por el Estado español”.
El abogado de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, ha explicado: “Esta orden está en un procedimiento suspendido, pero a la policía italiana le salta una orden que está en el sistema. Y la ejecutan. El Tribunal Supremo ha tratado de jugar una carta poco clara. Y el Tribunal de la UE se va a sentir engañado, si no se siente ya engañado, porque levantaron las medidas cautelares en la creencia de que todos estábamos actuando con lealtad”.
“El Supremo va por su camino y el Reino de España va por otro”, ha dicho Boye, quien ha insistido que “un país tiene una sola voz en el derecho internacional. No puede ser que la abogacía diga blanco y el Supremo diga negro. Parece claro que el Gobierno no maneja todos los datos de lo sucedido. Alguien ha sobremotivado a los policías de Cerdeña. Es una suerte de engaño hacia el TGUE dando a entender cosas que no son”.
Bruselas evita comentar; Italia mira a Luxemburgo
La Comisión Europea ha evitado este viernes pronunciarse sobre la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. “Hemos visto la información en los medios. Sólo puedo decir que se trata de una cuestión para las autoridades judiciales y nosotros respetamos su independencia”, ha contestado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.
Mientras, el Gobierno italiano mira a la Justicia europea. Vincenzo Amendola, ministro italiano para Asuntos Europeos, entrevistado por la emisora ​SkyTG24, ha dicho: “Es un tema que viene de atrás, con la revocación de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo, con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 30 de julio que suspendió la revocación y otros actos consiguientes. Estamos a la espera de lo que decida la autoridad judicial local”.
Para Amendola, “es un tema apolítico, no bilateral” con España.