El líder de la oposición en el Parlament y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha explicado que su grupo quiere abordar la ejecución de los Presupuestos de la Generalitat para 2023 con el Govern, al que han pedido poner calendario para el complejo del Hard Rock en Tarragona en el marco de las negociaciones sobre las cuentas. En una entrevista de TV3 y Catalunya Ràdio, Illa ha avisado de que el PSC también quiere negociar sobre el marco presupuestario, los ingresos, el gasto y la ley de acompañamiento.
“No serán unos presupuestos de adhesión, sino de negociación”, ha dicho Illa, que ha recordado que el PSC tiene los mismos escaños que ERC en el Parlament, 33. Tras la reunión del PSC con el Govern este jueves, ha llamado a fijar un método de trabajo sobre las cuentas –formarán también seis grupos sectoriales para estudiarlas– y ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo para garantizar unos Presupuestos, aunque ha avisado: “No puedo tener excesiva confianza en ERC”. En ese sentido, ha asegurado que ERC incumplió sus compromisos de investidura y los presupuestarios con los comuns; y además –ha dicho– el “único” acuerdo con el que llegó con los socialistas para abrir un diálogo en Catalunya tampoco se está cumpliendo.
El líder socialista ha fijado entre sus condiciones la tramitación de proyectos económicos como el Hard Rock, “incomprensiblemente” parado, y cuyo futuro ha pedido clarificar, después de que Salou (Tarragona) haya anunciado que los inversores han paralizado los trabajos a la espera de si el Govern avala su proyecto urbanístico.
Illa ha defendido que la negociación debe desarrollarse en un marco de confianza, después de que los socialistas reclamaran durante tres semanas documentación que les ha llegado los últimos días, y ha avisado de que no presentarán una lista de propuestas –como han hecho Junts y los comuns– porque trabajan en un “proyecto de país”. “Buscamos un presupuesto de reencuentro generacional, social, territorial y político”, ha afirmado Illa, que se ha mostrado confiado en que llegarán a un pacto por las cuentas pero ha advertido de que las prisas no les harán cerrar un mal acuerdo.
En cuanto al calendario, ha advertido de que las negociaciones están “al principio del principio” porque el PSC quiere dialogar y hablar sobre las cuentas en profundidad, por lo que ha pedido a ERC orden, centrarse y respetar los procedimientos negociadores.
Según ha explicado, en una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Illa le trasladó su “voluntad inequívoca” de llegar a un acuerdo, que espera que sea lo más pronto posible pero que no llegará –avisa– en 48 horas, puesto que afrontan la negociación con sentido común y responsabilidad, en sus palabras. Esta reunión se produjo la semana pasada, tras una sesión de control en el Parlament en la que Illa pidió a Aragonès rigor en la negociación de las cuentas: “Con nosotros así, de esta manera, no”, le espetó.
Fiscalidad, catalán y sedición
Preguntado por su posicionamiento en materia de impuestos, después de que los comuns hayan pedido cambios al alza y Junts apueste por rebajas fiscales, Illa ha dicho que “lo más prudente seguramente es no tocar la fiscalidad” y abordar el debate tributario en su conjunto en el futuro. Ha subrayado que el PSC no se opondría a un acuerdo de presupuestos con una “amplia base”, con los votos de los comuns y de Junts, pero ha avisado de que los socialistas tendrán una forma de trabajar metódica y ordenada y fijarán condiciones.
Sobre las 100 medidas anunciadas por el Govern para promover el catalán, Illa ha acusado al Ejecutivo catalán de fijarlas de forma unilateral, sin pactarlas con los grupos que acordaron la nueva ley del catalán en las aulas –PSC, Junts, comuns y ERC–. Además, ha defendido al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, tras la polémica por el asalto a la valla que dejó al menos 23 migrantes muertos, y también ha mostrado su apoyo al candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, para que lidere una “nueva etapa” en la ciudad.
En cuanto a la reforma de la sedición, ha dicho que se siente “cómodo” con la propuesta de PSOE y Unidas Podemos --que no incluye ningún cambio en la malversación-- y ha defendido que no supone despenalizar las conductas de 2017.