La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza archivar la causa contra la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia interna de desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad para gastos particulares de dirigentes socialistas.
La alcaldesa fue imputada en la causa del Consell Esportiu no por participar del desvío de subvenciones atribuido a varios cargos socialistas de L'Hospitalet y que han llevado a la dimisión de su delfín, Cristian Alcázar. La juez investiga a Marín por supuestamente omitir las irregularidades en el Consell que le comunicó el concejal socialista Jaume Graells en 2020, extremo que la alcaldesa negó con contundencia al pedir el archivo del caso.
A juicio del fiscal anticorrupción Luís García Cantón, Marín “actuó sin ningún ánimo de ocultación” de las irregularidades en el Consell y “sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación”.
En su escrito, el fiscal expone que para que se dé la omisión del deber de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de irregularidades no haga movimiento alguno para investigarlas. Esto no ocurrió, argumenta el fiscal, en el caso de Marín, quien tuvo conocimiento del caso por boca del concejal Graells y encargó una auditoría en el Consell, además de instar al edil a denunciar los hechos ante la Policía.
“La actitud, comportamiento y decisiones” de Marín, argumenta el fiscal, “no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total”. El fiscal relata que tras escuchar a Graells y mantener una conversación “con los posibles responsables de las irregularidades”, Marín ordenó una auditoría de las cuentas del Consell, “cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas”.
El relato de la actuación de Marín que realiza el fiscal se asemeja al expresado por la alcaldesa en una asamblea del PSC de L'Hospitalet desvelado por elDiario.es. A principios de febrero de 2020, Graells solicitó a Marín una reunión, celebrada al día siguiente, en la que el concejal mostró a la alcaldesa “documentación en la que se constatarían las irregularidades cometidas” por otros cargos socialistas en el Consell.
Pocos días después, continúa el fiscal, Marín pidió explicaciones a dos de los exconcejales socialistas imputados por el desvío de fondos, Cristian Alcázar y Cris Plaza, quienes negaron ante la alcaldesa cualquier irregularidad en su gestión. “A la vista de la contradicción de las versiones ofrecidas”, resuelve el fiscal, la alcaldesa decidió ordenar una auditoría “con el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada”.
Agrega además el fiscal que el encargo de la auditoría “pareció tranquilizar” a Graells, que a finales de febrero escribió a Marín: “Ya se ha encargado la empresa para auditar. Por fin. Ahora hay que hacer el encargo y seguimiento. Yo participo en el tema”.
No fue hasta junio que Graells envió a Marín los documentos del Consell que le había enseñado en febrero. Pero lo hizo un mes después de denunciar los hechos a la Policía, por lo que Marín respondió que reenviaría los papeles al juzgado “que es donde tiene que estar esta documentación y no circulando por correos electrónicos”. El fiscal destaca que reenviando los papeles al juzgado Marín “adoptó la única decisión que le era exigible” al estar ya judicializada la causa.
Crítica del fiscal a la UDEF
“No hay un solo dato que permita deducir”, concluye el fiscal, que por parte de Marín “se actuó en flagrante o evidente contradicción con el Derecho, ni en la omisión de trámites en los distintos expedientes de subvención (sobre los que, por otra parte, no tenía ninguna competencia) ni en la adopción de resolución alguna, puesto que ninguna aparece en los expedientes tramitados”.
Es más, el fiscal reprocha a la Policía que apuntara “sin llegar a hacerlo con total claridad” a mayores grados de responsabilidad penal de Marín por prevaricación y malversación con el único argumento de que su condición de alcaldesa la hacía “máxima responsable” de todas las decisiones del Ayuntamiento.
Este razonamiento policial, advierte el fiscal García Cantón, es “excesivo” y entraña el peligro “de convertir a cualquier primer edil en blanco, por presunción extensiva, de las denuncias contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario”.
La petición sobre Marín se produce en la pieza principal del caso Consell Esportiu, que todavía tardará unos meses en cerrarse y saberse si va a juicio o se archiva por completo. Sí se sentarán en el banquillo, en una pieza separada del caso, Alcázar y otro exconcejal socialista que dimitió, Cris Plaza, por . La Fiscalía pide para ambos cuatro años y medio de cárcel.
Recta final de la investigación
A la espera de la decisión de la jueza sobre el archivo de la causa para Marín, el caso Consell Esportiu encara la recta final de la investigación. Aunque todavía habrá que esperar varios meses para su resolución definitiva, a la instrucción del caso le queda por practicar, a grandes rasgos, una sola prueba clave. Se trata del informe pericial de la Intervención General del Estado sobre las subvenciones percibidas por el Consell Esportiu entre los años 2016 y 2019.
En un escrito, el fiscal ha pedido excluir del informe pericial las subvenciones percibidas por la entidad por parte de la Diputación de Barcelona y la Generalitat, y ha solicitado que el análisis se centre en las ayudas recibidas únicamente desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet. Argumental el fiscal que no hay “indicio alguno” de irregularidades en las subvenciones otorgadas por la Generalitat y la Diputación.
Con su petición, el fiscal acota una investigación que los sucesivos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona habían ampliado hasta la totalidad de los ingresos y gastos del Consell. En una velada referencia a las intenciones policiales, el fiscal García Cantón recalca que ir más allá del análisis de las subvenciones del Ayuntamiento al Consell conduciría a “indeseables investigaciones prospectivas que carecen de cabida” en el derecho procesal penal.
Remarca además el fiscal que la investigación del caso se centra “no tanto en la legalidad de la vía elegida para conceder la subvención anual”, sino en la posibilidad de que esas ayudas “pasaran a engrosar el patrimonio privado de alguna de las personas investigadas, aprovechando su posición de privilegio” dentro del Consell Esportiu. Es decir, en un desvío de fondos del Consell para gastos particulares de los cargos socialistas investigados.
En consecuencia, para el fiscal, la prueba pericial debe aclarar si está documentada la justificación de las subvenciones, si se ha acreditado que se cumpliera el objetivo de las mismas y si se han aportado facturas u otras pruebas válidas acerca del destino de las ayudas. También pide el fiscal que en la pericial se determinen las cantidades percibidas por el Consell Esportiu de l'Hospitalet que “se hayan podido destinar a fines distintos a los previstos” y se averigüe si el Ayuntamiento, como órgano que concedió las ayudas, comprobó la “adecuada justificación” de las mismas y la realización de la actividad subvencionada.