La Fiscalía pide 8 años de cárcel a 13 estudiantes por quemar un contenedor y romper el cristal de un banco

No realizaron ningún “acto concreto” de disturbio, pero sí “protegieron”, “ocultaron” o “ayudaron” a los que los cometieron. Así se ha expresado el fiscal en el juicio contra 13 estudiantes, contra los que ha mantenido una petición de pena de ocho años y medio de cárcel por desórdenes públicos y daños. A todos por igual, pese a admitir una participación diferente en los hechos.

En la sección 7a de la Audiencia de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio contra 13 estudiantes universitarios, la mayoría afiliados al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), acusados de quemar un contenedor, destrozar los cristales de una sucursal bancaria y lanzar pintura a una tienda. El juicio ha estado marcado por la la declaración de varios agentes de los Mossos de este jueves, cuando admitieron que identificaron a varios de los procesados a partir de un banco de imágenes de protesta previas sin judicializar.

Este viernes los acusados se han acogido a su derecho a no declarar y el juicio se ha cerrado con los informes de acusaciones y defensas. El primero en intervenir ha sido el fiscal, quien no ha escondido que las penas que pide son “altas” en un caso de desórdenes públicos sin agentes de policía heridos, y ha desmentido las tesis de las defensas, que mantienen que se persigue a los acusados por su ideología.

Los magistrados tendrán ahora que decidir si avalan la autoría colectiva de los desórdenes públicos argumentada por el fiscal y si respaldan el archivo policial empleado por los Mossos para identificar a los acusados, severamente cuestionado por las defensas. Sobre hechos concretos, el fiscal ha indicado que tres de los acusados golpearon con un martillo los cristales del escaparate de una sucursal bancaria de la Via Laietana y otros dos encendieron una bengala y la lanzaron al contenedor para quemarlo. Otra de las acusadas lo está por ejercer “labores de liderazgo” en los dos altercados.

¿Y el resto? El fiscal ha hecho hincapié en que actuaron “en grupo”, valiéndose de ir con la cara tapada, para provocar los disturbios. Por ello pide una condena a todos los acusados bien en concepto de autores bien como cooperadores necesarios del delito, es decir, como colaboradores decisivos. Ha argumentado el fiscal que si bien no hay “actos concretos” respecto a estos acusados, “sí estuvieron protegiendo, ocultando e incluso ayudando” a los alborotadores. “El grupo se mantiene íntegro y encapuchado”, ha insistido. “¿Si tú no pretendes hacer daño por qué hay que encapucharse?”, se ha preguntado para justificar que no diferencie entre los que quemaron materialmente el contenedor y los que les “dieron apoyo”.

“La quema del contenedor altera la paz pública, limita los derechos de los ciudadanos a pasear, nadie quiere salir a pasear el perrito ni bajar a la calle cuando una marabunta incendia un contenedor y causa daños a una oficina bancaria”, ha aseverado el fiscal. “No se persigue la realización de una manifestación de un sindicato de estudiantes, sino la realización de actos violentos”, ha concluido.

En sus informes, las defensas han censurado tanto la autoría de los hechos realizada por el fiscal como la investigación de los Mossos d'Esquadra. El letrado Eduardo Cáliz ha manifestado que el banco de imágenes de protestas previas sin judicializar con el que la policía identificó a los acusados en este caso “es ilegal porque vulnera la protección de datos y el derecho al honor a la propia imagen”.

“No sabemos quién ni cómo decidió poner nombres y apellidos a las personas que salen en las imágenes grabadas, seguimos sin saber el camino que lleva a la identificación de los acusados”, ha alegado el letrado Xavier Monge, que ha insistido en que de los vídeos de los hechos “no se puede considerar” que sean los acusados. La abogada Júlia Humet ha afeado al fiscal que impute a todos los acusados los hechos “sin individualizar las conductas”, además de lamentar la “falta de garantías” del archivo policial de los Mossos.

“Los hechos son la quema de un contenedor y la rotura de un cristal en una manifestación de 1.500 personas. No hubo ninguna carga policial, la manifestación siguió y no se identificó a nadie en la misma, no se alteró la paz pública en ningún momento”, ha cerrado el abogado Adrià Roger.