Primeros pasos del Pacto Nacional por la Lengua catalana, el foro del que el Govern espera que salgan las políticas lingüísticas de los próximos años para promover el uso social del catalán. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidido este martes la primera reunión de este espacio, que cuenta con la presencia de todos los partidos excepto PP, Ciudadanos y Vox, y que tiene como primer horizonte un proceso participativo que va a durar hasta finales de junio.
En la primera reunión del Pacto, en la que han participado también el vicepresidente Jordi Puigneró y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga –que lidera esta iniciativa–, Aragonès ha proclamado que el catalán se enfrenta a “retos y amenazas enormes” y que el debate público que comienza este martes debe servir para superarlos. Ha recordado el líder del Ejecutivo que para ello este foro cuenta con el apoyo del 85% de las fuerzas parlamentarias. Además de las del Govern, PSC, CUP y Comuns.
La primera aportación del Ejecutivo catalán a los trabajos del Pacto Nacional por la Lengua es un informe que han encargado a siete académicos de distintas universidades y que sirve para radiografiar el estado del catalán en distintos ámbitos, desde la escuela y la universidad hasta el sector audiovisual, pasando por el mundo de la empresa, la sanidad o internet. El estudio, coordinado por Isidor Martí y Miquel Àngel Pradilla, del Institut d’Estudis Catalans, no aporta nuevos datos, pero sí hace una revisión de toda la literatura publicada en los distintos campos.
En este sentido, de forma muy sintética, su principal conclusión es que el catalán no está en peligro de extinción “inminente”, puesto que tiene una masa sólida de hablantes, pero sí presenta algunas tendencias que consideran preocupantes. Muchas de ellas tienen que ver con las “transformaciones rápidas y profundas” asociadas a la globalización, y que afectan a ámbitos como la demografía, la economía o la producción cultural. “Han sacudido dramáticamente el proceso de recuperación de la lengua catalana iniciado en los años 80, un proceso que ya era especialmente precario y difícil a causa de los largos períodos de proscripción, marginación y subordinación de la lengua catalana”, señalan en el informe.
Entre otras razones del retroceso del catalán, el documento señala los factores puramente demográficos, con una población catalana envejecida, baja natalidad y una ola migratoria a inicios del siglo XXI que no ha escogido este idioma como lengua de uso habitual, sino el castellano. Del 2003 al 2018, señalan los académicos, la media de uso del catalán de la población se ha reducido del 48,5% al 41%.
En materia educativa, la más polémica debido a la judicialización del sistema de inmersión, el informe constata que este modelo ha logrado que los alumnos salgan de la ESO con el dominio de catalán y castellano e insta a políticos y actores sociales a abordar este debate no en términos de porcentajes de uso de cada lengua, sino de “capacitación lingüística”. En estos momentos, la Generalitat está agotando el plazo para dar respuesta a la Justicia sobre cómo aplicará la sentencia vigente del 25% de castellano.
Con todo, algunos de los flancos que más atención despiertan en el Govern y en sus responsables de política lingüística son también el ámbito laboral o el sanitario, donde creen que su uso está en retroceso. En cuanto a las empresas privadas, especialmente en las que tienen atención al público, el informe constata la existencia de un “círculo vicioso” por el que la ciudadanía no puede ser atendida en catalán porque el personal no tiene la competencia adecuada –no se le exige en la selección–. Y esto se debe, añaden, a que no consta una demanda de ser atendidos en catalán. A la espera de lo que alumbre el proceso participativo, el Govern quiere romper esa dinámica.
Algo parecido ocurre en el sector sanitario, donde recientemente ha aumentado mucho el número de profesionales que proceden de otras comunidades autónomas o del extranjero, sin dominar el catalán. El 66% de los nuevos colegiados en el Col·legi de Metges de Barcelona eran el 2020 de fuera de Catalunya y los porcentajes en cuanto a estudiantes del MIR también son elevados. Ante esto, los autores del informe consideran “imprescindible” que se deba acreditar la competencia del catalán, aunque el Govern todavía no quiere hacerse suyas estas propuestas.
A partir del 1 de abril se abrirán los canales para comenzar el proceso participativo, que contará con distintas sesiones de deliberación por todo el territorio. Algunos debates los conducirá el Govern y otros podrán ser autogestionados. Las propuestas se podrán plantear hasta el 30 de junio, cuando se cerrará esta parte del calendario. Se prevé que en otoño se puedan presentar resultados.