¿Cómo afectan el género del juez, su experiencia profesional y su carga de trabajo en las víctimas de violencia de género? Un estudio pionero de los investigadores de la Universitat de Barcelona Joan-Josep Vallbé y Carmen Ramírez-Folch ha intentado dar respuesta a esta pregunta a partir de más de 40.000 resoluciones sobre peticiones de órdenes de protección de víctimas de violencia machista.
Contra algunos estereotipos machistas que todavía persisten, un juez no rechaza más peticiones de protección por el mero hecho de ser hombre. Ni tampoco una magistrada aprueba más medidas de amparo a las víctimas por el mero hecho de ser mujer. La principal conclusión del estudio es que es el exceso de carga de trabajo lo que explica las distintas respuestas de jueces o juezas a una solicitud de protección.
“El género del juez o jueza, por sí solo, no explica las diferencias en las resoluciones, por lo que había que buscar otras variables”, expresa Vallbé. “Lo más interesante del estudio fue descubrir qué pasaba cuando el género del juez interactuaba con otros factores. Fue cuando descubrimos que hombres jueces y mujeres juezas reaccionaban de forma distinta a un exceso de carga de trabajo o a la experiencia”, expone el investigador.
Los datos así lo señalan: la probabilidad media de que los jueces con un número de asuntos bajo apruebe una orden de protección es del 82%, un porcentaje que disminuye a medida que crece el número de causas del juzgado, hasta llegar a una media del 69% en juzgados con un volumen elevado de asuntos.
Por contra, los datos del estudio señalan que, a medida que los jueces adquieren más experiencia, tienden a aprobar más órdenes de protección. “La experiencia del juez hace que se reduzca la incertidumbre inherente a toda resolución judicial, los datos muestran que se toman más decisiones favorables a las víctimas a medida que crece la experiencia de los magistrados”, asevera Vallbé.
¿Y qué ocurre cuando se relacionan las tres variables –género, carga de trabajo y experiencia–? Los resultados del estudio, que ha sido seleccionado para la convocatoria de investigación social de la Fundación La Caixa, muestran que cuando los jueces hombres tienen mayor carga de trabajo, los efectos positivos sobre la protección a las víctimas que otorga la experiencia se difuminan y se conceden menos órdenes de protección.
Más estudios y análisis
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la que el año que viene se cumplen 20 años, fue un hito legislativo que situó a España a la cabeza de los países de nuestro entorno en la lucha contra la violencia machista. Entre otras medidas, la norma creó los juzgados especializados de violencia sobre la mujer.
Los investigadores analizaron un total de 44.335 resoluciones sobre peticiones de órdenes de protección a denunciantes de violencia de género tomadas por 1.063 juzgados de toda España entre 2011 y 2018 para garantizar que la muestra era suficientemente amplia y tenía en cuenta tanto los partidos judiciales con juzgados especializados como los que no.
“Las decisiones judiciales desiguales sobre casos de violencia de género tienen consecuencias no solo en la vida de la víctima que reclama protección, sino también en la percepción que la sociedad tiene del sistema judicial”, advierte el investigador.
A juicio de Vallbé, hacen falta más estudios para analizar el impacto de las medidas contra la violencia de género implantadas hace dos décadas. El investigador comparte una tradicional denuncia de las asociaciones judiciales: la falta de medios y plantilla de la carrera judicial en España en general, y en particular de los juzgados especializados en violencia de género.
“Con más medios y más plantilla, teniendo en cuenta que en España hay unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando la media europea se sitúa alrededor de 18, seguramente los resultados serían distintos porque los jueces dispondrían de más tiempo para estudiar los asuntos”, reflexiona Vallbé.
Para el investigador, es “imprescindible” que tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evalúen las políticas públicas de lucha contra la violencia machista para garantizar que los juzgados disponen de los medios, las cargas de trabajo y las plantillas adecuadas.