90 euros. Esta es la indemnización que pagará la Generalitat a cada uno de los afectados por el caos vivido en el proceso de oposiciones que se celebró el pasado 29 de abril. En total, será un desembolso de 1,2 millones de euros en concepto de “daños morales”, según ha informado el Departamento de Presidencia.
En un comunicado, Presidencia explicado que inicia de oficio un expediente para declarar la “responsabilidad patrimonial” de la administración de la Generalitat y poder indemnizar a los 13.534 aspirantes a las pruebas de oposición de estabilización, que ahora se tendrán de repetir los días 1 y 8 de julio. Los pagos se empezarán a realizar después del verano, una vez se resuelva el expediente.
El inicio del expediente de responsabilidad patrimonial se comunicará a las personas afectadas y se publicará mañana en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Se abrirá entonces un período de 10 días hábiles para presentar alegaciones. Una vez analizadas las alegaciones, será necesario el informe de la Comisión Jurídica Asesora para resolver definitivamente el expediente.
La Generalitat dejó sin efecto las pruebas del concurso oposición de estabilización tras las quejas por el desbarajuste en la gestión de los exámenes y acordó volver a realizarlas tras constatar esas “irregularidades graves durante la realización de los ejercicios”. Además, atribuyó hechos a la falta de cumplimiento de la empresa subcontratada para supervisarlas, Cegos.
A las quejas de los aspirantes se le sumó en los días sucesivos las de los sindicatos. Y desde Presidencia se vieron empujados a cesar la directora general de Función Pública y responsable del proceso, Marta Martorell.