Sandro Rosell asegura ser víctima de una “persecución” en su juicio por fraude fiscal

Primero de los dos juicios que aguarda el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell este curso. El empresario se ha sentado en el banquillo de los acusados, desde donde ha escuchado cómo la Fiscalía y la Abogacía del Estado mantenían los dos años y nueve meses de cárcel que le piden por no pagar 230.000 euros en IRPF en 2012. Rosell se ha acogido a su derecho a no declarar, pero su defensa ha asegurado que es víctima de una “persecución” por haber sido mandatario azulgrana.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia este lunes por la tarde, era la vuelta de Rosell a una sala de vistas después de pasar 643 días encarcelado de forma preventiva y resultar finalmente absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales.

El empresario, que ultima su decisión sobre si presentarse a la alcaldía de Barcelona, se ha acogido este lunes a su derecho a no contestar a las preguntas de las partes, incluidas las de su defensa, “por consejo” de sus abogados.

Rosell tan solo se ha remitido a la declaración que prestó hace cuatro años en la instrucción del caso, cuando negó que tuviera voluntad de defraudar a Hacienda. Distinto criterio han mostrado los técnicos de la Agencia Tributaria que han comparecido en la vista, quienes han secundado las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambas acusaciones piden 2 años y nueve meses de cárcel para Rosell.

Según Hacienda, Rosell defraudó 230.591 euros a Hacienda en 2012, utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar sus servicios profesionales. Rosell, que niega que su conducta tenga relevancia penal, ya ha devuelto la cantidad defraudada más los intereses, por lo que el fiscal le aplica la circunstancia atenuante de reparación del daño. 

El mecanismo del fraude descrito por los técnicos de Hacienda consistió en que Rosell se dedujo indebidamente gastos a través de una sociedad que administraba, llamada TOC, y no declaró las rentas inmobiliarias correspondientes a un inmueble de su propiedad en un pueblo de Girona.

El objetivo, mantiene el fiscal, era obtener unas rentas que luego el expresidente del Barça ocultó en su declaración de IRPF del año 2012 cuando en realidad sí estaban vinculadas a su actividad profesional. La sociedad, con sede en el domicilio del propio Rosell, carecía de estructura empresarial y sus únicos empleados eran cinco personas que se encargaban del mantenimiento y la limpieza de las oficinas y de la segunda residencia del expresidente del Barça.

Según los técnicos de Hacienda, Rosell simuló como si fuera el arrendamiento de la finca de Girona servicios de asesoramiento empresarial a varias sociedades. Hacienda lo descubrió tras requerir a las citadas empresas, cuyos administradores también han testificado este lunes.

“TOC no tenía una actividad real y la deducción de gastos no era posible, se hacía una simulación para justificar el arrendamiento falseando el concepto de facturación”, ha aseverado uno de los técnicos de Hacienda, que ha mantenido que en la sociedad “todo lo hacía” Rosell, a quien ha acusado de tener “ánimo defraudatorio para no tributar el impuesto sobre la renta”.

Uno de los empresarios que facturaron a TOC ha explicado que Rosell le dio aviso de una posible operación inmobiliaria, pero que de este asesoramiento no se llegó a formalizar un contrato por escrito con el expresidente del Barça. Para sorpresa del fiscal Pedro Castro, el empresario ha defendido la falta de papeles: “No hubo contrato ni en estas ni en otras operaciones”.

Además de defender que no hubo fraude alguno, las preguntas de la defensa de Rosell, ejercida por los penalistas Pau Molins y Diego Artacho, han ido dirigidas a argumentar que los gastos deducidos indebidamente, según Hacienda, no alcanzan el límite de 120.000 euros que marca la ley para considerar un posible delito fiscal.

“Sandro rosell se siente objeto de una persecución y motivos no le faltan: hasta que fue presidente del Barça no tuvo ningún problema con la Justicia o Hacienda, pero a partir de 2010 comenzaron sus problemas”, ha mantenido Molins, que ha situado como origen de las causas la charla entre la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y el comisario José Manuel Villarejo en la que, según el letrado, Rosell se convirtió en objetivo “de las cloacas del Estado”.

De carácter más técnico, Artacho ha recordado que en 2012 Rosell ya pagó 250.000 euros de IRPF y que los 230.000 euros reclamados corresponden a que el empresario “creyó que no era un problema tributarlos cómo los tributó”. En cualquier caso, ha añadido, la causa no tiene trascendencia penal y debería encauzarse en la vía contencioso-administrativo.