Se llaman oficialmente residencias de referencia, pero todo el mundo en el sector las conoce como buffer. Su existencia pasó desapercibida al inicio de la segunda ola, cuando se pusieron en marcha, hasta que llegaron las quejas de algunas familias. Se trata de 27 geriátricos, aunque inicialmente debían ser más, que pese a tener sus propios usuarios han mantenido plazas vacías de reserva –de ahí la palabra inglesa– para traslados de ancianos desde otros centros inmersos en brotes descontrolados. Desde que se impulsó el plan, en julio, se han reubicado por esta vía un total de 1.247 ancianos, un 2% de la población residencial catalana, según los datos recabados por ElDiario.es.
El Departamento de Salud de la Generalitat nunca detalló públicamente esta estrategia, aunque sí dejó constancia de que iba a reservar dispositivos de apoyo para geriátricos en apuros en su Plan de contingencia para las residencias para otoño de 2020. Allí se apuntaba que cada región sanitaria debía contar con esos centros, entre los que habría residencias con zonas de aislamiento destinadas a recibir a usuarios de otras “con dificultades estructurales para hacer los aislamientos o con congestión”. Pero, ¿cuáles iban a ser? ¿Con cuántas plazas? ¿Para qué territorios? La escasa información desató las protestas de algunas familias, como las de la residencia Falguera de Sant Feliu de Llobregat, que organizaron movilizaciones al enterarse de que la suya iba a ser una buffer. Al final aquella protesta sirvió para frenarlo.
En total, según los datos obtenidos por este diario, que incluyen los centros de origen y destinación, así como todos los traslados, se han llegado a reservar 924 plazas en 27 geriátricos, repartidos por las distintas regiones sanitarias. La que más ancianos ha acogido, 316 (un 24% del total), es la Residencia Paral·lel, de Barcelona, aunque esta es la excepción del modelo, puesto que era un centro totalmente vacío que ya se usó en la primera ola. El resto sí tenían sus propios usuarios. A esta de la capital catalana la siguen cuatro que han recibido a más de 100 derivados durante este periodo. La Vil·la Clavellina, de Premià de Mar (193); Prytanis Europa, de L’Hospitalet de Llobregat (134); Residència Matacàs, de Sant Adrià del Besòs (133); y Orpea, de Girona (102). Esta última, por ejemplo, es la que sirvió de apoyo a más centros de origen, en total 29 geriátricos de la provincia.
El resto han hecho frente a cifras más reducidas, muchos entre diez y treinta traslados. Entre los geriátricos emisores que más usuarios tuvieron que enviar a una buffer están la Gran Via Parc (45), de Barcelona; Bonavista (33), de Mollet del Vallès; o Floris, de Arenys de Mar, que mandó 13 a un centro de referencia y 31 a otro. Cabe destacar que en la residencia de Tremp que vio fallecer a más de 60 ancianos solo se evacuaron a ocho. En general, la consigna ha sido trasladar a los contagiados, mejor que a los negativos o los que podían positivizar, puesto que ello requería menos cambios de EPI en el centro de llegada. En conjunto, han fallecido 105 ancianos, un 8,4% de los trasladados.
Generalitat y patronal defienden el modelo
A pesar de las quejas iniciales en algunas residencias, el Departamento de Salud de la Generalitat, responsable del plan de contingencia, defiende que la estrategia de las buffer ha funcionado. Una opinión que comparte la principal patronal, ACRA, y que los sindicatos tampoco han querido cuestionar demasiado. “No ha habido ningún brote vinculado a los traslados. No hay constancia. Los trasladados han ido a plantas o a alas independientes y se ha gestionado siempre de forma segregada”, argumenta Rafael Ruiz, director estratégico de Atención Primaria del Departamento de Salud.
Muy distinta opinión tiene de ello la Coordinadora 5+1, de familiare de residentes, que ha reclamado durante todo este tiempo a la Generalitat que aparcara el plan buffer y optara por adaptar hoteles u otros centros completamente vacíos para derivar a esos ancianos. “Es más barato instalar oxígeno en cuatro residencias que habilitar espacios grandes, con servicio médico y de enfermería. Lo quieras o no, estás introduciendo el virus en una residencia limpia y todos sabemos que es muy fácil que se contagie”, expresa la portavoz de la entidad, María José Carcelén, que asegura que es “fácil” que haya errores en los planes de sectorialización de los centros.
Durante estos meses, se han conocido al menos dos casos de brotes en residencias de referencia. Uno fue en septiembre en la Residencia Puigcerdà. “No hubo relación entre los brotes y los traslados. La planta era estanca respecto al resto del edificio y los trabajadores también”, respondía esta semana un portavoz de la Fundación Hospital Puigcerdà. Mucho más polémico ha sido el caso de la residencia Mossèn Homs de Terrassa, donde se propagó el virus entre los residentes seis días después del primer traslado desde otro centro de varios ancianos positivos.
El caso de la residencia Mossèn Homs
Al estar la zona buffer en la planta 2 y detectarse el primer contagio en la 1, desde Salud se descartó que estuviese relacionado y se atribuyó a las razones “multifactoriales” de propagación del virus. “El virus entró en el centro por una profesional asignada a la primera planta que dio positivo en un cribado”, escribió en un mail la coordinadora de la Región Social Metropolitana Norte. La destinataria de ese correo era Yolanda, cuyo padre de 91 años y usuario de la residencia había fallecido el 17 de noviembre. “Por fechas, me parece bastante evidente lo que ocurrió. Y la sectorización no fue correcta”, se lamenta hoy esta mujer.
Sea como sea, su caso es también un ejemplo de los recelos que despertó el plan en cuanto a la poca información. Yolanda se enteró de que iban a asumir ancianos trasladados en una reunión con el director el 23 de octubre, el mismo día que en que ingresaron los primeros. En el momento en que uno de los residentes empezó a mostrar síntomas incluso el director se arrepintió en un comunicado a las familias. “Personalmente me he puesto en contacto con la delegada de Salud para transmitir nuestro malestar e intentar que las tres personas positivas [los trasladados] vuelvan a su residencia de origen. Desgraciadamente, no será posible”, escribía a las familias el día 27 de octubre de 2020.
“Probablemente no hicimos énfasis en esta parte del plan de contingencia, y eso es cierto que se podría haber hecho mejor, pero lo vimos siempre como una parte de la estrategia global”, explica Ruiz. Y añade que si las familias de estos geriátricos se enteraron con poco tiempo de margen es porque no querían comunicarlo antes sin saber si finalmente habría o no traslados en cada centro concreto. En sentido parecido se expresa Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA: “Siempre que se ha explicado bien el plan, no ha habido oposición de las familias”, asegura, y hace referencia a la mayoría de estos 27 geriátricos, donde no ha habido protestas.
Se descartaron hoteles y similares
“Ojalá hubiésemos tenido estas plazas buffer en la primera ola”, expresa Pascual. ¿Por qué no se optó por hoteles u otros centros con menos riesgo? Se valoró, asegura, pero lo acabaron descartando. “Se buscaron hoteles, pero no estaban adaptados, ni las habitaciones ni los baños, tampoco los pasillos, los suelos eran de moqueta…”, enumera. Rafael Ruiz, de Salud, defiende que las buffer eran la mejor opción posible por varias razones: son espacios que ya están adaptados para atender a ancianos, con personal y accesibilidad, y están ya integrados en el circuito de los servicios sociales y de salud de cada territorio. “Presenta muchas ventajas a nivel de coordinación de todos los engranajes”, resume este responsable.
María José Carcelén, de Coordinadora 5+1, rebate que si no se adaptaron recintos vacíos es porque no se quiso hacer la inversión necesaria. “Si conoces el funcionamiento de una residencia, con la escasez de personal que hay para atender a tantas personas, es imposible defender que esto funcione”, añade.
Entre todos los actores del sector de la tercera edad, los hay que también observaron con recelo este plan, aunque acabaron por considerarlo aceptable. Entre ellos, sindicatos como CCOO o UGT. “Ha sido una solución de una duración determinada para solucionar un problema puntual”, apunta Javier Moreno, portavoz sectorial de este último. Aun así, lo ve también como un síntoma de las precarias condiciones de muchos geriátricos pequeños que nunca se han llegado a rehabilitar, pese a los estragos de la primera ola. “Hay un problema estructural en la mayoría de residencias y se tienen que ampliar los centros y hacer muchos nuevos”, advierte. La patronal de las pequeñas residencias, UPIMIR, por su parte, no entra a valorar el detalle del plan, aunque sí lamenta que a ellos nadie les consultó ni se consideró que sus centros pudiesen ser buffer.
Llegados ya a mediados de marzo, y con casi todos los residentes vacunados, el plan parece ya algo del pasado, como las distintas olas que han dejado más de 8.000 ancianos fallecidos. En estos momentos los brotes son prácticamente inexistentes en los geriátricos y Salud adelanta que tiene la intención de desmantelar por ahora el plan y dejar solo unas cinco o seis buffer, quizás una por región sanitaria. Mientras tanto, aseguran que están elaborando un informe sobre el plan de contingencia.