La Fiscalía pide sentar en el banquillo al jefe de la oficina de Puigdemont por un viaje al referéndum de Nueva Caledonia

La Fiscalía insiste en llevar a juicio al jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. El Ministerio Público ha presentado un escrito al juzgado que investiga a Alay en el que reclama que se procese al asesor del expresident por presuntos delitos de malversación y prevaricación por haber usado el dinero de la oficina para pagar un viaje al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia al que fue invitado y por abonar 15 euros en peajes en una visita a los presos del procés en la cárcel de Lledoners.

No han convencido a la fiscal Teresa Duerto los argumentos expuestos por Alay en su declaración como investigado del pasado mes de febrero. Alay se escudó en los gastos de la oficina del expresident socialista José Montilla del año 2018, que incluyeron 2.691,04 euros en concepto de “ornamento de oficina” y 2.079 euros en aparcamiento, para desmentir las tesis sobre presunta malversación. La fiscal mantiene que Alay “abusó de su condición” de responsable de la oficina del expresident al pasar las facturas de su viaje a Nueva Caledonia, que ascendieron a 4.732,56 euros. El gasto en peajes para ir a Lledoners se limitó a 15,22 euros, que el propio Alay ya devolvió tras una reclamación de la Generalitat.

En su escrito dirigido al juzgado, la fiscal argumenta que la invitación de los responsables del referéndum de Nueva Caledonia a Alay fue “a título personal y no como responsable de la oficina” de Puigdemont y que en la memoria oficial de 2018 presentada ante el Parlament de Catalunya el viaje al referéndum de autodeterminación de la región de ultramar francesa está incluido “en el monto total de gastos”, pero no “en el listado de actividades realizadas”. Los testigos que también declararon en febrero no encontraron tacha alguna al gasto en el viaje.

Además de la causa sobre estos dos gastos, Alay, defendido por el letrado Gonzalo Boye, está investigado en el caso Voloh por el presunto desvío de fondos públicos para gastos de Puigdemont y era una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, procedimiento por el que lo investigó la Audiencia Nacional y del que acabó exculpado.

Quien sí se ha salvado del juicio por el caso del viaje a Nueva Caledonia es la secretaria general de la conselleria de Presidencia, Meritxell Masó, a quien representa la letrada Judit Gené. La jueza ha archivado la causa contra Masó “al no quedar debidamente acreditada su participación” en los hechos por los que la Fiscalía se querelló contra ella y por los que ha estado investigada más de un año. La Fiscalía ya había pedido que se sobreseyera la causa contra ella.