El conflicto de las televisiones autonómicas con el Ministerio de Hacienda sobre el cobro del IVA ya tiene consecuencias visibles, al menos en la programación en Catalunya. El anuncio del director de TV3, Vicent Sanchis, de fulminar su magazín de la tarde, Tarda Oberta, es la primera medida que ha tomado la cadena para hacer frente al pago de 20,4 millones adicionales este 2018 con los que no contaban, y que se derivan de la modificación de la ley de Contratos del Sector Público. Esta decisión ha alarmado a las productoras externas, que temen que la televisión tratará de cuadrar los números este año a costa de reducir su contratación.
El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente propietario de TV3 y Catalunya Ràdio, se reúne el próximo miércoles para presentar un plan de contención para hacer frente a esta nueva partida. Pero su margen de actuación es muy reducido. Fuentes de la cadena aseguran que no se plantean recortar en el gasto de personal –así se lo ha trasladado Sanchis al Comité de Empresa–, y tampoco pueden confiar con que el Govern amplíe su transferencia a la CCMA, puesto que el Ejecutivo ha sido cesado y las cuentas de la Generalitat de 2018, prorrogadas por el Ministerio de Hacienda.
Las productoras piden tiempo
La incapacidad de ampliar presupuesto, algo con lo que otras cadenas autonómicas pueden maniobrar, aboca a TV3 a los reajustes, al menos a la espera de la formación de un nuevo Govern. Desde la federación de productoras PROA han pedido tiempo, y consideran que “con un mínimo de voluntad política se puede solucionar, aun con los presupuestos prorrogados”, según le trasladó su presidente, Raimon Masllorens, a Sanchis en una tertulia en Tarda Oberta.
Allí es donde Sanchis dejó entrever otras de las medidas que se podrían poner negro sobre blanco en el Consejo de la CCMA. Además de reformular otros programas externos, como Està passant (de Minoria Absoluta), se han planteado posibles patrocinios para los programas o frenar alguna inversión relacionada con las instalaciones de la cadena. Todo esto para llegar hasta junio y concluir la temporada. “A partir de entonces, todos los programas externos peligrarán”, zanjó Sanchis, que considera que TV3 tiene “un Estado a la contra”.
A los 20,4 millones del IVA con los que no contaban, además, tendrán que sumar la caída de la publicidad y el déficit acumulado -que las televisiones deben liquidar en el primer trimestre-, con lo que la cadena estima que el montante ascendería a más de 35 millones. Este es un volumen que podría ser manejable dentro de unos presupuestos de la Generalitat, insisten fuentes de la CCMA, pero para las cuentas de la cadena supone un añadido nada menor de alrededor de un 10%.
“Se ha parado en seco mucho de lo que había que presentar este año, y lo que estaba comprometido también”, lamenta Isona Passona, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, que resume con sus palabras el clima que se vive estos días en el sector audivisual catalán. “Es un desastre absoluto, incluso hay casos de coproducciones pactadas con países terceros que también han caído: es un desastre”, denuncia Passola, que ve en esta crisis la voluntad política del Gobierno central de acabar con el modelo de TV3.
Tras superar la época de recortes
Este escollo llega además cuando la cadena parecía haber superado su época de recortes, habiendo reducido su presupuesto de 450 millones de euros en 2010 a 302 millones en 2017, con un significativo recorte en la plantilla. En este mismo período, el personal se ha rebajado en un 17% (de 2.774 a 2.291 trabajadores).
Pero tampoco la revisión de la producción externa puede ser la única vía para atajar el imprevisto presupuestario. Al cierre de 2017, según datos de la CCMA, lo que se gastan en producciones externas -contando las asociadas y coproducciones de películas- es de 34 millones, con lo que habría que reducirlo a cero si la cadena se propusiera enjuagar solo con ello sus contratiempos presupuestarios.
A la espera de los millones de IVA años anteriores
Los ajustes de TV3 tienen que ver con el IVA correspondiente a 2018, cuyo cálculo se deriva de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Pero una inspección anterior de la Agencia Tributaria a la CCMA terminó con un acta en la que reclamaba al ente público un total de 147 millones de euros correspondientes al período de 2015 a 2017, y en base a una reinterpretación del cobro del IVA que les llevó a considerar que las subvenciones al servicio de radiodifusión (aunque se nutran casi en su totalidad de fondos públicos, como TV3) debían ser grabadas.
Esta reclamación la ha recurrido la CCMA al Tribunal Económico-Administrativo, igual como lo hizo con otra reclamación de la Agencia Tributaria por motivos similares, correspondiente a los períodos 2012-2014, que ascendería a 59,7 millones, según la cadena. Ambos casos se encuentran a día de hoy en litigio.